La comisión de Juicio Político arranca este jueves la etapa más delicada del proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema: la de investigación y citación de testigos que den cuenta – o no – del mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos. La primera audiencia testimonial será también una de las de mayor voltaje político, ya que, en medio de una marisma de denuncias por presiones ejercidas por miembros del Máximo Tribunal, comparecerán un puñado de funcionarios de la propia Corte Suprema. Ya fueron citados y, excepto dos que se excusaron, todos comparecerán. Para el Frente de Todos, sin embargo, el plato fuerte será la presencia de los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos: una suerte de «Ramos vs Ramos» – palabras de un diputado kirchnerista – a través del cual plantear el debate en torno al origen de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro.
Si bien el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se sustenta en 60 denuncias distintas, para el FdT existe un hilo conductor que une gran parte de estas acusaciones. Esto es: los chats entre el vocero de Rosatti y el exministro de Seguridad porteño. Para el oficialismo, las conversaciones filtradas -en las que Robles le daba instrucciones al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo debía actuar Juntos por el Cambio en expedientes que tramitaba la Corte- representan, si no una prueba, un indicio clave a partir del cual tejer la connivencia existente entre el Máximo Tribunal y la coalición opositora. Existe, sin embargo, una discusión en torno a la legalidad de la utilización de esos chats como medida de prueba, y es por ello que la comparecencia de Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla este jueves a las 11 en la comisión de Juicio Político resultará clave para la investigación.
JxC se vale, hace semanas, del fallo de Sebastián Ramos para insistir en que no se puede utilizar los chats como medida de prueba en la investigación debido al origen ilegal de los mismos. Esto es lo que había afirmado el juez de Comodoro Py cuando archivó una de las causas que investigaba las conversaciones entre Robles y D’Alessandro, aludiendo a que no se podían aceptar testimonios que hubieran sido obtenidos a través de «espionaje ilegal». Semanas más tarde, en otra causa, Alejo Ramos Padilla sostuvo, en cambio, que sí había que investigar porque no había elementos de prueba «serios y objetivos» que permitieran afirmar que las comunicaciones provenían de espionaje ilegal. El FdT buscará, entonces, interrogar al juez de La Plata con el objetivo de sostener esta misma postura: «Es un punto de partida importante para que se deje de hablar de espionaje ilegal», sostuvo una espada oficialista. A Sebastián Ramos, mientras tanto, también se lo interrogará por los fundamentos de su fallo – así como, probablemente, sobre el dudoso recorrido a través del cual la causa llegó a sus manos– y, en el caso de que se contradiga con «el otro Ramos», se abre la posibilidad de hacer un careo.
El jueves, a su vez, se presentarán cinco de los siete secretarios de la Corte que habían sido convocados. El FdT busca cuestionarlos respecto de los movimientos de algunas causas que circularon por sus secretarías, principalmente la de coparticipación y la del Consejo de la Magistratura. La mayoría de les diputades oficialistas, sin embargo, se muestran escépticos de que vayan a brindar muchos detalles sobre el accionar de sus jefes. «Estamos preparados para que digan que se amparan en el secreto de la confidencialidad», confesó un integrante de la comisión de Juicio Político. Y es que varios legisladores vienen dando cuenta, por lo bajo, de las presiones que están sufriendo algunos funcionarios a manos de los jueces del Máximo Tribunal.
«El que calla otorga. Si dicen que no pueden decir nada por la confidencialidad es porque algo tienen que ocultar«, sostuvo, mientras tanto, otra diputada. Y es que para algunos sectores del oficialismo, aún cuando los funcionarios de la Corte no hagan declaraciones, su comparecencia muda servirá para exponerlos. En el caso de los ausentes – que, según pudo saber Página12, serán Mario Jorge Cimadevilla (ex consejero de la Magistratura y testigo solicitado a pedido de la Coalición Cívica) y Adriana Valinotti (de la vocalía de Rosatti) -, estos justificaron su ausencia, por lo que el FdT no planea avisar al organismo disciplinario correspondiente para que se los sancione. De todos modos, los testigos están obligados a comparecer, por lo que si los funcionarios se niegan a presentarse en el futuro se le podrá pedir a un juez que expida una orden para que los vaya a buscar la fuerza pública.
«Ahora que se ha llegado a la etapa probatoria han entrado en pánico los que son dueños de la Corte, los grupos mediáticos hegemónicos y los grupos económicos concentrados», sostuvo Leopoldo Moreau, anticipándose a un clima que estará cada vez más caldeado. Y es que, además de las audiencias testimoniales, en paralelo se irán librando los oficios para conocer los cruces de llamadas telefónicas entre Robles y D’Alessandro, así como sus mails personales, entre otras medidas de prueba que, si bien no irán sobre el contenido de sus comunicaciones – porque para ello deberían pedir autorización de un juez -, resultarán clave para comprobar la naturaleza de la relación entre el vocero del presidente de la Corte y el funcionario de Larreta.
