El proyecto de ley antinegacionista prevé una pena de «dos meses a dos años» de prisión para aquellas personas que nieguen, justifiquen o reivindiquen la comisión de delitos de genocidio
El vigente proyecto de Ley Antinegacionista prevé una pena de «dos meses a dos años» de prisión para aquellas personas que nieguen, minimicen, justifiquen o reivindiquen la comisión de delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados el 11 de julio de 2019 y propone «modificaciones sobre sanciones a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad».
El proyecto, que fue girado a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, establece que «será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y/o de quienes fueran condenados por su comisión».
Asimismo, indica que «los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto» por el proyecto de Ley Antinegacionista «sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena».
En los considerandos del texto, los firmantes, todos legisladores del bloque del Frente para la Victoria en ese momento, remarcaron que, pese a que «existe un consenso social sobre lo significó el terrorismo de Estado en el», hay «un grupo minúsculo de personas que lo niegan, o mucho peor, que hacen apología del mismo o de quienes están condenados judicialmente por ser sus ejecutores».
«Hemos visto cómo estas personas -muchos de ellos funcionarios públicos- banalizan el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, o niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de bebes», advirtieron los entonces diputados, entre los que se encontraba el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
La iniciativa también hace mención a los «diversos países que condenan el negacionismo y/o el apologismo de los delitos reseñados».
«En Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros países, negar el Holocausto se considera un delito», señala el texto legislativo.
Y añade: «Estas acciones, que como ya se ha reseñado son penalizadas en un sinnúmero de países, contrarían y dañan el basamento democrático y por lo tanto desde el Congreso de la Nación debemos dar una respuesta institucional y generar una herramienta tendiente a contrarrestarlas, desalentarlas y sancionarlas».
Estela Carlotto habló sobre el proyecto
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que la iniciativa de establecer una Ley Antinegacionista de la última dictadura militar no será para castigar al que piense distinto, sino al que «mienta y deforme la historia con un interés repudiable».
«Las Abuelas y los organismos creemos que en esta ley no se va a castigar pensar distinto, sino mentir y deformar la historia con un interés repudiable», afirmó Carlotto en declaraciones a radio Caput.