El gobierno hizo el jueves la primera concesión sobre la Ley Ómnibus al afirmar que introducirá “aclaraciones” en la sección dedicada al Régimen Federal Pesquero. La Ley propone el fin de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mar Argentino, conocida como Milla 200, al eliminar la reserva de la explotación de los recursos marinos a personas físicas o jurídicas constituidas en el país y con mayoría de personal argentino. “Los permisos (de pesca) no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques”, establece y abre así la competencia con grandes empresas pesqueras que operan en reconocidas condiciones desleales, y también ilegales.

La Ley Ómnibus deroga y sustituye varios artículos del Regimen Federal Pesquero (Ley 24.922) y establece que “los permisos (de pesca) no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, en su nueva redacción del artículo 26.

Aclara que “para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques”, desarmando así la función del Consejo Federal Pesquero. De esta manera deja de prohibirse a grandes buques extranjeros arrasar con la fauna del Mar Argentino, uno de los territorios marinos más grandes del mundo.

El Regimen Federal Pesquero prioriza el otorgamiento de los permisos de pesca dentro de la ZEE, o Milla 200, a los buques que emplean mayoritariamente mano de obra nacional (100 por ciento de los puestos oficiales y 75 por ciento de los subalternos), que realizan inversiones, usan flota construída en el país, que tienen menor antigüedad, cierta producción promedio y agregan mayor valor al producto final.

Esta regulación conduce a que las empresas extranjeras se radiquen en Argentina para operar dentro de la Milla (a una hora y media de Buenos Aires, sobrevolando el Mar Argentino). Pero la Ley Ómnibus propone eliminarla, pues entiende que toda regulación es mala, y habilita a cualquier empresa a operar en la ZEE pagando un derecho o canon.

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Esto atenta directamente contra todo el sector pesquero argentino: sobre inversiones que se realizan en flotas y plantas en tierra firme, sobre la ocupación de mano de obra, el pago de impuestos en el ámbito municipal, provincial y nacional y sobre el ingreso de divisas por exportaciones. Esto último también se ve amenazado por las nuevas retenciones que impuso el gobierno del 15 por ciento sobre la pesca de exportación. El pesquero es el noveno complejo de exportación en relevancia, con ventas por unos 2.000 millones de dólares anuales, según Indec.

Un posible freno sobre esta avanzada se dio el jueves luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se comprometiera a introducir una serie de “aclaraciones” en la Ley Ómnibus vinculadas al otorgamiento de las cuotas a empresas extranjeras, a la generación de empleo local, la descarga en puertos argentinos y el mantenimiento de la ZEE.

La postura oficial se conoció luego del encuentro que Francos mantuvo junto al ministro de Defensa, Luis Petri, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ambos mandatarios del PRO. Torres, por su parte, actúa como interlocutor de otros cuatro gobernadores: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), y los provincialistas Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). A la salida de la reunión, el ministro Francos prometió además crear una Mesa Nacional para debatir estos temas en detalle.

Competencia desleal

Es que los mercados, o los sectores, no solo se regulan por precios. Si se anulan los requerimientos de la Ley 24.922, que son perfectibles y a su vez tampoco impiden la fructuosa pesca ilegal que se realiza en la “Milla 201”, se promoverá la competencia desleal con grandes empresas pesqueras provenientes de China, Corea del Sur y España, lo cual destruirá la industria pesquera nacional. Los mandatarios locales, tanto como los referentes del sector, lo saben pero no fueron escuchados a la hora de redactar los cambios en la normativa vigente.

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Para las grandes compañías pesqueras globales el pago del canon no es un obstáculo, muchas de ellas son estatales, tienen combustible subsidiado por su gobierno y además en la gran mayoría de los casos utilizan mano de obra esclava. Se trata no solo de una competencia desleal sino ilegal, que requiere mejorar las leyes, no abolirlas, y su vigilancia para ser combatida.

El calamar illex es el principal objetivo de la pesca ilegal en Argentina, se estima que su comercio involucra entre 1.000 y 2.600 millones de dólares al año, como repasaba este diario en un artículo dedicado al tema. Para facilitar su pesca, durante la noche se encienden las luces de las embarcaciones porque el animal se ubica debajo de ellas. Por eso las fotos satelitales al borde de la Milla 201 parecen mostrar una pequeña ciudad de luces en el mar, se estima que no menos de 500 embarcaciones por año operan en la zona, apagan por la noche sus radares para invadir la ZEE robando recursos que son argentinos y deben ser protegidos.

La Armada Argentina, aunque mejoró su equipamiento en los últimos años, no puede contener tamaña actividad ilegal: una de las más grandes del mundo.

El rechazo a la Ley

También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó en contra de la sección de la Ley Ómnibus dedicada al sector de la pesca. El miércoles se reunió con referentes empresariales y de los trabajadores del sector pesquero en Mar del Plata y luego del encuentro comentó: “La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”. “El gobierno de la provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, agregó.

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Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, Fernando Rivera, señaló a la prensa: “La sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”. Mientras que en la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) pronosticaron que “la industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) también adelantó que presentará un recurso de amparo para evitar los cambios que propone el gobierno nacional al Regimen Federal de Pesca pues consideran que la iniciativa “viola varios derechos contemplados en la Constitución nacional: el artículo Nº 41 que establece que las autoridades proveerán a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; y el derecho del trabajo establecido en el artículo 14 bis, por poner en riesgo tantas fuentes laborales”.

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