Entre el 30 y el 31 de julio, un flujo masivo de personas procedentes principalmente de Marruecos y de otros países africanos alcanzó la ciudad por vía terrestre y marítima. En menos de veinticuatro horas, las autoridades españolas estimaron que, entre 40.000 y 60.000 personas, habían cruzado la frontera o intentado hacerlo, convirtiéndose en el mayor episodio de entrada irregular registrado en la historia reciente del enclave.
La mayoría llegó bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú o nadando desde las costas marroquíes, mientras los centros de acogida y los servicios de emergencia quedaron rápidamente sobrepasados. El costo humano fue elevado: los balances sitúan el número de fallecidos en varias decenas de personas (67 al momento de escribir esta nota), principalmente por ahogamiento durante la travesía, además de centenares de rescates efectuados por los equipos de salvamento marítimo.
La respuesta de Madrid fue inmediata. El gobierno de Pedro Sánchez lo calificó como “un ataque”, por lo que desplegó al Ejército y reforzó la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, aceleró los mecanismos de retorno en coordinación con Marruecos. Tan solo un par de días después decenas de miles de estas personas regresaron al territorio marroquí, ya fuera mediante devoluciones o retornos voluntarios, mientras Rabat reforzaba nuevamente el control fronterizo después de haber sido acusado desde distintos sectores políticos españoles de actuar con pasividad.
Paralelamente, el episodio desencadenó una rápida reacción política internacional. Italia suspendió la aplicación de Schengen con España, Francia reforzó los controles fronterizos, la Comisión Europea defendió acelerar las devoluciones y la crisis pasó a ocupar el centro del debate político europeo y estadounidense. Lo que comenzó como una emergencia en una ciudad de 84.000 habitantes se transformó, en cuestión de horas, en un problema de alcance continental
Los desplazamientos que atraviesan el Mediterráneo forman parte de la profundización de los problemas estructurales que atraviesan al capitalismo del siglo XXI. Durante las últimas décadas, amplias regiones de África y Oriente Medio quedaron atrapadas en una combinación de guerras, crisis de deuda, políticas de ajuste impuestas por organismos financieros internacionales, deterioro de las condiciones laborales y vulnerabilidad frente al cambio climático. A ello se suma el impacto de conflictos armados en Sudán, el Sahel, Libia y otras regiones, que provocan millones de desplazamientos forzados.
Las personas no cruzan el Mediterráneo porque existan fronteras débiles; lo hacen porque las condiciones materiales de vida en sus países se vuelven cada vez más insoportables. Detrás de cada travesía confluyen décadas de saqueo de recursos y subordinación económica. Así, la migración es una de las consecuencias de un orden internacional desigual, sostenido por un orden jerárquico imperialista y neocolonial. Por este motivo, es errado y repudiable comparar una oleada migratoria con una “invasión”.
Durante los últimos años, la Unión Europea fue consolidando un régimen migratorio basado en la militarización de las fronteras exteriores, el fortalecimiento de Frontex, la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo y la externalización del control migratorio mediante acuerdos con terceros países, especialmente Turquía, Libia, Túnez y Marruecos.
La lógica era mantener los flujos migratorios lo más lejos posible del territorio comunitario, delegando buena parte del trabajo de contención a países vecinos a cambio de financiamiento, cooperación política o concesiones diplomáticas. Ese esquema, evidentemente, no eliminó las causas de las migraciones ni redujo la presión sobre las rutas mediterráneas; simplemente desplazó la frontera hacia el sur y reforzó el carácter securitario de la política migratoria europea.
La respuesta de Bruselas y de los principales gobiernos europeos consiste en profundizar el paradigma represor mediante más controles, más vigilancia y mayores mecanismos de expulsión. Sin embargo, esa misma estrategia genera una contradicción del proyecto europeo, cuanto más se fortalece la lógica nacional de protección de fronteras, más se debilita el principio de integración que la propia Unión Europea presentó durante décadas como una de sus principales conquistas.
Esta política responde directamente a la presión de la extrema derecha, que ve en este episodio en Ceuta una oportunidad para reforzar uno de sus principales ejes: presentar la migración como una amenaza existencial para la nación y utilizar el miedo como mecanismo de movilización social.
En España, Vox endureció su discurso, reclamó deportaciones masivas y vinculó la llegada de migrantes con el colapso del Estado y el aumento de la inseguridad. El secretario nacional de Seguridad e Inmigración del partido llamó a defender a las familias españolas “con lo que se tenga a mano”. Desde Italia, Giorgia Meloni utilizó la situación para justificar nuevas restricciones fronterizas, mientras en Estados Unidos Donald Trump convirtió las imágenes de Ceuta en un argumento de cara a las elecciones de noviembre para reivindicar su política de mano dura contra la inmigración y su gestión: “eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”.
Atizados por estos discursos, mientras aumentaba la tensión en la frontera, grupos ultraderechistas convocaron movilizaciones contra los migrantes en Madrid y Ceuta, al tiempo que se registraban agresiones, persecuciones y acciones de intimidación contra personas de origen marroquí y africano. Al grito de “España cristiana y no musulmana” y “unidad nacional”, exigen la “remigración”, es decir, el retorno forzado de los migrantes.
La extrema derecha intenta instalar la idea de que los migrantes son un enemigo sobre el cual descargar el malestar generado por la crisis económica, la precarización y el deterioro de las condiciones de vida. La respuesta estatal capitula a estos grupos mediante la convergencia entre el endurecimiento de las políticas estatales y la movilización de sectores reaccionarios que buscan capitalizar la crisis mediante el nacionalismo, el racismo y la xenofobia.
La desaceleración económica que atraviesa Europa desde hace varios años, agravada por el aumento del gasto militar, los ataques a derechos sociales, la pérdida de dinamismo industrial y la incertidumbre geopolítica, alimenta un creciente malestar social. Ese descontento se canaliza, por algún sector, hacia opciones nacionalistas y reaccionarias que encuentran en la migración un enemigo interno sobre el cual descargar las tensiones acumuladas.
La extrema derecha convierte el miedo y la inseguridad en capital político, mientras los partidos burgueses tradicionales terminan incorporando buena parte de su agenda mediante el endurecimiento de las políticas de asilo, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la aceleración de las deportaciones. De este modo, el desplazamiento del centro político hacia posiciones más represivas no contiene el avance reaccionario, sino que contribuye a legitimar el marco ideológico sobre el que el discurso de la extrema derecha se fortalece.
El agotamiento del orden neoliberal, la desaceleración económica, las guerras, la crisis climática y las migraciones masivas, erosionan los consensos que sostuvieron al proyecto europeo durante décadas. En ese escenario, el descontento social no posee una dirección política predeterminada. La extrema derecha intenta capitalizarlo, sin embargo, hay un camino abierto. La historia muestra que las crisis también abren espacios para respuestas desde abajo cuando trabajadores, juventud y sectores populares encuentran formas de organización propias.
De hecho, esa disputa ya puede observarse en distintos lugares del mundo. En Estados Unidos, las redadas masivas impulsadas por Trump desencadenaron movilizaciones que enfrentaron la actuación del ICE, convirtiendo la defensa de los migrantes en una causa más amplia contra el autoritarismo y la criminalización de la protesta. En Europa también se desarrollan respuestas impulsadas por organizaciones antirracistas, sindicatos y colectivos juveniles frente al crecimiento de la extrema derecha y los ataques xenófobos, como en Italia contra el asesinato de Abderrahim Fakir.
Lo que se plantea es el desafío de construir una alternativa anticapitalista y socialista que rechace tanto la política de los muros como la utilización reaccionaria del miedo. Es la disputa política sobre el tipo de sociedad que emerja del mundo en transición de la actualidad: una basada en el autoritarismo, el racismo y la xenofobia, o una capaz de articular respuestas solidarias e internacionalistas frente a un capitalismo que, lejos de estabilizarse, continúa alimentando el mundo en combustión.
