La Auditoría General de la Nación informó que detectó numerosas irregularidades en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y Ausol S.A. durante el gobierno de Mauricio Macri. Ausol S.A. tiene a su cargo el cobro de los peajes en las autopistas Panamericana, con sus ramales Pilar, Campana y Tigre, y la General Paz.
El 7 de diciembre de 2015 la empresa española Abertis S.A, accionista principal de Ausol, inició una demanda por un monto de 358,6 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
La demanda se inició sin pasar previamente por los tribunales locales, hecho que fue observado por la Procuración del Tesoro de la Nación. En ese contexto, el 28 de junio de 2016 se dio inicio al proceso de renegociación integral del Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y Ausol SA.
El informe de la auditoría remarca que la Dirección Nacional de Vialidad le reconoció a AUSOL 540,5 millones de dólares mientras que ABERTIS, accionista principal, había realizado un reclamo ante el CIADI por 358,6 millones de dólares. Para la aprobación de la propuesta de renegociación, no se dio intervención al Congreso de la Nación, incumpliendo la Ley 25.790.
El Decreto 367/2016, establece que el acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional y la empresa AUSOL, debe estar fundamentado técnicamente previo a su firma, situación que, según remarcó la AGN, no se dio. La falta de un informe técnico suficiente también fue advertida por la Procuración del Tesoro de la Nación y por la Sindicatura General de la Nación.
“Además, no se pudo verificar la existencia de elementos que fundamenten técnicamente el monto reconocido a la empresa por 540,5 millones de dólares”, destacó la AGN.
La Procuración del Tesoro de la Nación expresó que Abertis S.A, debió entablar su demanda ante los tribunales argentinos, previo al reclamo ante el CIADI y también manifestó que gran parte de sus reclamos se encontraban prescriptos. Pese a ello, el auditado consideró los montos reclamados en la demanda ante el CIADI como parámetro para el proceso renegociador. Además, la AGN sostuvo que el gobierno de Macri le condonó a Ausol un conjunto de penalidades sin justificación.
Las cláusulas sobre resolución de controversias incorporadas al contrato entre “Ausol y el Estado Nacional, permiten a Ausol la posibilidad de dar por terminado el acuerdo y reclamar sin limitación alguna lo que la empresa considere como incumplimientos del Estado Nacional”, remarcó el informó.
El nuevo Plan garantiza a Ausol fondos mínimos equivalentes al 7,69 por ciento de la inversión neta y una tasa interna de retorno del 8 por ciento en dólares injustificadamente. Sin embargo, no asegura el cumplimiento de obras previstas ni el mantenimiento de un servicio público de calidad.
A su vez, el acuerdo limitó las facultades del órgano de Control en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos.
Debido a todas estas irregularidades, el informe concluyó que el gobierno de Mauricio Macri incumplió con el proceso de renegociación de los contratos, reconoció a Ausol un monto de dinero injustificadamente y no realizó un análisis del importe reclamado en jurisdicción internacional. Además, desconoció normativa aplicable apartándose del criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación. Se condonaron penalidades y se realizó una transferencia de fondos RAE (Recursos de Afectación Específica) en ambos casos, sin justificación.
