La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, “ya se encuentra oficialmente detenido” en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre del Ueno Bank. Tras la destitución de Peña, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró como nuevo mandatario.
La fiscal Silvia Margarita González Vester informó a la prensa que Peña permanecerá en calidad de detenido en su domicilio en Asunción hasta el sábado por la mañana, cuando será conducido a la fiscalía para ser indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La destitución de Peña
Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay en ser desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa técnica y jurídica de Peña.
El anuncio de su destitución fue recibido con cánticos de “Santi, rata, devolvé la plata” y un concierto de bocinazos en el centro de Asunción. Cientos de manifestantes se concentraron en la embleática Plaza de Armas de la capital paraguaya, muchos de ellos vistiendo camisetas de la selección paraguaya y portando pancartas que pedían la devolución de los ahorros confiscdos y la renuncia del presidente.
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
A ello se sumó la preocupación de miles de ahorristas que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
Los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares “del pueblo paraguayo” tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como “el desfalcador más grande de la historia” del país.
