Organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) realizarán este martes una jornada de protesta con el corte del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, y marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio y Moreno, para solicitar una mayor asistencia de parte del Estado.
La movilización comenzará a las 10 y además se harán diferentes movilizaciones para llevar la protesta a todo el territorio. En total se esperan 87 cortes en todo el país.
«Será una gran jornada de protesta con muchos cortes de rutas en el Interior del país», anticipó el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni.
Bajo la consigna de «Con la comida de los pibes no», las organizaciones piqueteras de izquierda se movilizarán desde allí hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social y solicitarán ser escuchados por la minsitra Victoria Tolosa Paz.
La nueva jornada nacional de protesta había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa de la que participaron, además de Belliboni, Mercedes Mecha Martínez, de la agrupación la coordinadora de unidad barrial Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Mónica Sulle, referente del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y Cristina Mena, del MTR, entre otros.
«Si no hay respuesta, en la avenida 9 de Julio y en todo el país hay acampe piquetero. Convocamos a todas las organizaciones sociales a sumarse», sostuvo Belliboni.
El paquete de reclamos incluye una inmediata respuesta a la situación de miseria, hambre y explotación, la urgente solución a la falta de alimentos en los comedores populares y de herramientas en las cuadrillas de trabajo, y el pedido de aumento en los programas sociales, según anunciaron.
«La campaña electoral no es lo único que pasa en este país. Pasa que hace cuatro, cinco meses no se recibe comida en los comedores populares. El gobierno viene haciendo un ajuste», continuó el referente del Polo Obrero.
En ese sentido, el dirigente sostuvo que se han desviado los recursos que eran destinados a los planes sociales al pago de una deuda externa del FMI y a la campaña electoral, dejando a 100.000 personas sin ninguna asistencia del Estado.
