Una resolución del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que prepara el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, dejó al descubierto la existencia de una medida central que quedó inconclusa durante la etapa de instrucción del expediente, pese a lo cual la jueza María Eugenia Capuchetti apuró su elevación a la instancia oral con la afirmación de que no había encontrado vínculos políticos ni financieros. Se trata del pedido de acceso al contenido de redes sociales que utilizaban los tres acusados ligados al hecho material, que enfrentarán el juicio: Fernando Sabag Montiel (el asesino fallido), Brenda Uliarte (su novia considerada coautora) y Gabriel Carrizo (el jefe del grupo de vendedores de copos de azúcar que la pareja integraba). Las cuentas (de Instagram, Facebook, Twitter) fueron bloqueadas después del atentado, por norma de las empresas Meta y la exTwitter, con sede en Estados Unidos, pero es muy probable que hayan sido usadas por los implicados para comunicarse entre ellos y con otras personas (que bien podrían estar ligadas a la autoría intelectual y algún respaldo económico), más allá de publicaciones que podrían ser relevantes.
Prueba clave en disputa
El dato surge porque Capuchetti le pidió al TOF6 que siga con el trámite de reclamo de esa información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, órgano que ya pidió varias aclaraciones sobre el tema. Pero los jueces –Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari– rechazaron su planteo e incluso la instaron a que defina si le sigue interesando la información para la investigación que quedó abierta, conocida como «pista Milman», en referencia al diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), o «si ha cesado su interés por haber clausurado y elevado a juicio la presente causa». «Este Tribunal no puede completar una prueba que quedó a medio hacer en la anterior instancia y menos aún de oficio, con anterioridad a que las partes sean citadas a ofrecer prueba (para el juicio oral)», dice la resolución. Se preguntan qué podría ocurrir en estas condiciones si, en caso de llegar una respuesta de Estados Unidos, surge información que comprometa a los autores intelectuales, algo que evalúan como una posibilidad.
El primer exhorto a Estados Unidos fue librado por el juzgado el 19 de octubre del año pasado, un mes y 19 días después del atentado. No sólo incluye pedidos sobre cuentas de Instagram, Facebook y Twitter (hoy «X») sino de Gmail y Whatsapp. En el caso de Sabag Montiel es máxima la relevancia de esta información ya que poco se pudo extraer de su celular que apareció dañado, reseteado de fábrica, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria intentaba extraer su contenido. Lo que se conoce de sus Whatsapp es solo lo que aparece en los celulares de otras personas ligadas a él. Igual si es liberado el acceso esas redes puede haber sorpresas en todos los casos. Del propio expediente surge, por ejemplo, que Brenda –que tenía varias cuentas de Instagram– chateaba a través de esa aplicación con gente ya mencionada en la causa como el dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (una de las pistas que el juzgado desechó pese a que Sabag Montiel escribió en una carta al juzgado que él era quien debía designarle un abogado y a que entregó un celular borrado para su análisis).
Las autoridades estadounidenses hicieron varios pedidos de precisiones que fueron respondidos por la fiscalía de Carlos Rívolo. Al pasar el tiempo, la fiscalía debió pedir varias veces a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que se conserve la información de las redes ya que las empresas la desechan después de un tiempo. Ante el último requerimiento de información adicional, la jueza directamente informó que de ahora en más había que dirigirse y arreglárselas con el TOF6. Eso abre la duda: ¿No quiere más esa información para su causa pendiente? El tribunal le marca que en su elevación a juicio había señalado que Sabag, Uliarte y Carrizo tenían «su situación procesal resuelta y en del debate oral se debería analizar «los elementos probatorios aquí colectados». Entonces los jueces dicen que si ella no esperó esa información de Estados Unidos «no formó parte de los elementos probatorios…»
El tribunal no descartó que esta cuestión se plantee cuando se haga la llamada «instrucción suplementaria», donde las partes pueden pedir/ofrecer pruebas. De todos modos la fiscala de juicio Gabriela Baigún rechazó parcialmente la postura del tribunal. Dijo en su planteo, al que accedió este diario, que ella «está especialmente interesada en el resultado de dicho exhorto, ya que eventualmente permitirá acceder al contenido de las comunicaciones cursadas por los imputados por los imputados a través de las plataformas» y eso «no sólo hará factible la incorporación de nueva prueba idónea a la causa, sino que también habrá de suplir la defectuosa extracción llevada a cabo sobre el celular de Sabag Montiel en los albores del proceso, que imposibilitó que dicho dispositivo fuera debidamente peritado». Adelantó que esto integrará su ofrecimiento de prueba, pero como es «inminente» el vencimiento del plazo para responder a Estados Unidos, requiere que el tribunal le pida al Ministerio de Justicia que tramite una prórroga. Es decir, según Baigún esta prueba corre peligro.
Otro peritaje relegado
Durante meses la querella de CFK pidió que se peritara la caligrafía de un texto manuscrito hallado en la casa donde vivía Brenda Uliarte en San Miguel que desarrollaba la llamada Regla de Tueller. Es un protocolo que se utiliza en Estados Unidos y que se enseña a la policía y establece que la distancia mínima para poder defenderse con un arma de fuego del ataque con un arma blanca, es de 21 pies, lo que equivale a 6,4 metros. ¿Para qué querría una chica que vendía copos de azúcar y ofrecía material erótico en Only Fans conocer esa regla? Quienes quisieron introducirla en el país fueron Patricia Bullrich, cuando lideraba el Ministerio de Seguridad, y su número dos, Milman. Recién a mediados de este año fue ordenado el peritaje para entender si el escrito tiene la letra de Uliarte o de otra persona que se lo pudo haber dado.
Así las cosas, es una prueba que no se produjo aún y que –por ende– no entró al juicio oral. Sin embargo, tanto el Servicio Penitenciario Federal como la jueza intentaron hacer pasar por el TOF6 la autorización del trámite y la entrega para de «escritos, formularios y/o cualquier otro documento donde obren grafías originales correspondientes» a Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, para ser tomados como «indubitables» en el peritaje caligráfico. El tribunal primero dijo que era un tema burocrático del SPF.
La jueza insistió este mes en trasladar un pedido de la Policía Federal al tribunal oral para mandar escritos de Brenda y cotejar si coinciden con un estudio grafológico anterior. Los jueces dijeron que esta prueba tramita en el «legajo 45», en instrucción, al que ellos no tienen acceso y no forman parte del juicio. Insistieron en que tampoco les corresponde intervenir por ser una medida «que no fue ordenada por este órgano jurisdiccional, dictada en el marco de los testimonios que tramitan en instrucción, obrante en un legajo de investigación al que no tenemos acceso. Como es obvio estas idas y vueltas generan más dilaciones en lo que queda aún en instrucción, y que podría desembocar –si realmente avanza– en conexiones políticas o financieras detrás del atentado. Por lo que dijo Baigún, ella también intentará explorar en esa vertiente.Una resolución del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que prepara el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, dejó al descubierto la existencia de una medida central que quedó inconclusa durante la etapa de instrucción del expediente, pese a lo cual la jueza María Eugenia Capuchetti apuró su elevación a la instancia oral con la afirmación de que no había encontrado vínculos políticos ni financieros. Se trata del pedido de acceso al contenido de redes sociales que utilizaban los tres acusados ligados al hecho material, que enfrentarán el juicio: Fernando Sabag Montiel (el asesino fallido), Brenda Uliarte (su novia considerada coautora) y Gabriel Carrizo (el jefe del grupo de vendedores de copos de azúcar que la pareja integraba). Las cuentas (de Instagram, Facebook, Twitter) fueron bloqueadas después del atentado, por norma de las empresas Meta y la exTwitter, con sede en Estados Unidos, pero es muy probable que hayan sido usadas por los implicados para comunicarse entre ellos y con otras personas (que bien podrían estar ligadas a la autoría intelectual y algún respaldo económico), más allá de publicaciones que podrían ser relevantes.
