Las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de hechos de abusos policiales, en este caso durante operativos de control del ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio), suelen llamar la atención de los organismos internacionales. Para obtener datos del crimen del trabajador rural Luis Espinoza
, ocurrido el 15 de mayo pasado en Tucumán, el titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ignacio Rocangliolo, mantuvo una reunión con representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El organismo informó que en el encuentro convocado por la APDH participaron, además de Rocangliolo, la asesora en Derechos Humanos de la Oficina Coordinadora Residente de la ONU en Argentina, Valentina Guerra; los copresidentes nacionales de APDH, Guillermo Torremare y Soledad Astudillo; y los de directivos de la Regional Tucumán de esa organización, Pablo Jeger y Alejandra García Aráoz.
Ante los miembros de la ONU expusieron también los casos de Florencia Magalí Morales
, de 39 años, y Franco Maraguello, de 16 años, detenidos arbitrariamente por personal policial de la provincia de San Luis y alojados en calabozos de comisarías provinciales, donde aparecieron muertos pocas horas después de ingresar. Para profundizar sobre este tema adelantaron que se convocó a una próxima reunión, de la que participarán miembros de la Regional San Luis de APDH.
Luis Espinoza, trabajador rural de la localidad tucumana El Mecho, desapareció en mayo pasado, luego de que la policía de la localidad reprimiera a un grupo de personas por una presunta violación de la cuarentena, porque habían organizado una carrera cuadrera de caballos. Tras su desaparición, la familia encontró sangre y marcas de arrastre en el último lugar que fue visto. Su cuerpo fue encontrado el 22 de mayo envuelto en una bolsa y con un disparo en el omóplato, arrojado al fondo de un acantilado de Catamarca. Por el crimen se encuentran detenidos con prisión preventiva ocho policías y un encargado de vigilancia municipal, imputados por “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada” del trabajador.
«A Luis Espinoza lo mató la policía. A Ismael Lucena lo mató la policía. A Miguel Reyes Pérez lo mató la policía. A Facundo Ferreira lo mató la policía. A Walter Nadal lo mató la policía», escribió Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Al mencionar a Nadal se refirió al hombre detenido por bicipolicías en San Miguel de Tucumán que habría muerto de asfixia por la presión de la rodilla de uno de los uniformados en su cuello. «La lista podría seguir interminablemente. Los casos de homicidios en manos de agentes policiales son habituales en nuestra provincia, así como también son habituales los casos de violencia policial, los procedimientos irregulares y la falsificación de actas que presentan a diario ante los operadores judiciales. Sin embargo, luego de la escandalosa desaparición y asesinato de Luis Espinoza, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la propia institución policial, manifestaron que era un caso aislado», agregó en una columna publicada en el diario local La Gaceta.
El abogado recordó que «desde el regreso a la democracia ningún gobierno tomó la decisión de reformar la ley orgánica de la policía que data de 1970, tampoco modificaron la ley de contravenciones policiales, a pesar de que la Corte Suprema la declaró inconstitucional en 2010. Y hace pocos días la Legislatura sancionó una ley que brinda amplias facultades discrecionales a los agentes policiales para detener a motociclistas, sin siquiera haber dispuesto la autoridad de aplicación de esa ley». Por eso expresó que «es imperiosa entonces una reforma policial amplia, que prevea cambios profundos en el ingreso y formación del personal policial y sobre todo que contenga mecanismos y herramientas para impedir y erradicar la violencia institucional».
