La comunidad educativa de las universidades públicas cumplió este martes su segundo día de paro en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento, que el Gobierno lleva 218 días sin reglamentar. La medida de fuerza se hizo sentir en las aulas y claustros de todo el país. A dos semanas de la cuarta marcha federal, docentes e investigadores redoblaron la apuesta con una huelga que en principio se extenderá durante toda este semana. Las aulas de la UBA y de las universidades nacionales de Mar del Plata, Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumán y Jujuy, entre otras, tendrán sus aulas vacías hasta el sábado. En este marco, contaron con la solidaridad de los estudiantes de los colegios preuniversitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires, que habían decido tomar los establecimientos y garantizar clases públicas para apoyar la lucha. En el Buenos Aires, la medida fue finalmente levantada este miércoles en asamblea, de común acuerdo con los no docentes, que tendrán elecciones gremiales. El Pellegrini recibió, además, la visita de los jubilados que, como cada miércoles, marcharon desde el Congreso.
“El Gobierno sigue sin darnos respuesta, haciendo oídos sordos”, dijo la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti. De seguir la Rosada en esta posición, agregó, “el normal funcionamiento de la universidad se va a ver muy afectado, pero creo que hay una voluntad férrea de nuestros docentes de que la lucha continúa”. Staiti adelantó que la semana que viene realizarán otro plenario de Secretarías Generales para discutir cómo finalizarán la primera parte del año y qué medidas adoptarán al inicio del segundo cuatrimestre, “con una situación que se agrava y con nuestros salarios que siguen derrumbados”.
Este martes, en Buenos Aires los reclamos se trasladaron a Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales. Desde allí, el docente de matemática en FCEyN Nicolás Igolnikov explicó que el objetivo de dar clases en la vía pública es “sacar la universidad a la calle y mostrar que no es algo que se hace puertas para adentro, sino que es para toda la sociedad”. Y, en este caso, resaltó que el objetivo fue exigir a los jueces de la Corte Suprema que cumplan con su responsabilidad.
Desde el inicio de la gestión libertaria los salarios docentes y no docentes se encuentran congelados, con una pérdida de poder adquisitivo que ya no puede sostenerse. Sólo en los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, alrededor de 260 docentes renunciaron a sus puestos para pasarse al sector privado. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEyN), hasta abril de este año, entre docentes e investigadores las renuncias llegaron a 438.
Arenaza sostuvo que la Corte Suprema no tiene un plazo de tiempo estimado para sacar la resolución de la ley. “Eso significa que esto puede salir mañana, en 10 días o en 10 años, y eso es algo que al movimiento estudiantil nos preocupa muchísimo”, expresó, por lo que en estos momentos llevan adelante numerosos espacios de discusión para resolver qué medidas de luchas tomar.
La cantidad de afectados es incontable. El estudiante de Química en FCEyN, Ulises Villanueva Biscia, ejerce como ayudante de cátedra de segunda durante 10 horas semanales, y este mes cobró 143 mil pesos. “Para añadir un dato: en lo que va de mes yendo a la facultad gasté 40 mil pesos”, determinó. Además explicó que su carrera “es cara por el tema del laboratorio, los solventes y otros materiales necesarios, entonces en muchos programas se empezaron a eliminar trabajos prácticos debido a los costos, lo cual termina en un detrimento del aprendizaje”.
Hace unos días, la secretaria general del Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, Leticia Medina, sostuvo que “hoy estamos con incrementos salariales que el Gobierno otorga de manera unilateral, todos los meses. En estos 27 meses de gestión, han sido por debajo de la inflación, y eso ha generado esta pérdida de cerca del 40% de pérdida salarial, el salario más bajo desde fines de los años 90”.
En la provincia de Tucumán, la asociación de docentes se sumó este miércoles a una movilización convocada por alumnos de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, para exigir el cumplimiento de la ley. Mendoza también se integró a las medidas nacionales, con distintas actividades de visibilización como clases públicas y campañas informativas.
El sindicato de docentes de Jujuy (Adiunju) difundió un comunicado en el que repudiaron “los ataques, agravios y campañas de desprestigio impulsadas contra las universidades públicas y sus trabajadores/as, ratificando el compromiso histórico de la CONADU Histórica con la defensa de la universidad pública, gratuita, científica, democrática, con ingreso irrestricto y al servicio de las necesidades de nuestro pueblo”.
El referente de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta, Diego Maita, declaró para un medio salteño que el gobierno nacional carga con cierta incapacidad para responder a las masivas movilizaciones realizadas por la sociedad: “Al día siguiente se hizo el anuncio de actualización salarial que es mala. Ahora, es verdad que el gobierno se sigue parando en la posición de no querer dar respuesta y tampoco se presta al diálogo”.
La preocupación es nacional, afecta a las universidades públicas de todas las provincias argentinas y, por consiguiente, a sus poblaciones. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) denunciaron que, mientras el Poder Ejecutivo no cumple la ley, decretó en abril un “aumento” de apenas 1,5 por ciento, cuando en ese mes hubo una inflación de 2,6 por ciento. Además, determinaron que este mes los salarios deberían haber aumentado “un 56% para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023”, y añadieron que el salario perdido desde que asumió Milei equivale a 12,1 salarios.
El apoyo de los secundarios
Este martes, los estudiantes del Nacional Buenos Aires decidieron en asamblea levantar la toma de los establecimientos para que este jueves los no docentes puedan votar con normalidad en sus elecciones gremiales, pero hay una voluntad de volver a tomar los colegios a partir del viernes.
La vicepresidenta del centro de estudiantes del Pellegrini, Victoria Arenaza, expresó la angustia de ver cómo “nuestras docentes se van de la escuela para trabajar en colegios de la ciudad porque ganan un 30% más, o en paralelo a la docencia trabajan de Uber porque no llegan a fin de mes”. Además, la estudiante determinó que “este es un problema colectivo, de todo el país, porque pone en juego el futuro de una Argentina con dignidad y soberanía, y eso no lo vamos a permitir”.
