El Tercer Malón de la Paz protagonizó otra jornada de resistencia frente al Palacio de Tribunales, en reclamo de que la Corte Suprema de Justicia anule la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy. Sin respuestas de parte de los jueces supremos -y mientras la Procuración dictaminó que el máximo tribunal debe pronunciarse acerca del pedido de inconstitucionalidad de la reforma jujeña formulado por el gobierno nacional-, los manifestantes de comunidades originarias tuvieron que enfrentar, además del frío y la desidia de las autoridades, el amedrentamiento de la Policía porteña, que amenazó con desalojarlos por la noche si insistían en colocar carpas. Ante los reiterados pedidos de gazebos y baños químicos para garantizar las necesidades básicas de los comuneros, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se presentaron en la plaza Lavalle para colaborar en las gestiones y continuar apoyando sus reclamos. Por su parte, los referentes anunciaron que no descartan extender la manifestación hacia el Obelisco.
«Las comunidades nunca fuimos consultadas. Una consulta no es firmar un papel a la presidenta de la comunidad, sino tener un diálogo, varias reuniones, eso nunca se hizo. Nosotros teníamos que tener la decisión, pero nos enteramos que todos los que aprobaron esta reforma decidieron por nuestra propia vida, por nuestro territorio, la economía de todas las comunidades que viven de su ganado, la extracción de sal, el turismo. Ellos han decidido todo por nosotros. Nos han pegado donde más nos duele y no vamos a bajar los brazos», sostuvo Verónica Chávez, representante de las comunidades de Salinas Grandes que resisten el avance de la extracción del litio y una de las referentes que participó de una conferencia de prensa del Malón.
Durante la conferencia estuvieron presentes equipos técnicos de la Secretaría de Derechos Humanos y del INAI, organismos que siguen de cerca el conflicto en Jujuy y que han participado en las gestiones para lograr la liberación de los detenidos durante las violentas represiones del 17 y el 20 de junio. El titular del INAI, Alejandro Marmoni, aseguró: «Estamos próximos a los reclamos, que son una muestra clara de la demanda histórica de las distintas comunidades indígenas. Están pidiendo poder tener el territorio que ocuparon sus ancestros y a su vez son cuestionados y presionados por emprendimientos turísticos y extractivos». El funcionario aseguró que existen relevamientos avanzados en forma conjunta con el gobierno de Jujuy, pero las comunicaciones se interrumpieron al inicio del conflicto. El próximo lunes, en tanto, una delegación de aproximadamente veinte comuneros será recibida por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el predio de la ex ESMA.
Desde su llegada a Buenos Aires los comuneros han enfrentado las dificultades propias de permanecer frente a los Tribunales como forma de resistencia y, en este sentido, solicitaron en reiteradas ocasiones que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les permita colocar carpas o gazebos y que se instalen baños químicos en la plaza. Marmoni reconoció que aún no han podido solucionar el problema, debido a «cuestiones reglamentarias del gobierno porteño y de tipo operativo» y que no han recibido una respuesta institucional a las notas que presentaron. No obstante, desde el INAI pudieron facilitar algunas soluciones a las demandas inmediatas, como adquirir grupos electrógenos o gestionar el uso de baños y habitaciones para pernoctar en organizaciones cercanas.
A las restricciones impuestas por el Gobierno de la Ciudad se sumó el hostigamiento policial. Alrededor de diez uniformados de la Comisaría Vecinal 1B llegaron a la plaza el viernes por la madrugada cuando un grupo de comuneros intentaba instalar una carpa para resguardar a las familias. Según refirieron los comuneros, los policías aseguraban que habían acordado con representantes del Malón que no se colocarían carpas ni se iniciarían fogatas dentro de la plaza y que, en caso de volver a desobedecer, tomarían acciones concretas con la ayuda de Infantería. «No sabemos con quién hablaron, pero nosotros somos de la asamblea del Malón y con nosotros no acordaron nada», les respondieron referentes de las comunidades. A continuación, aclararon quién sería el portavoz y entregaron una nota manuscrita exigiendo, una vez más, que les dejen guarecerse durante su permanencia. «No queremos lamentar una represión como en Jujuy -afirmó Desiderio Olmos, referente del Malón-. Somos respetuosos pero que respeten ellos las garantías constitucionales, porque esto también es territorio nacional.»
Las comunidades continúan resistiendo pacíficamente a la espera de una respuesta favorable de la Justicia. Tras el dictamen de la Procuración para que la Corte intervenga en la demanda de Casa Rosada contra la reforma constitucional de Jujuy, en el Malón celebraron el avance, pero advirtieron que el tiempo apremia y crece la tensión en las asambleas diarias. «Está todo muy caldeado -sostuvo Olmos-. Es posible que terminemos en la 9 de Julio con nuestro reclamo».
