El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores del conjunto de las provincias del país escaló este jueves con la decisión de reducir el subsidio nacional al servicio de autotransporte de pasajeros que se presta fuera del AMBA. La excusa: buscar que «dicha asistencia se aplique directamente» a favor del usuario mediante la tarjeta SUBE, y «no sobre la oferta», es decir las empresas dueñas de los colectivos que prestan el servicio. La consecuencia: según advierten funcionarios provinciales y directivos empresariales, el precio del pasaje en las provincias afectadas «deberá por lo menos triplicarse» para poder sustituir el subsidio oficial que deja de recibirse. En la estimación de un funcionario cordobés, un pasaje que hoy cuesta 340 pesos, debería pasar a costar más de 1100.
Tanto gobernadores como intendentes de importantes centros urbanos, sin distinción de partido, salieron al cruce de un recorte de subsidios que no sólo pone en crisis el sistema de transporte de pasajeros en sus distritos, sino que puede dañar seriamente sus finanzas. Hubo encuentros y manifestaciones en común de rechazo a la postura oficial, por arbitraria, injusta y porque tiende a ampliar todavía más la brecha entre las tarifas en el interior y en el AMBA. Sin compensaciones, se estima que el valor del pasaje urbano se irá prácticamente en todo el país por arriba de los 1000 pesos, a precios de hoy.
«El Plan Venganza»
«Es el Plan Venganza contra los gobernadores», definió sin vueltas ante Página/12 Diego Giuliano, ex ministro de Transporte del último gobierno y actual diputado nacional. «Después de toda la presión que ejerció el Ejecutivo sobre los gobernadores para conseguir el apoyo a la ley ómnibus, que terminó en un gran fracaso porque se les volvió en contra, ahora busca castigarlos mediante la eliminación de fondo compensador del transporte público federal. Una decisión ilegal, injusta y recesiva».
El antecedente inmediato a la decisión adoptada por el gobierno, a través de la Secretaría de Transporte que depende de Luis Caputo, ministro de Economía, fue «el descongelamiento de las tarifas en trenes y colectivos del AMBA, heredado de la gestión anterior», como lo señala el comunicado de dicha secretaría. Dos aumentos sucesivos, en enero y febrero, llevaron el boleto mínimo de 53 pesos (valor vigente hasta el 14 de enero) a 270 pesos (que rige desde este martes 6), lo cual representa un aumento acumulado del 409 por ciento en menos de un mes.
Al mismo tiempo, un segundo antecedente a la quita de subsidios para el autotransporte de pasajeros en las provincias fue el conflicto gremial con la UTA que estuvo a punto de llegar a que se cumpliera un paro de 24 horas este jueves que termina. Los choferes del interior reclaman que se equipare la mejora en sus salarios con la conseguida por sus colegas en el AMBA. Las entidades empresarias respondieron que eso sólo sería posible con un aumento de los subsidios o un incremento de las tarigfas del 300 por ciento. El gremio decretó el paro y el miércoles al caer la tarde, con las primeras sombras de la noche, una gestión urgente de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, respaldada por decenas de intendentes de los distritos urbanos más poblados del país, logró que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. El gremio acató y levantó el paro a menos de tres horas de que se pusiera en marcha.
En las primeras horas del nuevo día, en la mañana de este jueves, la Secretaría de Trabajo lanzó el «bombazo»: puso en marcha la liquidación del fondo compensador para las provincias. Al mismo problema que el miércoles, a pedido de gobernadores e intendentes, le había puesto paños fríos para buscar una solución no conlfictiva (conciliación obligatoria con la UTA), ahora lo rociaba con nafta y le arrojaba un fósforo encima, vaciando de recursos al sistema de transporte urbano provincial.
«A partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)», define el comunicado. No explicita de qué modo se aplicará ni en cuántas etapas, pero el anuncio puesto sobre el escenario del conflicto sindical, es lo mismo que dejarle las manos vacías a los gobernadores para negociar y profundizar un conflicto ya existente.
Pactos que ya no son
«Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones», justifica de inmediato la secretaría de Transporte.
Pero aquí surge otra controversia. El gobierno de Milei asienta su decisión en los consensos fiscales de los años 2017 y 2018, por el cual «bajo presión del gobierno de Macri», recuerdan quienes participaron en aquella pulseada, «los gobernadores firmaron que se harían cargo de los subsidios en el futuro». Era tal la desigualdad que generaba ese supuesto consenso, y tan imposible de implementarse, que un nuevo consenso fiscal en el año 2021, derogó dichos compromisos obtenidos bajo presión.
«El Estado nacional y los gobernadores provinciales acordaron dejar sin efecto las obligaciopnes asumidas en materia tributaria establecidas con anterioridada a través de los consensos fiscales suscriptos el 16 de noviembre de 2017 y el 13 de septiembre de 2018», más otros posteriores, dice el Consenso Fiscal del año 2021 ratificado por el Congreso nacional mediante ley 27.687.
Es decir, la decisión actual se basa en compromisos que ya no están vigentes. «Mala mía», podría decir algún responsable de la operación. Y no se trata de la primera «mala» de los últimos días.
«Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. En esta línea, la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan», propone la secretaría de Transporte en el final de su comunicado.
Este último párrafo denuncia la intención del gobierno. La tarifa, a su criterio, debería reflejar el costo total del servicio, a criterio de la empresa prestadora. Sin necesidad de consistencia entre un territorio y otro. «El mercado nunca falla», dice Milei en un canal local o en Davos. Luego, por vía de la SUBE, se personalizará el beneficio del descuento. Quien no tenga ese instrumento (o no lo merezca, en futuras reformas), pagará tarifa plena. Es decir, la que demande la empresa prestadora. La SUBE, ese «gran hermano», dirá quién quedará liberado de ese mazazo.
