El conocido abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten fue condenado este jueves, en un juicio oral, a la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva y más de seis años de inhabilitación por el delito de tentativa de chantaje. En su momento, el hijo del financista Aldo Ducler, Juan Manuel, junto a sus dos abogados, Pablo Brugo y Sánchez Kalbermatten le exigieron 20 millones de dólares a la familia Eskenazi para no revelar supuestos ilícitos en el vínculo del grupo empresario con Néstor Kirchner a raíz de la compra del Banco de Santa Cruz y de una parte de YPF.
Los hechos fueron revelados por Página/12 en diciembre de 2017. Las reuniones en las que Sánchez Kalbermatten, Ducler y otro letrado chantajeaban a los Eskenazi fueron registradas en cámara oculta y luego se realizó un pago controlado por el juez y la fiscal. A la salida del edificio, los abogados y Ducler fueron detenidos con el dinero –marcado previamente por la Policía Federal– en un maletín.
El juicio se llevó adelante antes de la feria y sólo quedó para leer la condena. El fiscal del juicio, Andrés Madrea, pidió cuatro años de prisión por extorsión y el abogado de los Eskenazi, Ignacio Zunino, había pedido aún más: cinco años de prisión efectiva. El juez Julio Báez le dio a Sánchez Kalbermatten una pena menor, pero también efectiva: tres años y tres meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación. El letrado seguirá en libertad porque, obviamente, la pena es apelable.
Los otros dos participantes del chantaje, Ducler y Brugo, aceptaron en octubre de 2021 una probation de 200 horas de trabajo social, además de dos penas en dinero, 500.000 pesos el financista y 150.000 el abogado. La plata fue donada a Cáritas. El fiscal Madrea estuvo de acuerdo con la probation porque no tenían antecedentes, pero rechazó la misma medida en el caso de Sánchez Kalbermatten. Eso llevó a la realización del juicio.
La realidad es que Ducler (hijo) aprovechó el gobierno de Mauricio Macri y la ofensiva contra distintos empresarios para iniciar el chantaje. El delito, que figura en el artículo 169 del Código Penal, establece “prisión de tres a ocho años al que, por amenaza de imputaciones contra el honor o la violación de secretos, obligue a otro a entregar dinero”.
Según lo relatado por la fiscal de instrucción, Cintia Oberlander, la maniobra comenzó en noviembre de 2017. Sucede que el padre de Juan Manuel, el muy conocido financista Aldo Ducler, fue socio de la financiera Mercado Abierto que manejó dinero, bonos y movimientos financieros de varias provincias, entre ellas Santa Cruz. Aldo falleció en plena calle de un ataque cardíaco y varios medios intentaron plantar que se trató de un homicidio, abiertamente imputando al kirchnerismo. Quisieron armar otro caso Nisman. Es que Ducler padre se había presentado en la Unidad de Información Financiera (UIF), manejada entonces por el macrismo y protagonista de distintas persecuciones, sugiriendo que tenía papeles comprometedores sobre la compra del Banco y de YPF. Juan Manuel insistió con la hipótesis del homicidio, pero la autopsia, las filmaciones de la muerte (a pocos metros de la avenida Corrientes), en las que no se ve intervención de ninguna persona, y el análisis toxicológico (no había nada anormal) fueron concluyentes. La causa se cerró por inexistencia de delito.
Tras la muerte de Aldo, Juan Manuel dijo haberse quedado con documentación. Y entonces se acercó a los Eskenazi diciéndoles que había gente que quería comprarles esos papeles para hacer la denuncia. “Estamos buscando dinero para que Juan Manuel no venda esos papeles”, le dijo Brugo a Sebastián Eskenazi. De paso, le advirtió que podrían ir al FBI, a la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, a la justicia argentina, la mesa de Mirtha Legrand y a otros programas. Todo quedó grabado. “Tenemos mucha presión de (Elisa) Carrió para exhibir documentación de que los Eskenazi eran testaferros de Néstor Kirchner”, apretaron falsamente los chantajistas.
En base a las grabaciones, la fiscal Oberlander le pidió al juez que realice una entrega controlada de dinero, algo que el juez Rodolfo Cresceri autorizó. La Policía Federal así marcó 300.000 dólares, que se le entregaron a Ducler, Sánchez Kalbermatten y Brugo. Cuando se disponían a salir de las oficinas de Petersen, en la calle Cerrito, los detuvieron, les pusieron las esposas y pasaron un par de días presos. Luego el magistrado dispuso su libertad, por supuesto hasta el juicio oral y la eventual condena.
En el alegato durante el juicio, el fiscal Madrea pidió la pena “por la extensión del daño ocasionado a las víctimas, las maniobras de desprestigio que sumieron en una profunda depresión a la madre de los Eskenazi, fallecida poco después. La maniobra incluyó la utilización de difusión periodística y produjo perjuicios económicos que las víctimas ni siquiera pudieron llegar a mensurar”.
Todo el caso pinta el clima que se creó durante el gobierno de Macri. Una ofensiva descomunal contra empresarios que hubieran tenido relación con los Kirchner, que se hubieran adjudicado obras o, incluso, que simplemente tenían empresas con las que aspiraba a quedarse el grupo de amigos del expresidente. Se utilizaron los medios alineados para falsas imputaciones con el reaseguro de que en Comodoro Py, varios jueces, fiscales y magistrados de Cámara y Casación permitirían la ofensiva.
Ahora, Sánchez Kalbermatten puede mantener su libertad ambulatoria «hasta que el fallo adquiera firmeza». Deberá comparecer al juzgado el primer lunes hábil de cada mes, no alejarse de la ciudad sin autorización y, obviamente, no podrá salir del país».
