En silencio, el programa Precios Justos del Gobierno ya cuenta con unos quince sindicatos que trabajan bajo la coordinación de la Secretaría de Comercio para velar por el cumplimiento de los acuerdos firmados con las cámaras empresarias. Al monitoreo de Camioneros debe añadírsele, según se constató, el de la mayoría de las organizaciones que integran la Confederación de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (Casia), un sello clave que está presente en toda la cadena de elaboración, distribución y venta de los productos destinados a la mesa hogareña.

El acuerdo con el sector quedó sellado en noviembre pasado en dos encuentros previos al lanzamiento de Precios Justos que mantuvo el secretario Matías Tombolini con los referentes de ese grupo. A esas instancias se le sumó luego una reunión de la Casia con el ministro de Economía, Sergio Massa, y otra con Tombolini posterior a la presentación del programa. En esas oportunidades se defiinió un mecanismo de intercambio de información y de monitoreo conjunto de los niveles de producción y abastecimiento entre los eslabones de la fabricación y el consumo de los productos alimenticios.

La Casia tiene entre sus integrantes a los sindicatos de la Alimentación (FTIA), de Aguas Gaseosas (Fataga), la Asociación de Lecheros (Atilra), Unión de Carga y Descarga, la federación de la Industria de la Carne (empleados de frigoríficos) y organizaciones de Fideeros, Pasteleros, Molineros y la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), entre otros. Las autoridades del sello confimaron que casi la totalidad de sus integrantes (con algunas excepciones como los gastronómicos de Uthgra, sin incidencia en los valores de la cadena productiva) participa del monitoreo junto con Comercio Interior.

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Aunque algunos de esos sindicatos y la propia Casia ya cuentan con estadísticas propias que suelen utilizar para sus negociaciones salariales, la colaboración con Economía no se limita al intercambio de información en ese plano. Los referentese explicaron que también se les provee a los funcionarios de un seguimiento de los niveles de producción y sus eventuales alteraciones, así como de los despachos a los distintos puntos de la cadena de comercialización.

Hay otros aspectos de la labor conjunta que remiten al acopio de información que caracterizó la gestión de Guillermo Moreno en Comercio Interior durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: en ambos casos los gremios informan sobre los ítems que componen el precio final de cada producto terminado y la incidencia en ese valor del salario y los aportes patronales. En su momento de mayor poderío Moreno le sumaba a esos datos el estímulo a los empresarios para que delataran a sus pares de otros eslabones de la cadena en caso de que subieran sus precios por encima de lo previsto.

«Desde noviembre estamos colaborando permanentemente con los funcionarios para brindarles información de todos los aspectos relacionados con la industria de la alimentación. Los gremios de la Casia somos responsables de la casi totalidad de los productos que se consumen en las casas y por eso el Gobierno nos pidió ayuda para el monitoreo de Precios Justos», le confirmó a este medio el secretario general de la FTIA y adjunto de la confederación de la Alimentación, Héctor Morcillo.

La participación de Camioneros en el programa Precios Justos, levantó controversia este fin de semana cuando el propio sindicato de Hugo y Pablo Moyano dio a conocer las labores en los controles. El sábado el cotitular de la CGT le dijo a AM 750 que el sindicato que lidera «está colaborando para que no haya desabastecimiento» y para que se cumpla con los precios acordados. «Nosotros no sancionamos supermercados, sólo colaboramos para que no haya especulación. Denunciamos que se están encanutando productos”, apuntó el número 2 de Camioneros y agregó que su organización detectó que algunas compañías despachan «diez camiones y de esos sólo llegan dos a la góndola».

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