Apenas una hora después de haber estampado la firma, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se sentó en un estudio de televisión para anunciar lo que definió como una “gran noticia” y una “primicia”: la adjudicación de la nueva obra social para la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval a la empresa Medicus.
Con un entusiasmo que poco tenía que ver con el rigor administrativo que declama, la funcionaria calificó a la firma como un prestador de “alto nivel” y “alta gama”, asegurando que el cambio representaba un hito “reputacional” para los efectivos. Sus afirmaciones no hacían más que recibir el respaldo y las felicitaciones de su entrevistado, Eduardo Feinman.
Pese a la escena de casi euforia con la que fue presentada la noticia, los documentos detrás del expediente EX-2026-28300658 revelan una ingeniería administrativa que fue diseñada, al parecer, para que el resultado fuera uno solo.
La nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) nació a principios de este año mediante el DNU 88/2026, con el objetivo de separar al personal de seguridad de la órbita de la cuestionada IOSFA, vaciada y quebrada durante la actual administración.
Matar a la IOSFA no era otra cosa que abrir las puertas al negocio varias veces millonario que implica proveer cobertura de salud a un padrón inicial de 197.000 personas, entre activos, retirados y familiares.
Para ello, el Ministerio de Seguridad convocó a una licitación pública a la que se presentaron tres oferentes: Avalian, la UTE Sanos-Premedic y Medicus. Hasta ahí, todo por los carriles legales.
La magia de los números
Pero para que los negocios no se escapen, había que jugar. Y jugaron.
El primer punto que llama la atención en el Dictamen de Evaluación es la metamorfosis de los precios. Según la documentación presentada originalmente, la UTE integrada por Sanos y Premedic ofertó una cápita de $125.200. Medicus, por su parte, propuso cobrar $133.750 por beneficiario. ¿Partido resuelto? Hubiera sido el desenlace lógico, al menos con cualquier administración que, como ésta, declame la austeridad y la correcta administración de los recursos públicos. Sin embargo, desde el ministerio convocaron a Medicus a volver a cotizar, tras lo cual los apoderados de Medicus presentaron una segunda oferta, ahora por $127.500.
La lógica y la aritmética indican que seguía habiendo diferencias, aunque ahora más acotadas. Y que el informe de evaluación técnica no tendría dificultades para optar. Sin embargo, por error, por omisión, o por acción deliberada, en la tabla comparativa de precios entre las dos oferentes, aparecen sendas ofertas por el mismo valor $127.500. “Mágicamente”, la UTE SANOS + Premedic ahora subía sus precios y se colocaba a la par de su retadora. El “retoque” fue supuestamente para que así lograra “encajar en los nuevos parámetros de la Unidad Operativa de Contrataciones”.
Una diferencia de $2.300 podría sonar bastante escueta. Claro que cuando se la multiplica por la cantidad de afiliados estamos hablando de un sobrepago de más de 450 millones de pesos mensuales. Al año son casi 4 millones de dólares.
Afiliados desaparecidos
Donde la balanza se inclinó de forma definitiva a favor de la ganadora fue en la evaluación técnica. En el rubro “cantidad de afiliados”, el Ministerio de Seguridad le otorgó a Medicus el puntaje máximo: 20 de 20 puntos, al reconocerle 236.898 socios. Mientras tanto, la carpeta de al lado recibía un humillante cero, pese a haber documentado debidamente su padrón de afiliados.
Atentos a esta omisión que los castigaba en el rubro que justamente mayor aporte hacía a la calificación penal, SANOS + Premedic presentaron un escrito ante la Dirección de Compras y Contrataciones con certificaciones oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Los documentos eran taxativos: sumaban 250.215 afiliados, superando incluso la cifra reconocida a Medicus. Sin embargo, la Comisión Evaluadora hizo oídos sordos y mantuvo el cero, garantizando que Medicus sacara la ventaja necesaria para quedarse con el contrato. Y vale el detalle: la diferencia en el puntaje entre una y otra ofertante fue de 9 puntos. El rubro “cantidad de afiliados”, aportaba 20 a esa escala. El cero resultó definitorio.
Un deudor de “alta gama”
Aún con el discurso de Monteoliva sobre la “excelencia” de la empresa ganadora, y el llamativo entusiasmo de quien la entrevistaba, lo cierto es que esa caracterización parece chocar de frente contra los registros de la propia Superintendencia de Servicios de Salud, autoridad de aplicación en esa materia.
Según la documentación mostrada en el informe de TLN Denuncia, la empresa adjudicataria arrastra al menos ocho deudas millonarias con el organismo por multas aplicadas en sumarios administrativos.
Y los montos no son menores: se registran certificados de deuda por $27.308.650, tres por $5.461.730 cada uno, y sumas adicionales que elevan el pasivo con el Estado por encima de los $63 millones, al menos en lo que se pudo documentar. Lo más grave es que la propia administración de la SSS dejó constancia de que estas multas se encuentran “firmes y consentidas”, lo que facultó al organismo a iniciar procesos de ejecución fiscal ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Aquí es donde la licitación cruza la línea de la ilegalidad. El Decreto 1023/2001, que rige las contrataciones de la Administración Nacional, prohíbe taxativamente que empresas con deudas pendientes con el Estado puedan ser adjudicatarias de organismos públicos. No obstante, quizás en el Ministerio de Seguridad hayan considerado que una ejecución fiscal es apenas un “detalle menor” frente a la reputación de la empresa.
Amigos de la casa
Para completar el cuadro de sospechas, surge un dato que la ministra Monteoliva prefirió no mencionar en su gira mediática: su mentora, Patricia Bullrich, es histórica afiliada de Medicus. Lo es ahora, tal como consta en el comprobante de empadronamiento (CODEM) de la ANSES, fechado el 21 de mayo de 2026. Lo era hace un tiempo, tal como se conoció en 2020, cuando la hoy senadora contrajo Coronavirus y eligió atenderse en los centros asistenciales de la empresa que hoy se queda con el multimillonario manejo de la salud de sus hasta hace poco subordinados.
Mientras la ministra Monteoliva celebra que los gendarmes tendrán “su credencial en el celular” a partir del 1 de junio, el expediente administrativo queda como testimonio de un proceso donde los números se adecuaron, los afiliados de la competencia desaparecieron y las deudas con el Estado fueron ignoradas. Medicus se queda con una facturación mensual garantizada de más de 17 millones de dólares, aunque antes de arrancar ya parece estar debiendo explicaciones.
Multas que el Ministerio no quiso ver
El concepto de “empresa modelo” que el Gobierno intenta asociar a Medicus se desmorona al analizar el listado de ejecuciones fiscales que la Superintendencia de Servicios de Salud tiene abiertas contra la prepaga. Son deudas con título ejecutivo ya emitido.
Entre los expedientes más relevantes destacan:
- Resolución 2024-1935: Una multa de $27.308.650,00 que venció en septiembre de 2024 y nunca fue abonada.
- Ejecuciones en serie: Bajo las resoluciones 2024-4289, 2024-2777 y 2024-2945, la empresa acumula tres deudas idénticas de $5.461.730,00 cada una.
- Morosidad persistente: Otros certificados de deuda por $6.094.478 y $2.730.865 completan un panorama de incumplimiento sistemático de las sanciones impuestas por el organismo de control.
La “Capacidad Económico-Financiera” debería ser un filtro excluyente en cualquier licitación de esta magnitud: Pese a ello, la Comisión Evaluadora del Ministerio de Seguridad optó por recomendar a la firma alegando que obtuvo 69.91 puntos totales, y “olvidando” que la propia ley prohíbe contratar a deudores del fisco.
