Facturaban por controles arriba del millón y medio de pesos
El Concejo Deliberante de esa localidad denunció que el Ejecutivo a cargo del imputado Rubén Méndez no realizaba registros de ninguna actividad para esconder el desfalco que se hacía en cada área.
En la última sesión la presidenta del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, María Valdiviezo, contó que en su breve estadía como intendenta interina, tras el pedido de licencia del ahora imputado Rubén Méndez y antes de su destitución, pudo acceder a varios documentos que desde ese Cuerpo venían solicitando sin éxito al Ejecutivo municipal.
Relató que a través del secretario de Gobierno, y por su pedido, recibieron los balances municipales que ahora serán evaluados, aunque lamentó que por el tiempo (una semana) que tuvieron hasta la llegada del nuevo interventor designado por el gobernador, Adrián Zigarán, no pudieron acceder a la información de todas las áreas.
También detalló que removieron a todos los imputados por la Justicia acusados por asociación ilícita con el intendente.
En Hacienda, detalló que no se presentó y no estaba elaborado el balance del ejercicio 2020, “en contraposición a la Ley de Contabilidad de la provincia (705/77)” y a la Carta Orgánica municipal. Tampoco se presentaron las dos primeras ejecuciones trimestrales de 2021, y no poseían un manual de procedimiento administrativo ni otro de control interno.
Se presentó el presupuesto 2021 durante el transcurso del año pero sin haberse sancionado su ordenanza, y “presenta inconsistencias en su elaboración”, sostuvo Valdiviezo. Destacó que existen obras con presupuesto provincial y de la misma administración que no poseen antecedentes de licitaciones públicas, adjudicaciones simples o contrataciones abreviadas de los períodos 2020 y 2021, en contraposición a la Ley de Contrataciones de la provincia y a la Carta Orgánica municipal.
En el departamento administrativo no encontraron documentación de obras públicas ejecutadas ni en ejecución, tampoco documentos de convenio o servicios que presta el municipio. Así como no estaba en funcionamiento el Boletín Oficial, algo que dicta la Carta Orgánica y solicitaba ese Cuerpo de manera reiterada.
En el departamento Contable no se registraban las conciliaciones bancarias de todas las cuentas municipales a octubre de 2021, y existían fondos con cargos a rendir de varios funcionarios. Entre ellos se encontraba el imputado Oscar Gutiérrez, secretario privado del intendente, por un monto de $ 543.381 del período 2020, y $ 948.850 del 2021.
El secretario de Obras Públicas, Roberto Orellana, también imputado, figuraba en el documento con un monto a rendir próximo a los $ 300.000 entre los dos períodos. La jefa de Compras, Vanesa Murato por unos $ 250.000. El secretario de Gobierno, Daniel Campos, por $ 126.000. El secretario de Hacienda, Roberto Valverdi, debía rendir un total que superaba los $ 180.000. Sergio San Millán, jefe de Gabinete, aparecía con una deuda de $ 48.000. Y Juan Nieva, secretario de Hidrocarburos, superaba los $ 70.000.
También aparecían en ese listado Silvia Rojas, directora de Juventud, con $ 166.000. Marcos Méndez, supervisor de la Unidad de cobros $ 31.000. Y el mismo intendente figuraba con una deuda de $ 7.000. “Esto significa que sacaron plata y no entregaron la documentación respaldatoria de para qué lo hacían”, detalló la presidenta del Concejo.
En Obras Públicas no se registraban los períodos de inicio y finalización de los trabajos realizados, ni representante técnico designado que pueda certificar las obras municipales. Y el nuevo secretario, Ramiro Márquez, designado bajo su corta gestión, encontró situaciones irregulares dentro del parque automotor, “prácticamente todos los vehículos estaban con desperfectos técnicos por falta de mantenimiento”, como los camiones recolectores de basura.
Encontraron un camión Ford 250 y un Mercedes Benz 1.114 que no eran del municipio, sino del ex titular de esa cartera, Roberto Orellana, “que tenían partes que son propiedad del municipio y, sin embargo, no registran contrato de ningún tipo”. Sumaron también la falta de motores en varios vehículos o camiones en desuso.
En Tesorería, la supuesta tesorera no podía firmar “porque no tiene ninguna resolución de nombramiento”, bajo el argumento de que toda la responsabilidad recaía en el secretario de Hacienda, Valverdi. Y no existía ningún estado de situación de la Tesorería municipal. Pero en su poder tenía un monto que superaba los $ 7 millones en concepto de anticipos de obras “y de fondos a cargo a rendir al señor Mario López sin orden de pago alguna ni contrato”. “Solo le remitían dinero sin ningún documento respaldatorio de la obra que supuestamente estaba realizando”, explicó Valdiviezo.
En el departamento de Patrimonio no había ni siquiera un inventario “con lo que posee el municipio”. Y según Valdiviezo, la encargada del área adujo un robo de archivos en su computadora.
Quien fue intendenta interina por una semana aclaró que toda esa información ya la tiene la Auditoría General de la provincia, a la que, adelantó, le pedirán más detalles debido a que no alcanzaron a recabar toda la información, por lo que proseguirán el juicio político a Méndez con el respaldo de la información obtenida.
Impuesto Bobe
La fuente de recaudación más importante del municipio fronterizo con Bolivia es el impuesto Bobe. Se aplica a camiones que circulan por la ciudad a los que se le cobra el pago a cuenta de contribución por las actividades comerciales, industriales o de servicios en el puesto Arenales (sobre la ruta 34); y en el puesto Guandacarenda se percibe el pago de la Tasa de Reconstrucción de Pavimento por el Transporte de cargas. La titular del Concejo subrayó que durante su corta gestión se solucionaron algunos problemas de bacheo, se pagaron sueldos, y se controló todo lo que ingresaba.
Pero señaló que aún siguen sin aparecer las cuentas de las declaraciones juradas, ni tampoco las ejecuciones presupuestarias de 2020 y 2021 de esos dos puestos. Y para ejemplificar el volumen de ingresos que perciben por día de esos puestos, leyeron lo recaudado el viernes 15 de octubre. Solo ese día, en Guandacarenda se obtuvieron más de $ 497.000. Mientras que en el otro puesto fueron $ 1.139.000. En tanto que el lunes 18, los dos puestos recaudaron arriba de los $ 2 millones.
Según informe de la Auditoría de la provincia, los trabajadores de esos dos puestos detallaron que allí se trabaja en tres turnos, y que el cobro se realiza en efectivo, “lo recaudado se va depositando en una caja metálica” y que una vez concluido el turno se coloca en un bolso verde con candado y numerado, acompañado del parte diario y firmado por el personal.
El interventor municipal Adrián Zigarán, confirmó lo denunciado por el Concejo y detalló que el total recaudado promedia el millón y medio de pesos al final de la jornada. Precisó que los recaudadores no regresaban al municipio sino que iban a una casa particular. Y que por ello el sistema está bajo investigación judicial.
Zigarán aclaró que él informatizó el sistema para que de manera online se conozcan y se presenten las cifras del día y que próximamente llevarán fibra óptica desde la cabina hasta la tesorería municipal eliminando la función humana de informar, “en la que tal vez se omitían algunos pagos”.
