La tensión diplomática entre Argentina y Venezuela sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que la Justicia que responde al Ejecutivo a cargo de Nicolás Maduro emitiera órdenes de captura contra varios funcionarios judiciales y figuras públicas de nuestro país que estuvieron relacionadas con el caso de Emtrasur, el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero de este año.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que había solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman y contra los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
La lista de personas buscadas se extiende también al diputado Ricardo López Murphy; al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Waldo Wolff; al legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro; a los abogados María Eugenia Talerico y Leonardo Camicher; a los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, Diego Iglesias; y a Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.
Las acusaciones realizadas por Saab incluyen «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir». Las autoridades argentinas todavía no respondieron oficialmente a la medida que representa un nuevo punto de inflexión en la fuerte crisis diplomática que atraviesan ambos países, comenzada con la llegada de Javier Milei a la Presidencia argentina y que se agravó tras las elecciones presidenciales en el país caribeño.
El avión de la discordia
El caso por el cual el régimen de Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.
El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.
Antes de la órdenes de hoy, la Justicia del país gobernador por Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. En ese entonces, Argentina respondió expresando su repudio a las órdenes de captura y destacando que el caso de Emtrasur fue “resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.
“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó en su momento la Cancillería argentina en comunicado.
