Otra vez la Justicia le marcó la cancha a Javier Milei ante sus intentos de desoír la voluntad del Congreso. Así como pasó con la ley de Emergencia en Discapacidad, ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y calificó como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no aplicarla. Todos los sectores del Frente Universitario celebraron el fallo y le pidieron a la Casa Rosada que “cumpla inmediatamente” con la recomposición salarial y que actualice las becas de los estudiantes como sostienen el fallo. Los jueces dijeron que está en riesgo “el derecho a enseñar y aprender” y advirtieron sobre las consecuencias negativas de ir a la Corte Suprema sobre puntos específicos.
Los jueces de la Sala III analizaron los argumentos del gobierno de La Libertad Avanza para no cumplir con la ley – que fue votada por el Congreso y luego ratificada tras el veto– y vieron que alguno de ellos están muy flojos de papeles. “Resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta”, indicaron en el fallo en el que confirman la medida que obliga al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas.
“El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos”, dijo Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que presentó un amparo cuando el gobierno de Milei se negó a cumplir la ley porque sostenía que no estaba especificado de dónde saldrían los recursos. “Ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Sobre ese punto, tanto el juez federal de primera instancia Enrique Cormick como los de la cámara indicaron que el impacto fiscal estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso es de 0,23 por ciento del PBI, una cifra que “representaba un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) indicaron que el “Gobierno se jugó muchas fichas en la pulseada y ahora tiene que cumplir” hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Tiene que pagar el aumento sustancial de las becas y los gastos vinculados con los salarios, que representarían un aumento del orden del 50 por ciento para docentes y no docentes. Serían unos 200.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país”, le dijo a este diario, el dirigente de ese espacio Federico Montero.
“En estos dos años y medio, Milei vino a destruirnos el salario y ahora tiene que recomponerlo”, agregó la secretaria General de Conadu Histórica, Francisca Staiti. “Si se aplica la ley y realmente paga la deuda que tiene y si convoca a las paritarias de manera trimestral en base al Indec una buena parte del tema salarial va a estar resuelto. El tema es la voluntad política”, agregó.
El otro artículo que abarca el fallo de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán tiene que ver con las becas estudiantiles. Hasta el momento, los estudiantes cobran dos tipos de incentivos nacionales: las Progresar, que dependen de Anses y están en 35.000 pesos, y las Manuel Belgrano, que apenas superan los 80.000. La Federación Universitaria Estudiantil (FUA) incluyó en la ley la actualización de esos montos, que es lo que el Gobierno intentó frenar y la justicia rechazó. “No vamos a dejar de protestar y a movilizarnos hasta que no esté resuelta la cuestión material”, advirtió el presidente de la organización, Joaquín Carvalho. Además, dijo que “ahora la pelota la tiene Milei y que si no se cumple con la Justicia” volverán a las calles.
Sin embargo, desde el Gobierno anticiparon que presentarán un recurso federal extraordinario para elevarlo a la Corte Suprema (ver aparte). Ante ese escenario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que no cumplir la orden “es un caso de gravedad institucional sin precedentes” y sostuvo que “aún si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas”. En el Frente Universitario sostienen que si el gobierno de Milei no cumple el fallo, podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?. Esa es la pregunta que se hacen los jueces Fernández y Morán en el fallo. Y responden: “Es claro que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, podría decirse —en este análisis preliminar de la cuestión— que la respuesta sería negativa”.
Además, los magistrados ratificaron lo que dijo Cormick en la sentencia de primera instancia “sobre el deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado” e indicaron que “el juez de grado ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la parte actora de no concederse la medida solicitada”. Además de el ataque al derecho a enseñar y aprender.
Un escenario crítico
La situación de los trabajadores docentes y no docentes es acuciante: el deterioro del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de 7,3 salarios mensuales entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, lo que deja a los sueldos universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los peores desde el retorno de la democracia. Son datos relevados en un informe que las autoridades de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) presentaron en el CIN, que también muestra que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 por ciento desde que LLA lego al poder, lo que implica una reducción inédita para los gastos de funcionamiento.
“Lo que se necesita para que este año se cumpla la ley es el equivalente al 0,36 por ciento del PBI, que es la diferencia entre el presupuesto universitario actual y el que correspondería con la Ley. El Gobierno dice que no tiene plata para eso y, a la vez, en el proyecto de Modernización Laboral le dijo al Congreso que podía dejar de recaudar el doble. Es una provocación”, le contó a este diario el vicerrector de la UNGS, Germán Pinazo.
Desde los sindicatos y centros de estudiantes advirtieron que seguirán con el plan de lucha. Ayer, los gremios no docentes hicieron un paro universitario y movilizaciones. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) denunció además de la precrización del sueldo, los recortes en ciencia y en infraestructura. El secretario general, Walter Merkis, confirmó el alto acatamiento de la medida “ante el desamparo del Gobierno Nacional que ha elegido como enemigo al sistema universitario”. “Están logrando que todo lo que hemos logrado se esté perdiendo porque no cumplen con las leyes”, agregó.
Ayer por la tarde, desde los canales de información oficiales de la UBA difundieron un comunicado en el que se informa que descontarán los días de paro, algo que los gremios rechazaron. “Hablan de la emergencia salarial y se supone que defienden la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, amenazan con los descuentos que en los hechos es negar el derecho de huelga. Por otro lado, lo que exigimos es que nos paguen una deuda que está establecida desde la reglamentación de la ley”, dijo Ileana Celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docente de la UBA.
