Traducido y editado del portugués al español por Víctor Artavia.
El Congreso Nacional aprobó, el 12 de agosto, el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 114/2026, proyecto elaborado por el equipo económico del gobierno de Lula y apoyado por partidos del “Centrão” y de la extrema derecha.
La propuesta amplía gastos y beneficios fiscales para determinados sectores como los de fertilizantes y minería, mientras crea nuevos mecanismos de ajuste fiscal para 2027, afectando directamente áreas como salud y educación.
El PLP tiene como objetivo controlar el déficit y reducir el crecimiento de la deuda pública. De esta forma, el gobierno crea trabas para el aumento de los gastos obligatorios esenciales. Entre las áreas afectadas están justamente la salud y la educación. En 2027, estas áreas podrán dejar de recibir entre R$ 8,6 mil millones y R$ 16,6 mil millones en comparación con lo que recibirían según las reglas actuales, y este valor tiende a crecer en los años siguientes.
El proyecto aplica el mismo límite del marco fiscal (mecanismo creado por el ministro de Hacienda Fernando Haddad y sancionado en agosto de 2023, que opera de manera que, mientras haya déficit fiscal, es decir, cuando el gobierno gasta más dinero del que consigue recaudar con impuestos y otros ingresos, los gastos vinculados al marco no podrán crecer por encima del 2,5% por encima de la inflación). La consigna de los economistas burgueses y lo que motivó la creación del marco fiscal es el superávit primario: esto es, cuando el Estado recauda más de lo que gasta, quitando de la cuenta los gastos con la deuda pública. Esto demuestra que, en el capitalismo, la prioridad número uno del Estado es garantizar la valorización del capital, ante la cual cualesquiera necesidades sociales se vuelven secundarias. Las decisiones sobre cuánto invertir en salud y educación están condicionadas por una cuestión fundamental: si, al final del día, queda dinero para remunerar a los grandes capitalistas.
Además, la propuesta retira los ingresos obtenidos con la comercialización de petróleo y gas del cálculo de los Ingresos Corrientes Netos (RCL), base utilizada para definir el piso constitucional de la salud. En la práctica, esto reduce la obligación de inversión en el SUS, que, según la Institución Fiscal Independiente (IFI) del Senado, reducirá en R$ 4,7 mil millones el piso de salud en 2027. En el área de educación, otros R$ 5 mil millones serían ahorrados mediante la limitación del crecimiento de los gastos de educación básica y del Fondo de Amparo al Trabajador. Se suman también los efectos del adelanto de R$ 3 mil millones que serían destinados a salud y educación en 2027, pero que serán gastados ya en 2026.
No se trata de un episodio aislado. Los propios formuladores de la medida reconocen que este es apenas el primer ajuste de una secuencia de restricciones exigidas por las reglas del marco fiscal. La lógica es clara: preservar beneficios fiscales para los grandes capitalistas, garantizar recursos para el pago de la deuda pública y limitar el crecimiento de las inversiones en servicios públicos.
El PLP es una maniobra de transferencia de los gastos de servicios públicos hacia sectores como el agronegocio (solo los incentivos a los fertilizantes pueden costar R$ 5 mil millones en cinco años), la minería e incluso el Ministerio de Defensa, que será beneficiado con cerca de R$ 2,5 mil millones.
El gobierno se une al Centrão y a la extrema derecha en una votación casi unánime para sancionar un ataque histórico a la clase trabajadora, a la educación y a la salud, que continúa subfinanciada desde la creación del Sistema Único de Salud (SUS) en 1988. Dentro del gobierno, estas medidas, como el PLP 114/2026, son presentadas como un gesto hacia el mercado financiero, demostrando compromiso con el ajuste de las cuentas públicas.
La deuda pública y las renuncias fiscales constituyen dos grandes mecanismos de transferencia de la riqueza de los trabajadores hacia el capital. Mientras los principales tenedores y beneficiarios de la deuda son los grandes capitalistas (bancos y grandes empresas), la mayoría de los impuestos que van al pago de la deuda son pagados por la clase trabajadora. En 2025, el gobierno federal destinó un poco más de un billón de reales al pago de intereses de la deuda, valor casi equivalente a la suma de los recursos ejecutados en salud y educación.
Mientras derechos constitucionales como el derecho a la salud, la educación y la vivienda, pese a todos los límites de la constitucionalidad burguesa, permanecen deteriorados, cientos de miles de millones de reales son transferidos a bancos, fondos financieros y grandes empresas. Las exenciones e incentivos fiscales concedidos por el gobierno federal a grandes empresas en el país suman alrededor de unos alarmantes R$ 215 mil millones a R$ 490 mil millones por año, dependiendo del criterio de cálculo y de las renuncias sectoriales, siendo que una pequeña parte de grandes corporaciones concentra casi la mitad de este valor total.
Mientras opera una serie de mecanismos que retiran recursos de la salud y la educación en beneficio del agronegocio, la minería, los bancos y el gran empresariado, el gobierno de conciliación de clases de Lula tampoco actúa para hacer avanzar el proyecto de fin de la escala 6×1. Existe, incluso, el riesgo de que la votación en el Senado ocurra solamente después de las elecciones, lo que retiraría la presión sobre los parlamentarios que se posicionan del lado del empresariado para el mantenimiento de esta escala agotadora.
Al mismo tiempo, el gobierno se niega a emitir una MP (Medida Provisoria) para garantizar el aumento de la tarifa mínima de los repartidores de aplicaciones, de R$ 7,50 a R$ 10, además de R$ 2,50 por kilómetro recorrido. Estos trabajadores están sometidos a jornadas agotadoras y a condiciones que expresan la verdadera esclavitud moderna de las plataformas. No por casualidad, según los datos presentados, el 70% de las camas del SUS están ocupadas por repartidores de aplicaciones, revelando el impacto brutal de la explotación sobre la salud y la vida de los trabajadores.
Ante el engranaje que transfiere ingresos de los trabajadores al gran capital, costando incluso la vida de quienes trabajan sobre dos ruedas o en la escala 6×1, es un escándalo que el PSOL y sus tendencias internas (incluidas aquellas a la izquierda del partido, como el MES y la Bancada de la Izquierda Radical) legitimen y formen parte del gobierno burgués de Lula-Alckmin.
Tal traición a los explotados y oprimidos se profundiza mientras partidos como la UP y el PCB no se colocan directamente como oposición al gobierno, denunciando sus traiciones y construyendo una verdadera oposición de izquierda al lulismo y a la conciliación de clases. Esta alternativa de izquierda, que apuesta por la lucha en las calles contra los peligros de la extrema derecha y el imperialismo y reconoce la necesidad de superar la conciliación de clases de manera independiente, es aquello por lo que nosotros, de la Bancada Anticapitalista, apostamos.
(..)
Elaborado por el gobierno de Lula y aprobado con el apoyo del Centrão y de la extrema derecha, el PLP 114/2026 impone nuevas restricciones a las inversiones en salud y educación, mientras preserva beneficios fiscales para el gran capital. Ante estos ataques, desde la Bancada Anticapitalista llamamos a los trabajadores, estudiantes y movimientos sociales a unificar sus luchas y ocupar las calles para frenar el PLP 114/2026, conquistar el fin inmediato de la escala 6×1 y exigir una medida provisoria que garantice a los repartidores una tarifa mínima de R$ 10 por entrega y R$ 2,50 por kilómetro recorrido.
