La ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas empezó a mostrar un efecto que hasta ahora aparecía apenas como una posibilidad: las sanciones pueden alcanzar a grupos que, al mismo tiempo, tienen inversiones o negocios en sectores que Javier Milei busca impulsar en la Argentina. El fondo canadiense Canaccord canceló la llegada de sus ejecutivos al país luego de quedar incluido en el procedimiento abierto por Cancillería y encendió una pregunta incómoda para la Casa Rosada: ¿qué hará el Gobierno si la defensa de la soberanía empieza a interferir con las inversiones en minería y Vaca Muerta?
Canaccord Genuity Limited debía participar de la recepción de bienvenida del Energy Week realizada en la embajada de Canadá, junto con la Bolsa de Toronto. Sus ejecutivos finalmente decidieron no viajar. El grupo figura entre las 45 empresas y accionistas contra los cuales Cancillería inició procedimientos sancionatorios por actividades hidrocarburíferas no autorizadas alrededor de las Islas Malvinas. Su vínculo aparece a través de Eco Oil & Gas, que controla a JHI Associates y JHI Falklands, licenciatarias en las islas.
El problema para el Gobierno es que Canaccord no tiene intereses exclusivamente vinculados con el Atlántico Sur. El grupo también posee presencia en el negocio del litio en Salta y sus representantes planeaban aprovechar su visita para buscar socios y ampliar sus negocios en el país. El episodio muestra así una primera consecuencia concreta de una estrategia que puede terminar chocando con otra de las prioridades económicas de Milei: atraer capital extranjero hacia energía y minería.
La situación podría volverse todavía más compleja porque la industria energética funciona mediante una extensa red internacional de proveedores, financistas, aseguradoras, auditoras y empresas de servicios. Las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos alrededor de Malvinas pueden participar también en emprendimientos dentro del territorio argentino. Los mismos bancos internacionales que financian operaciones petroleras pueden evaluar proyectos en Vaca Muerta, mientras aseguradoras y reaseguradoras trabajan simultáneamente con diferentes compañías del sector.
El ejemplo más evidente es Bluewater Energy Services. La empresa holandesa fue incorporada a la ofensiva argentina por su participación como proveedor estratégico de infraestructura del proyecto Sea Lion: alquiló por 20 años el buque de producción Aoka Mizu. Pero Bluewater también tuvo participación directa en una infraestructura estratégica para Vaca Muerta, ya que construyó las 2 monoboyas del terminal marítimo del oleoducto VMOS, que conecta la formación neuquina con Punta Colorada, Río Negro.
Ahí aparece el dilema. Milei anunció que buscará endurecer la Ley 26.659 y ampliar las consecuencias contra quienes presten servicios a las compañías que explotan hidrocarburos sin autorización argentina. Además, incorporará declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para impedir que accedan a esos beneficios empresas involucradas en actividades que desconozcan la soberanía argentina.
Pero cuanto más se extienda la definición de proveedor, mayor será la posibilidad de encontrar empresas que también tengan negocios dentro de la Argentina. Una aplicación amplia podría obligar al Gobierno a elegir entre sostener hasta las últimas consecuencias el régimen sancionatorio o establecer límites que eviten afectar proyectos considerados estratégicos para su programa económico.
Algunas multinacionales ya comenzaron a tomar distancia. SLB, la ex Schlumberger, que participó del primer pozo exploratorio, pero actualmente no opera en las islas, ratificó ante las autoridades argentinas el cumplimiento de la normativa local y descartó vínculos contractuales o técnicos con las compañías involucradas actualmente en el desarrollo de Malvinas.
El Gobierno consiguió inicialmente afectar a quienes impulsan Sea Lion. Tras los anuncios presidenciales, las acciones de Rockhopper llegaron a caer 10 por ciento durante la rueda de Londres, mientras Navitas también retrocedió en Tel Aviv. Sin embargo, ambas compañías ratificaron que continuarán con el proyecto.
Sea Lion contempla una primera fase de inversión por 1.800 millones de dólares y el comienzo de la producción en 2028. El desarrollo prevé extraer alrededor de 50.000 barriles diarios. El procedimiento argentino, mientras tanto, comienza con una investigación administrativa de Cancillería y puede terminar con el expediente en la Procuración para evaluar acciones penales contra los directores de las compañías involucradas.
El desafío para Milei empieza cuando las sanciones salen del perímetro de Rockhopper y Navitas. El costo económico cambia cuando aparecen fondos, bancos, aseguradoras o proveedores internacionales con negocios a ambos lados de la disputa. Canaccord ofrece una primera señal concreta: una empresa que venía a buscar oportunidades de inversión decidió directamente no viajar.
Si esos casos empiezan a multiplicarse, el Gobierno tendrá que definir hasta dónde está dispuesto a llevar su política. La paradoja es que la misma administración que construyó buena parte de su estrategia económica alrededor de la llegada de inversiones extranjeras podría terminar colocando restricciones sobre algunas de las compañías capaces de financiarlas.
La ofensiva por Malvinas abrió así un frente inesperado para Milei: sostener las sanciones sin que terminen golpeando a los sectores que presenta como motores de su modelo económico.
