Con el objetivo de profundizar y ampliar los cuidados sanitarios en el marco de emergencia actual, internos de cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense decidieron implementar el autocontrol de la temperatura corporal. La medida fue un logro de las Mesas de Mediación llevadas a cabo en unidades de La Plata y Florencio Varela, desde donde llevaron la iniciativa al Comité de Crisis del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
A raíz de esta situación, se autorizó la compra de termómetros para ser distribuidos en los pabellones de los penales bonaerenses, lo que será de gran ayuda para los profesionales de la salud que trabajan en los establecimientos carcelarios.
En las jornadas organizadas con el objetivo de solucionar los conflictos e inquietudes que puedan suscitarse a raíz del avance del COVID-19 en la Argentina, los internos plantearon la posibilidad de sumar nuevas medidas tendientes a impedir el contagio dentro de los penales.
Las autoridades respondieron rápidamente a la solicitud y los encarcelados acordaron que los referentes de cada pabellón tomarán la temperatura dos veces por día a sus compañeros y que, en caso de detectar alguna irregularidad, darán pronta intervención a los representantes de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que cumplen tareas en las unidades.
Por otro lado, y ante la urgencia explicitada por los presos para entregar pedidos a los juzgados, se resolvió que, más allá de la restricción de la cuarentena, los procuradores visiten las cárceles semanalmente para atender la demanda y recibir los escritos. “La idea es armar una especie de agenda de trabajo con los internos, quienes nos transmiten propuestas de mejora en aspectos puntuales”, explicó el jefe del SPB, Xavier Areses. Por su parte, la subsecretaria de la cartera de Justicia, Ana Laura Ramos, recalcó: “Es fundamental el diálogo para encontrar soluciones y enfrentar de la mejor manera posible la crisis”.
demás de Areses y Ramos, participaron de las Mesas de Mediación la directora provincial, Lucía Iañez; la directora provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas; el director de Medicina Asistencial, Martín Pedersoli; el director provincial de Protección de DDHH, Pablo Giurleo; el director de Solución Alternativa al Proceso Penal, Juan Ignacio Gianibelli; directivos de las Unidades 1, 9, 31 y 42 y jefes de Complejos Penitenciarios, entre otros funcionarios, y privados de libertad, referentes de los pabellones.
Como se recordará, la iniciativa incluye la contención familiar. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pusieron a disposición dos números telefónicos para que familiares de detenidos puedan consultar respecto de los aspectos vinculados al acceso a derechos y justicia, especialmente lo referente a los subsidios ante la emergencia, autorización de traslado para proveer alimentos o medicamentos a sus familiares durante la cuarentena, o acceso a la salud, entre otras.
Los internos o detenidas tendrán dos teléfonos para comunicarse correspondientes a la Dirección Provincial de Población Carcelaria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, mientras que sus familiares podrán hacerlo mediante dos teléfonos del organismo Acceso a la Justicia.
