Los legisladores provinciales aprobaron este miércoles por unanimidad, aunque con algunas observaciones en particular, el proyecto que establece las modificaciones del Escalafón para la Administración Pública Provincial y del Régimen del Personal de Salud, con las que el Ejecutivo provincial quedó facultado para el llamado a concurso y pase a planta permanente de unos 5 mil contratados, además de recategorizaciones.
El proyecto -que inicialmente había sido presentado por los legisladores de Hacemos por Córdoba José Pihen, Sara García y Diego Hak- contó en el recinto con el apoyo de todas las bancadas ante la mirada de unos 200 dirigentes sindicales y empleados públicos que aguardaron desde las gradas y en la explanada de la Unicameral la aprobación de la propuesta del oficialismo.
El proyecto habilitó de esta forma al Ejecutivo para que en un plazo de 60 días corridos convoque a concursos de títulos y antecedentes para la cobertura de cargos sin precisar el número. Sin embargo, el legislador Pihen en su fundamentación se ocupó de asegurar que suman unos 5 mil los contratados de la administración pública en esa situación, algunos con hasta nueve años de servicio.
En lo aprobado se consignó que el número de puestos a concursar “será definido por el Ejecutivo en la convocatoria”, punto que fue cuestionado desde la oposición.
También se detalló que el alcance de esta modificación está dirigido para “el personal en relación de dependencia que se desempeñe en carácter de contratado, interino o suplente y que posea liquidación de haberes emitida por el Sistema de la Administración de Recursos Humanos del Gobierno provincial”. Por lo que, por ejemplo, los trabajadores contratados del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) no estarán alcanzados.
Requisitos para los aspirantes
Se dispuso, además, que los aspirantes para participar en los concursos deberán acreditar una antigüedad igual o superior a dos años dentro de la administración pública hasta la fecha del 31 de diciembre de 2021.
Este punto también fue cuestionado por la oposición por no contemplar en el pase a los monotributistas y becarios, y al personal de salud que ingresó a trabajar estos meses en pandemia.
Cambios para el personal de salud
También en lo que hace a los equipos profesionales de salud provincial se establecieron promociones cada dos años en las categorías de la 1 a la 9; y de tres años para las ubicadas en la 10 y 11.
Otra de las modificaciones para los trabajadores de salud que ya revistan como empleados de planta permanente, tengan el título y la matrícula profesional fue el derecho a solicitar el cambio de grupo ocupacional si acreditan “buen desempeño y una antigüedad de tres años en el sector”.
Tanto la defensa de las modificaciones de la ley 9.361 (Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial) como de la norma provincial 7.625 (del Régimen de Personal de Equipo de Salud Humana) fueron realizadas por el legislador Pihen, quien contó a lo largo de la sesión con el apoyo de sus pares del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Además de la intervención del presidente del bloque oficialista, Francisco Fortuna.
“Se abre la posibilidad de los concursos para que 5 mil contratados que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2021 y puedan pasar a planta permanente… pero también hay una segunda modificación que se abre respecto al escalafón que es el concurso de cargos de jefaturas…”, precisó Pihen acerca de los cambios que alcanzarán a los empleados hoy en relación contractual con la provincia.
“Hay que decir que este proyecto no aumenta la planta de trabajadores en la administración pública porque todos ya están, no es una erogación mayor…. Y aclaro que están los dos gremios que los representan en este proyecto”, insistió. Este punto fue cuestionado por la oposición por contemplarse sólo la participación del SEP y de la Unión Trabajadores de la Salud (UTS).
“Quiero insistir y pedir el acompañamiento porque este proyecto no tiene ni una coma o punto que no sea a favor de los trabajadores… El objetivo es lograr la dignidad del trabajador”, lanzó.
Las legisladoras María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal Córdoba) y Cecilia Irazuzta (Coalición Cívica-ARI) aprobaron en general, aunque fundamentaron su despacho por la minoría. “Acuerdo que son una mejora en las condición de muchos trabajadores del sector, pero vale la pena repetir aspectos que podrían haberse mejorado”, dijo al asegurar que los gremios nombrados en la modificación “no pueden arrogarse el universo de los trabajadores”.
“Existen inconsistencias que podemos resolver para un proyecto que tome las sugerencias y no perdiendo esta oportunidad de mejorar. Son soluciones a medidas de unos pocos y a corto plazo”, dijo Irazuzta al mencionar que estos cambios no alcanzan a los trabajadores provinciales fuera de la administración.
Los dos primeros bloques de la minoría, tanto Juntos UCR como Juntos por el Cambio, acompañaron el pase a planta y el llamado a concurso. “Es un paso importante, pero un avance insuficiente, pero también entendemos que se debe dar un marco legal correspondiente para avanzar en este tema”, dijo el radical Juan Jure.
A lo que Alberto Ambrosio (PRO) agregó: “No podemos desconocer el derecho de los trabajadores que necesitan una solución, hay que ir por la jerarquización del empleado público”. Aunque cuestionó que se no se haya alcanzado en tu totalidad a los empleados del área de salud, exigidos en tiempo de pandemia.
También las legisladoras de las dos bloques de los sectores de izquierda, Noelia Agüero y Luciana Echeverría, coincidieron en que las modificaciones son “un parche” y que no llegan a alcanzar a los monotributistas y becarios. “Son miles los trabajadores que vienen cobrando migajas cuando la provincia dice que tiene un superávit, cuando habla de la obra pública”, expresó Agüero. “No es la primera vez que se discute una ley y no son soluciones estructurales sino respuestas parciales a problemas graves”, aseguró Echeverría.
Los legisladores también trataron la nueva normativa para acceder a divisas, los coseguros de Apross, la aplicación de la ley de promoción y desarrollo de biocombustibles, y pedidos de informes vinculados a la seguridad planteados por la oposición.
