En el marco de las actividades en conmemoración del 47 aniversario de la revolución de 1979, Ortega dijo lo siguiente “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. El mandatario centroamericano apeló a un maniqueísmo apoyándose en las intervenciones imperialistas de Estados Unidos en Venezuela y Cuba.
Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Porras, la reforma anunciada por Ortega será presentada en agosto en el parlamento nicaragüense, que está controlado por el sandinismo. Además, la reforma contará con una “consulta relámpago” con otras instituciones también controladas por el oficialismo como la policía nacional, el ejército y centrales sindicales orteguistas.
Es decir, la reforma electoral la van a discutir los aparatos represivos del Estado y, para hacerla pasar como una consulta a sectores populares se incluye a sindicatos controlados por el propio régimen.
En realidad, el gobierno de Ortega se apoya en el “clima de época” que provoca la extrema derecha y su cuestionamiento reaccionario de la democracia burguesa. Esto, sumado al aumento de la injerencia imperialista en la región, son el telón de fondo que aprovecha el dictador centroamericano para “legitimar” su régimen autoritario.
Liquidación de las elecciones: subproducto del aplastamiento de la rebelión popular
Previo a la pandemia, en Latinoamérica tuvo lugar una ola de rebeliones populares, con los casos destacados de Chile y Colombia. En ese contexto, también estalló en Nicaragua un proceso de movilizaciones contra el gobierno de Ortega, el cual fue aplastado brutalmente por el régimen.
En aquel momento, sectores de la juventud, campesinos, trabajadores y jubilados encabezaron protestas contra el ajuste que impulsaba el gobierno de Ortega obedeciendo una propuesta del FMI, que reducía las pensiones y aumentaba las cuotas obreras y patronales. A lo anterior se le sumó el cansancio acumulado por la desigualdad y la corrupción.
Durante cinco semanas las calles de Nicaragua se llenaron de “tranques” (barricadas). Frente al apoyo masivo a las protestas, el gobierno desplegó un operativo brutal de represión que dejó más de 400 personas asesinadas, 2000 heridos y centenares de presos políticos. Grupos paramilitares cercanos al FSLN se adueñaron de las calles para atacar con armas de fuego los tranques, además de asaltar estaciones de radio y universidades.
La facilidad para operar contra la rebelión tuvo su clave, por un lado, en el brutal operativo represivo que lanzó el gobierno contra quienes se manifestaban y la contención de las centrales sindicales sandinistas (que contuvieron la huelga y tuvieron funciones de espionaje e, incluso, participaron en operativos paramilitares).
Tras derrotar la rebelión, el gobierno hizo una serie de cambios parciales al régimen. En el 2020 se aprobó la ley de agentes extranjeros, que prohíbe cualquier organización que reciba fondos internacionales sin estar bajo control del gobierno.
Para el proceso electoral del 2021, uno a uno todos los contrincantes de Daniel Ortega fueron declarados “traidores de la patria”. En ese mismo proceso electoral el abstencionismo llegó al 80%, aunque el gobierno anunció un gane con el 75% de los votos y una participación del 60%. En ese momento mantener los porcentajes electorales era un punto de apoyo para legitimarse ante las masas.
En el 2023, un total de 222 presos políticos del régimen que seguían en prisión bajo condiciones de tortura, de la nada fueron trasladados en autobús a un aeropuerto desde donde se les expulsó a los Estados Unidos, quedando privados de su ciudadanía y el gobierno confiscó todos sus bienes.
Además, luego de la rebelión, se instaló la persecución contra escritores, la prensa y movimientos sociales como el feminismo, o incluso sectores críticos del sandinismo que han recibido persecución política. Junto a ello, Ortega intensificó la purga dentro del mismo sandinismo, persiguiendo a figuras importantes de la revolución.
En 2025 fueron aprobadas una serie de reformas constitucionales que crearon la figura de copresidenta, se extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años y colocó al Ejecutivo como el encargado de coordinar los otros órganos estatales. Es decir, le entregaron el poder absoluto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Producto de estas reformas, por ejemplo, las elecciones del país centroamericano se retrasaron hasta el 2027.
Sobre ese saldo de la lucha de clases del 2018 Ortega afilo las armas represivas para avanzar en eliminar las libertades democráticas, la oposición, el otorgarle más poder a los aparatos policiales y la culminación con eliminar el performance electoral que había mantenido para legitimarse plebiscitariamente.
Del bonapartismo “corporativo” a la dictadura orteguista
Del 2007 al 2018 se puede hablar de un bonapartismo “corporativo” en Nicaragua, para ello el gobierno de Ortega se apoyó en dos mediaciones, a saber, la COSEP para dialogar con la burguesía y los sindicatos cooptados por el sandinismo para “incluir” a los trabajadores. Con la anterior configuración, a pesar de las constantes acusaciones de fraude, corrupción y otros, el régimen nicaragüense logró mantener una cierta estabilidad que se rompió en el 2018.
La familia Ortega y sectores cercanos se beneficiaron de los gobiernos del FSLN. El clan familiar amasó una fortuna superior a los US$3,000 millones, que procede de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) nació en 1972 y era la agremiación empresarial más grande del país centroamericano. Cuando nació se llamaba COSIP y era parte de sectores de la burguesía que se oponían a la dictadura de Somoza. Su relación con el sandinismo es ambivalente, pero tras el gane de Ortega en las elecciones del 2007 este sector buscó un acercamiento con el nuevo gobierno.
En octubre del 2007 Ortega llegó a proclamar en una reunión con empresarios de la COSEP que, “la mesa de empresarios es el mejor CPC (Consejo del Poder Ciudadano) que está funcionando como un verdadero gabinete, donde se toman decisiones”. Así esa instancia se estableció como un espacio de mediación entre las 27 cámaras empresariales que la conformaban y el gobierno nicaragüense. La relación se profundizó en el 2014, con un pacto de gobernabilidad entre el gobierno y la COSEP, que de paso eliminó la prohibición de la reelección presidencial.
Sin embargo, la relación se rompió en el 2018 al calor de la rebelión popular. Parte del plan impositivo del gobierno era subir las cuotas patronales, algo que no fue del agrado de la COSEP, por lo cual mostraron un apoyo público a la rebelión del 2018 (aunque su intervención también sirvió para contener la huelga).
El resultado de esa ruptura fue la respuesta represiva del régimen de Ortega-Murillo. El presidente de la COSEP en ese entonces, Adán Aguerri, quien antes era una de las figuras empresariales más cercanas a Ortega, terminó en la cárcel del Chipote. Asimismo, luego de la rebelión, el gobierno cerró 19 agremiaciones empresariales, entre ellas la COSEP.
Es decir, la respuesta del gobierno a la rebelión popular tuvo un cambio de calidad. Por un lado, pulverizó la organización independiente de la sociedad civil y, por el otro, se deshizo de una de las instancias de mediación bonapartista entre clases, la COSEP. Luego de ese año, el gobierno no volvió a construir una instancia similar, concentrando la relación entre facciones de clase de manera más directa.
Paralelamente al desmantelamiento de la patronal, los sectores verdaderamente beneficiados fueron la policía nacional y el Ejército. Entre el 2025 y el 2026, sus presupuestos se incrementaron un 12,1% mientras el del ejército lo hizo en un 25,46%. Por el contrario, otras partidas vieron reducido su presupuesto, como fue el caso de la educación que apenas creció un 2,17%.
También se beneficiaron a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), se trata de un conglomerado de empresas que abarca sectores clave como construcción, comercio, educación, ferretería, calzado y medicina. A través de esta instancia las élites del ejército ganaron 16 millones de dólares desde 2012 hasta 2024 a través de contratos estatales.
Esta reorganización de clase benefició a la familia Ortega, su círculo y el capital transnacional. desde el 2021 el gobierno de Ortega viene incrementando su relación comercial con China. Por ejemplo, en los últimos años otorgaron concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense e incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes.
Esto ocurrió tras sanciones de Estados Unidos contra varios integrantes de la familia Ortega que participan en la industria minera. En el país centroamericano esta práctica extractiva es un gran problema ecológico, pero que genera grandes ganancias a los capitalistas que ascendieron a 2.009 millones de dólares en 2025, un 44,4% más respecto a 2024.
Además de eso, las relaciones con China se han intensificado a través de préstamos internacionales, acuerdos de cooperación energéticos, de infraestructura, transporte y con la intención de construir un carril interoceánico. Este acercamiento se produce en un contexto marcado por la creciente disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China.
De la dictadura de Somoza a la dictadura de Ortega
“Hegel señala, en alguna parte, que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, por así decir, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”
Carlos Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, p 61.
La segunda mitad del siglo XX fue una etapa muy convulsa en Centroamérica, signada por el desarrollo de la lucha de clases contra las oligarquías, los gobiernos dictatoriales y la intervención imperialista de aquel entonces.
Sin duda, la revolución nicaragüense de 1979 representó el punto más alto de ese proceso de resistencia. Fue un proceso heroico del pueblo nicaragüense que logró derrotar a la dictadura de Somoza, pero que la dirección del FSLN se encargó de contener en los marcos del capitalismo, para lo cual reconstruyó el aparato del Estado burgués y puso en pie una “economía mixta”.
De forma paradójica, muchas de aquellas figuras que combatieron la dictadura somocista ahora son una nueva élite burguesa autoritaria que persigue a los opositores y reprime las movilizaciones. Ortega, que surgió como figura política en el marco de la revolución, es el mismo encargado de restituir un régimen dictatorial. En Nicaragua la historia se repitió como caricatura, con la particularidad de que fueron los antiguos “libertadores” quienes se convirtieron en los nuevos tiranos.
