El Consejo de la Magistratura designó este martes por mayoría como su vicepresidenta a la jueza en lo Civil Agustina Díaz Cordero, a la vez que integró sus cinco comisiones por unanimidad, luego de una parálisis de nueve meses.
Los 18 consejeros, más el titular de la Corte y presidente del Consejo, Horacio Rosatti, llegaron a este consenso tras negociaciones intensas que demoraron algo más de una hora el inicio del primer plenario del año.
La elección de Díaz Cordero como vicepresidenta no estuvo exenta de vaivenes y tratativas entre el sector más afín al oficialismo y la oposición; incluso el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, apenas iniciado el plenario, solicitó un cuarto intermedio de quince minutos para seguir negociando.
Tras esa pausa, el diputado consejero del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade planteó que la postulación de Díaz Cordero no respetaba el equilibrio entre los estamentos de políticos, abogados, jueces y académicos, y propuso al consejero abogado y exlegislador Héctor Recalde para el cargo.
Hechas las postulaciones, los consejeros votaron a mano alzada y por trece votos consagraron a la jueza civil como la nueva vicepresidenta del cuerpo.
Inmediatamente se puso a consideración la integración de las comisiones y en esta instancia no hubo desacuerdo y por unanimidad se aprobaron los miembros de cada una de las cinco áreas de gestión del Consejo.
Con la elección de autoridades y la integración de las comisiones el organismo creado en la Constituyente de 1994 estaría en condiciones de aprobar concursos pendientes para magistrados y paliar así la vacancia de la justicia federal y nacional.
Las cinco comisiones que quedaron integradas hoy son las de Selección de Magistrados y Escuela Judicial; de Disciplina; de Acusación; de Administración y Financiera y de Reglamentación, que ahora deberán reunirse para elegir sus autoridades.
El avance de hoy en el organismo que promueve y analiza la conducta de los jueces está precedido por el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2021, que declaró «inconstitucional» la composición del Consejo de 13 miembros y ordenó llevarlo a 20 representantes.
A eso se sumó el conflicto de poderes por la representación en el Consejo de la segunda minoría en el Senado y la negativa de la Corte a hacer jurar al senador designado, el oficialista Martín Doñate.
