En medio de protestas y críticas, se aprobó en la Legislatura el paquete para construir torres en Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca.
Con 36 votos a favor, del oficialismo y aliados; 22 en contra, del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, quedó aprobada la rezonificación de Costa Salguero; en tanto que el convenio con IRSA recibió 36 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.
El hecho se dio en medio de un fuerte reclamo contra estos proyectos de parte de la oposición de la Ciudad.
Mientras que afuera de la Legislatura cientos de manifestantes y militantes se opusieron con la consigna: «El Río no se vende».
Hubo organizaciones ambientales, políticas y sociales que rechazan las propuestas inmobiliarias del gobierno porteño.
Entre quienes convocan a esa protesta se encuentran el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que agrupa a varias organizaciones como el ODC, La Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular, el Frente Territorial Salvador Herrera y La Defensoría de Laburantes.
Luego de la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, quedó confirmado que los legisladores debatirían los dos proyectos que afectan a la ribera porteña: uno habilita la construcción de edificios en los predios públicos ribereños de Costa Salguero y Punta Carrasco, que suman 32 hectáreas.
Mientras que el otro autoriza a la empresa IRSA a construir un barrio con torres de 45 pisos sobre el humedal conocido como ex Ciudad Deportiva de Boca, que abarca 71 hectáreas y está ubicado en la Costanera Sur, lindero con la Reserva Ecológica.
También se votó un proyecto de ley que incluye 11 convenios urbanísticos entre la administración de Horacio Rodríguez Larreta y varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida, en parcelas de distintos barrios porteños.
El cuarto proyecto, en tanto, creó un «régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación», el cual fue definido como un «blanqueo» por legisladores del Frente de Todos (FdT), y como una «legalización de edificios ilegales sin considerar el ambiente urbano», por organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
