El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucionales tres artículos de la Constitución que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo aprobar a las apuradas y que afectan los derechos de las comunidades originarias y limitan el derecho a la protesta. «La reforma va en tándem con los objetivos de ajuste, hambre, miseria y represión», dijo Soria después de hacer la presentación ante el máximo tribunal.
Soria marcó en su escrito, que la situación generada tras la aprobación de la Constitución jujeña es una cuestión de “altísima gravedad institucional”. La acción declarativa de inconstitucionalidad que introdujo el ministro de Justicia –por pedido del presidente Alberto Fernández– apunta contra los artículos 67- inciso 4, 94 y 95 del recientemente aprobado texto constitucional de Jujuy por entender que son contrarios a la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las impugnaciones pueden dividirse en dos grandes grupos: las que afectan la libertad de expresión y las que afectan los derechos de las comunidades indígenas. El artículo 67 es el que consagra un derecho a la “paz social” y, para hacerlo, prohíbe toda manifestación que pueda ser considerada violenta. Para hacerlo, según advirtieron organismos de derechos humanos, la que tendrá la facultad de decir qué manifestación es pacífica y cuál no es la policía –que ya se la vio reprimir en las últimas semanas sin miramientos–. Ese mismo artículo, prohíbe los cortes de calles y de rutas y veda la ocupación “indebida” de los edificios públicos.
Por otro lado, están los artículos 94 –referido a las tierras fiscales– y el 95 –que se aboca al manejo del agua– que afectan a las comunidades originarias, que, pese a haber pedido ser escuchadas por la Convención Constituyente, no fueron recibidas por quienes estaban redactando el texto constitucional. “Entre el Estado provincial y la representación de los pueblos indígenas no ha existido un proceso libre de consulta y participación, dado que no hubo instancias de diálogo extendido durante un tiempo”, sostuvo el Ministerio de Justicia y advirtió que eso es una afectación al derecho a la libre determinación de los pueblos.
La decisión de recurrir a la Corte Suprema contra la reforma de Morales la tomó el Presidente la semana pasada, después de recibir pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que no solo alertaban sobre la represión, sino también sobre el retroceso que podría significar la puesta en marcha de la Constitución.
La CIDH, por ejemplo, urgió al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social mientras que el ACNUDH, desde su oficina regional en Chile, recordó que la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia. “No son situaciones abstractas, se trata de dos organismos internacionales de derechos humanos advirtiendo a la Argentina el compromiso de su responsabilidad internacional por las previsiones de la mentada reforma constitucional”, afirmó Soria. El pedido de inconstitucionalidad se hizo en un momento de particular tensión porque la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el jueves próximo al supremo Juan Carlos Maqueda por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)–.
Ambos lados del mostrador
La presentación de Soria advierte sobre el contexto en el que se aprobó la nueva Constitución de Jujuy. El antiguo texto constitucional, en su artículo 100, establece que los convencionales no pueden desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejercen sus funciones. Pero, en el mundo Morales, esa superposición fue posible.
Morales siguió en su cargo como gobernador y, a la vez, era constituyente. Lo que hizo fue jurar como constituyente el 22 de mayo, ser elegido presidente de la Convención y, después de un cuarto intermedio, pedirse licencia por 50 días para continuar a cargo del Ejecutivo provincial. La Constitución se aprobó en 20 días, pese a que debía tratarse en 90 días.
Después de que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, adelantara la presentación que este viernes formalizó Soria, Morales salió al cruce. “Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”, escribió en sus redes sociales el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en la fórmula que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. “Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la injusticia del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo”, continuó en la misma tónica que se plasmó en el artículo 67 de la nueva Constitución y que, para el gobierno nacional, tiene una concepción autoritaria.
