Con la firma de los diputados del Frente de Todos, las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de mayoría favorable a la construcción de ocho nuevas universidades nacionales, de las cuales cinco estarán emplazadas en territorio bonaerense.
Ellas son la Universidad del Delta (Tigre), Saladillo, Pilar, Ezeiza y de la Cuenca del Salado (Cañuelas). Las restantes son las de Río Tercero (Córdoba), Madres de Plaza de Mayo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Juan Laurentino Ortíz (Paraná, Entre Ríos). Siguiendo la tendencia histórica, las nuevas universidades desarrollarán su oferta académica junto con el entramado productivo local, considerando sus necesidades y posibilidades de desarrollo, priorizando cursadas más cortas y con inmediata inserción laboral y social.
El proyecto ya había sido tratado por las comisiones y llegó al recinto en diciembre pasado, pero la sesión se cayó por falta de quórum, ante la ausencia masiva de los diputados opositores. El desafío actual del bloque oficialista es reunir los apoyos necesarios para que la historia no vuelva a repetirse.
La presidenta de la comisión de Educación, la entrerriana Blanca Osuna, sostuvo que el espacio oficialista legisla «en respuesta a una necesidad de miles de familias donde sus hijas y sus hijos serán la primera generación de universitarios, jóvenes y adultos, trabajadoras y trabajadores que buscan acceder a la educación superior en instituciones de cercanía para desarrollarse en sus comunidades locales». «Para eso es clave el compromiso del Estado para la inversión educativa y lo asumimos”, agregó.
La diputada María Rosa Martínez, oriunda de Almirante Brown, es la impulsora de la Universidad de la Cuenca del Salado. En diálogo con BuenosAires/12, contó que «habrá tecnicaturas e procesamiento agroalimentario, producción vegetal, producción animal, arboricultura, auxiliar veterinario, gestión ambiental y enfermería y licenciaturas en gestión amiental, gestión de recursos naturales, administración agropecuaria, comercio internacional , tursmo y varias ingenierías».
«Por su ubicación, la universidad podrá recibir a estudiantes de los distritos vecinos: Brandsen, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, Las Flores, Lezama, Lobos y Magdalena«, concluyó.
La educación es política
El tema educativo se coló en la campaña desde que el candidato libertario Javier Milei prometió terminar con la educación pública y “subsidiar la demanda en vez de la oferta”. De allí surge su propuesta de aplicar un voucher que entregaría a cada familia para que pueda costear las carreras universitarias. Se trata de un sistema que ya tuvo su experiencia en Chile, aplicado desde la dictadura de Augusto Pinochet, que profundizó la desigualdad en vez de combatirla y fue, junto con el boleto de transporte público, uno de los reclamos de los estudiantes que dieron origen a las revueltas de fines de la década pasada.
Desde que resultó el candidato más votado en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y confirmó su intención de aplicar ese sistema para la educación superior, Milei recogió rechazo del grueso de los sectores políticos que entienden que la educación, en todos sus niveles, debe estar garantizada por el Estado. Es decir, entendiéndola como un derecho.
Uno de los que lo cruzó a través de las redes sociales fue el docente, economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, que acompañó su intervención con una serie de videos que se viralizaron rápidamente. “Nos dicen que hay que dejar de financiar escuelas y universidades para darte el dinero a vos, para que vos elijas. Vas a ser un cliente del mercado educativo. Pero, ¿qué pasa si muchos quieren ir a la misma escuela y no tiene vacante para todos? En ese caso, el precio aumenta. ¿Y quiénes van a poder acceder a esas mejores escuelas?”, se preguntó.
El tema es sensible también para la coalición Juntos por el Cambio. Mientras uno de los proyectos, el de la Universidad de Saladillo, lleva la firma del diputado de Evolución y jefe político de Martín Lousteau, Emiliano Yacobiti la posición de sus socios del PRO se sostiene firme desde el costado de quienes se oponen. Vale recordar que Yacobitti es actualmente vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene sus orígenes militantes en la Franja Morada, la fuerza que hace del acceso a la educación pública una de sus principales banderas.
En mayo de 2018, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal preguntó, retóricamente, ante un auditorio compuesto por miembros del Rotary Club de Buenos Aires: “¿Es de equidad llenar la provincia de universidades cuando acá todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad?”. La frase, que quedó inmortalizada en el incosciente colectivo es todavía una de las muestras más explícitas del posicionamiento de ese sector respecto al tema.
Quien siguió los pasos de la ex gobernadora esta vez fue la diputada de esa misma fuerza por la ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri, al tratar el proyecto de «estafa». Más tarde cruzó tuits con Jorge Rial y amplió: “La estafa es usar universidades como caja y refugio de funcionarios mientras la educación se cae a pedazos”. Curiosamente, la polémica se da en simultáneo al juicio por la explosión de la escuela de Moreno que acabó con la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, durante la estadía del PRO en la gestión bonaerense.
