La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) informó que desde el área ya se tomaron «las medidas legales y administrativas necesarias para impedir que pueda desempeñar tareas en una institución educativa» Luis Castillo, un genocida que dirigía un colegio en Wilde y que desde abril cumple prisión domiciliaria.

El represor está detenido tras haber sido hallado responsable el 30 de marzo pasado de los delitos de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las exbrigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.

Castillo, quien se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario, fue durante décadas el dueño del Colegio San Diego, una respetada institución de educación privada inicial, primaria y secundaria de Wilde. En ese marco, la cartera educativa manifestó su «más profundo repudio y preocupación» por los hechos que tomaron estado público, respecto de las nuevas imputaciones por delitos de lesa humanidad promovidas en la causa por terrorismo de Estado sobre hechos sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, que afectan al otrora policía.

«Luis Horacio Castillo, ex oficial inspector y jubilado de la Policía Bonaerense, quien se desempeñaba como representante legal del Colegio San Diego de la localidad de Wilde (Avellaneda), establecimiento educativo dependiente de nuestra Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), ha sido imputado por delitos de lesa humanidad», indicaron desde Educación. 

Al respecto, la cartera informó que «a través de las áreas correspondientes, tomó las medidas legales y administrativas necesarias para impedir que Luis H. Castillo continúe desempeñando tareas en una institución educativa».

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«Nuestra ley de Educación Nacional en su artículo 92 prescribe que la educación tiene la tarea de construir la ‘memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado‘», recordaron. Y en esa línea, plantearon el compromiso y la obligación del Ministerio de «continuar trabajando para construir una educación fundada en los valores del respeto a la diversidad y la pluralidad, por la defensa de la democracia y por la Memoria, la Verdad y la Justicia».

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