La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le solicitará este jueves a la Cámara de Casación que revea la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. La exmandataria sorprendió con un anticipo: su defensor, Carlos Alberto Beraldi, presentará un dictamen formulado el año pasado por Rodolfo Barra que ahora es el Procurador del Tesoro, es decir el jefe de los abogados del gobierno de Javier Milei. Barra sostiene en el texto de 21 páginas que la Presidencia no tiene responsabilidad alguna en “posibles hechos delictivos que se hubiesen cometido con motivo de contratación, ejecución o pago de obras viales”. En primer lugar, porque quien tiene, por la Constitución de 1994, “la administración general del país” es el jefe de Gabinete. En segundo lugar, porque Vialidad Nacional, en cuya órbita se hicieron las obras, es un ente autárquico. Y, tercero, porque las provincias -en este caso Santa Cruz- son autónomas. Las 51 obras cuestionadas se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Es curioso que Barra argumenta en favor de la inocencia de CFK y lo mismo hizo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien más de una vez sostuvo que «no hay pruebas contra Cristina».
Los recursos
Hace diez días se pusieron en marcha las audiencias, en las que el fiscal, Mario Villar, y las defensas de los condenados e imputados van explicando sus posturas ante los magistrados. Los jueces intervinientes constituyen, como ya lo ha dicho Cristina Kirchner, “un pelotón de fusilamiento”. Dos de ellos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky concurrían a Olivos y a la Casa Rosada a visitar a Mauricio Macri, en ocasiones a jugar al tenis o al paddle y en otras oportunidades a tratar cuestiones político-judiciales. El tercer juez de la Sala es Diego Barroetaveña cabeza de la lista más opositora al peronismo en la elección por cargos en el Consejo de la Magistratura.
En el juicio oral, CFK y otros imputados fueron condenados por fraude al Estado. Ahora el fiscal Villar pide que se los condene también por asociación ilícita. Los imputados reclaman el sobreseimiento.
El decreto clave
Este jueves es el turno de Beraldi, a cargo de la defensa de la expresidenta. Su planteamiento tendrá distintas aristas.
La base de la condena es que, supuestamente, CFK puso en marcha las obras para que se enriqueciera Lázaro Báez y, por esa vía, se favoreciera también la propia familia Kirchner. El fiscal y los magistrados argumentaron que todo se hizo a partir de un decreto, el 54/2009, que habilitaba a Vialidad Nacional a construir rutas utilizando dinero de un fideicomiso constituido con un impuesto sobre el gasoil. Lo asombroso es que ese decreto sigue vigente, o sea que ni siquiera Macri lo revocó. En este punto entra el dictamen de Barra, uno de los máximos expertos en derecho administrativo del país. El ahora funcionario de Milei es categórico en el texto: Cristina Kirchner no tiene responsabilidad alguna en materia administrativa y, por lo tanto, en la puesta en marcha, ejecución, pago y control de obras públicas. La responsabilidad es de los jefes de Gabinete.
A esto se agrega -también lo detalla el texto de Barra- que Vialidad Nacional es un ente autárquico y que las obras, que se hicieron en cada una de las provincias, fueron manejadas por cada uno de los distritos, que tienen autonomía.
Para redondear, en el dictamen de Barra se menciona que la realización de las obras, los presupuestos y los pagos fueron auditados por el propio Congreso de la Nación en lo que se llama Cuenta de Inversión, que es la aprobación de lo hecho en la ejecución de un presupuesto.
La expresidenta adelantó en sus redes sociales el contenido del informe de Barra.
«Limpiar todo»
Beraldi también hará hincapié en lo que Villar y los fiscales originales Diego Luciani y Sergio Mola llamaron el plan “limpiar todo”. Ese plan consistió -siempre según los fiscales- en que se le pagaron 500 millones de pesos a Lázaro Báez para que no dejara rastro al final del gobierno de CFK, en noviembre de 2015. Ese pago nunca existió. Es una falsedad. Y la reunión que supuestamente hubo entre CFK y Báez el 30 de noviembre, en Río Gallegos, para pactar el “limpiar todo”, tampoco existió: la expresidenta no estaba allí ese día.
En esos días, Báez le reclamaba un pago al Poder Ejecutivo porque Macri -que asumía el 10 de diciembre- había anunciado que no continuaría con las obras y, por lo tanto, se producirían miles de despidos y una conmoción social en Santa Cruz. No hubo tal pago.
Finalmente, Beraldi volverá a explicarles a los jueces que no existe relación alguna entre los alquileres de la familia Kirchner -entre otros, a Báez- y las obras de construcción de rutas. Desde el punto de vista de los montos, los 7 millones que se pagaron en alquileres no tienen proporcionalidad alguna con los 1200 millones en rutas que Báez ganó porque presentó precios más bajos en las licitaciones. Y, además, los alquileres fueron a precios de mercado, no encerraron lo que podría considerarse una rentabilidad irregular.
El regreso de la persecución
En las últimas semanas volvió a operar la alianza política-judicial-mediática en contra del peronismo. Es la vuelta del tradicional método para tapar el feroz ajuste a los trabajadores, la clase media y los jubilados. Y, obviamente, el clásico es la causa Vialidad. Hubo un juicio que duró tres años en los que no se presentó ni una prueba ni un testigo ni un mensaje enviado por CFK dando alguna instrucción o sugerencia sobre las rutas de Santa Cruz. Aún así sacaron de la manga la acusación y la condena, como hicieron en su momento con Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.
