Le prohibieron la salida del país
El expresidente fue convocado por el juez Martín Bava. Debe comparecer el próximo 7 de octubre. Por el mismo hecho, el magistrado también dispuso el procesamiento de la cúpula de la AFI macrista.
El juez Martín Bava citó a indagatoria a Mauricio Macri para el próximo jueves 7 de octubre y le dictó la prohibición de salir del país por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. El expresidente está imputado por haber ordenado y posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas sobre quienes buscaban saber qué había pasado con sus seres queridos que conformaban la tripulación del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017. Macri recibió la noticia de su primera indagatoria desde que dejó la presidencia desde Miami y fue su abogado, Pablo Lanusse, quien comunicó que el expresidente se presentará ante la Justicia, aunque anunció que desconocían la competencia de Bava para investigar a Macri. «Esto es un atropello y una persecución más en su contra», señaló Lanusse, en lo que presagia una embestida del macrismo para librarse del juez que subroga en Dolores.
El nombre de Macri sobrevoló cada una de las causas que se iniciaron por espionaje ilegal durante su gobierno. Sin embargo, hasta ahora, ningún juez había dado el paso de convocarlo a prestar declaración indagatoria y de decir que él fue el vértice del sistema de inteligencia que se dedicó al espionaje. Así lo hizo este viernes el juez Bava, que desde hace unos meses subroga en el juzgado de Dolores y, como tal, se hizo cargo de la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juan.
Bava entiende que Macri ordenó las tareas de espionaje que, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se realizaron sobre los familiares de los 44 tripulantes entre diciembre de 2017 y finales de 2018. «Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», detalló el magistrado.
Después de terminar el jueves con la ronda de indagatorias, Bava no solo llamó a indagatoria a Macri sino que procesó al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y a su número dos, Silvia Majdalani, que ya acumulan con este cuatro procesamientos por espionaje durante la era Cambiemos. Además, procesó al exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler y al exjefe de la delegación Mar del Plata de la exSIDE Nicolás Iuspa Benítez. La base de Mar del Plata es una de las sedes que históricamente la SIDE tuvo en provincia de Buenos Aires y, desde allí, se siguió y fotografió a los familiares de los submarinistas.
«No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan», escribió Bava.
Para el juez, lo sucedido con el submarino de la Armada Argentina fue el hecho que dominó la agenda política durante 2018 y eso explicaría por qué la AFI estuvo abocada a perseguir a los familiares que llevaban el reclamo. Los seguimientos se hacían, a entender del juez, porque «podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional» que encabezaba Macri.
El magistrado entiende que todo el accionar de la AFI obedeció a un sistema centralizado en cuyo vértice estaba Macri y que los agentes recababan información siguiendo lo que se conoce como el “ciclo de inteligencia”, donde establecen los objetivos que son prioritarios para el Poder Ejecutivo, por eso descarta literalmente el “cuentapropismo”, que es el argumento que invocan ante la Justicia Arribas y compañía para despegarse del espionaje que se llevó adelante durante el período 2015-2019. «Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri», resaltó Bava.
Génesis
La causa se inició en septiembre del año pasado tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que encontró documentación y fotos sobre los seguimientos a los familiares que se centralizaron desde Mar del Plata. Lo hizo mientras relevaba información que le había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el rol de las distintas bases bonaerenses de la AFI, en lo que se conoció como Proyecto AMBA.
Caamaño radicó inicialmente la denuncia en Mar del Plata, donde la instrucción estuvo a cargo del fiscal Daniel Adler. Allí se identificaron los hechos que ahora le imputan a Macri y por los que procesaron a Arribas y compañía. Sin embargo, el juez Santiago Inchausti entendió que debía tramitar conjuntamente con la investigación que llevaba adelante entonces Ramos Padilla sobre el Proyecto AMBA. Junto con el fiscal Juan Pablo Curi, Bava retomó la pesquisa cuando Ramos Padilla dejó Dolores para mudarse al Juzgado Federal 1 de La Plata.
Maniobras evasivas
Macri recibió la noticia del llamado a indagatoria mientras paseaba por Miami. La furia inicial se tradujo en una serie de tuits que escribió Lanusse, que también lo representa en la causa por el contrabando agravado a Bolivia. Como en ese expediente, Macri buscó victimizarse y denunció una persecución. La estrategia judicial la conversó entre otros con Lanusse y con su exministro de Justicia Germán Garavano.
La estrategia de Macri va a ser múltiple: va a apelar la prohibición de salida del país, va a recusar a Bava, pedirá nulidades y buscará retrasar la declaración indagatoria. «Va a pedir la postergación por su agenda de trabajo y por las elecciones», dijo a Página/12 una de las fuentes de consulta del expresidente en materia judicial. Macri no había sido notificado este viernes, por lo que probablemente estire cualquier presentación hasta la semana que viene. A priori, va a decir que tiene una agenda internacional.
Varios de los abogados ligados a la causa protestan que el llamado a indagatoria de Bava «calza con el cronograma electoral». Es la antesala de lo que será la verdadera jugada para sacarse de encima al juez Bava. En el macrismo, piensan cómo activar en el Consejo de la Magistratura una denuncia que presentó contra el juez el exfiscal general de la Ciudad Luis Cevasco, que patrocina a funcionarios macristas en varias causas. Fuentes de ese organismo entienden que esa maniobra no tendría chances de prosperar.
Macri puede recusar a Bava, pero sobre todo puede jugar la carta de que no es competente para juzgarlo si considera que daba las órdenes de espiar desde la Casa Rosada. En ese sentido, puede subirse a un planteo de inhibitoria que formuló su amigo Arribas en los tribunales de Comodoro Py el año pasado, cuando Ramos Padilla lo citó a indagatoria por el Proyecto AMBA. El 30 diciembre pasado, el camarista Martín Irurzun le dio la razón al exmandamás de la AFI y le ordenó al juez Ariel Lijo que reclamara la causa. Lijo le pidió la causa a Bava pero el juez de Dolores respondió que estaba a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata. A ese tribunal irán las apelaciones contra el procesamiento que Bava dictó este viernes.
