Un tiempo antes de que la «Oficina del Presidente» anunciara sus candidatos para la Corte Suprema, sus actuales integrantes fueron consultados desde el Gobierno para saber cómo evaluaban dos nombres en particular: uno era el juez federal Ariel Lijo; el otro era Miguel Licht, actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación y exsecretario letrado en el alto tribunal. El trío mayoritario de supremos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- respondió en forma contundente que ambos resultaban «inaceptables» y no serían bienvenidos. Además, reclamaron la postulación de una mujer. Desde el Poder Ejecutivo no volvieron a preguntarles nada. Dejaron a Lijo pese a la objeción y cambiaron a Licht por el catedrático Manuel García-Mansilla. Ahí radica el gran enojo del trío de cortesanos: antes de asumir, Javier Milei había dicho que iba a consensuar los nombres con ellos. Como queda a la vista, amagó con hacerlo pero no sucedió.
Relaciones convenientes
La historia de la consulta por los nombres y la respuesta proviene de la Corte (en el Gobierno se hacen los distraídos) donde se leyó el anuncio de los candidatos como una postura desafiante. Lo que quedó claro es que Milei busca cambiar el escenario y la dinámica actual del tribunal. En algunos despachos de la Casa Rosada hablan de un temor a que la mayoría de tres juegue en contra, por ejemplo, en planteos por medidas como el DNU 70/2023 o alguno de sus aspectos y la coparticipación. La jurisprudencia del tribunal objeta los DNU, pero cuando resolvió en casos varios lo hizo con tres o cuatro años de demora. En otras oficinas no creen que la Corte vaya a poner en peligro la gobernabilidad atacando un plan económico, y que el objetivo era simplemente completarla. Como sea, todo indica que buscan desarmar la mayoría que viene funcionando como bloque, con Ricardo Lorenzetti en minoría.
Pese a los múltiples cuestionamientos a las postulaciones (en algunos casos dedicados a Lijo) desde distintos sectores como el círculo rojo empresarial, asociaciones de juristas o actores del ámbito del Derecho, referentes feministas y numerosas asociaciones de mujeres, incluso la de Mujeres Jueces, el Gobierno intenta avanzar con el proceso de selección que desembocará en el Senado, donde aún al parecer tampoco tienen garantizados los dos tercios, lo que requiere apoyo del peronismo.
La Corte no abandonó, pese al malestar, su relación institucional con el Gobierno. Necesita tenerla, además, para conseguir partidas para dar aumentos salariales y subirse al plan de implementar el Código Acusatorio (con protagonismo de los fiscales), en principio en Rosario, frente a la problemática de la violencia, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Lorenzetti construyó, al margen, su propio vínculo, algo que hizo con todos los gobiernos desde que llegó a la Corte. El trío mayoritario se mueve en forma sinuosa: pese al malestar con la candidatura de Lijo, Maqueda lo felicitó y Rosatti lo hizo a través de un conocido en común. García-Mansilla es un nombre que molesta poco.
El baile de los candidatos
Los candidatos pasaron por un análisis simple: quién estaría más cerca del espacio político libertario, pero sobre todo quiénes suponen en el Gobierno podrían llegar a obtener el acuerdo del Senado. Lorenzetti, enfrentado especialmente con Rosatti, logró por medio de una tarea fina imponer a Lijo, con quien tiene un vínculo estrecho hace años y ha sido su principal puente con Comodoro Py. En tribunales dan por hecho que Lorenzetti y Milei se reúnen seguido. El juez federal también tiene relación con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien representó a él y su hermano Alfredo (Freddy) en una causa por su patrimonio, archivada por Julián Ercolini. Cúneo defendió al candidato el miércoles al decir que todas las causas que tuvo fueron cerradas. El nombre de García Mansilla, como informó este diario, habría llegado vía Santiago Caputo –de gran confianza de Milei– con aval del ministro.
Lijo, como es conocido, es un hombre de gran influencia en los tribunales federales y que ha sabido construir vínculos con buena parte de la comunidad jurídica. No está claro qué posición podría tener ante temas de interés del gobierno, pero quienes lo tratan seguido dicen que, por ejemplo, sobre los DNU, tendría una posición intermedia, que podría inclinarse para uno u otro lado. Es un hábil negociador.
Las ideas de García-Mansilla, constitucionalista y decano de Derecho de la Universidad Austral, no son todas favorables al gobierno. Por empezar, considera inconstitucional el uso de los DNU. «Nuestros presidentes no deben utilizar un remedio excepcional como los DNU para sortear la oposición del Congreso. Esto y suprimir el Congreso son sinónimos», escribió en un artículo de 2004. A la vez tiene una posición que les interesa a Milei y Victoria Villarruel: está en contra del aborto legal, hasta expuso sobre el tema en el Congreso. Dedicó también artículos a cuestionar el juicio político a los supremos.
Licht, el candidato finalmente descartado, había llegado a la ronda de nombres con apoyo de parte de la colectividad judía y del procurador del Tesoro Rodolfo Barra, con quien escribió el Tratado de Derecho Administrativo. Junto con Barra son unos de los poquísimos juristas que tienen una opinión favorable a los DNU. A la vez tendría el aval de Lorenzetti. Tal vez dos nombres ligados a ese supremo era demasiado. O quién sabe. Lo que no le importó demasiado a Milei al momento de elegir fue cumplir con la diversidad de género y la igualdad. La incorporación de mujeres al alto tribunal no sólo aparece en el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner sino que se origina en la Constitución Nacional la que pide «la máxima participación de mujeres en todas las esferas, en igualdad de condiciones que el hombre…»
Lo que vendrá
Desde que el Poder Ejecutivo hizo públicos sus candidatos a la Corte, llovieron quejas. Las de asociaciones de mujeres eran esperables. Las que más llamaron la atención fueron las del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina), a las que se sumó la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia).
Las entidades empresarias difundieron textos durísimos: IDEA sostuvo que la Corte debería estar integrada por “personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración ante la opinión pública”. Es básico, planteó, para atraer inversiones. Señaló también que «hay destacadas juristas» que deberían «tener prioridad». En la misma línea, AmCham difundió un texto que pide: «que se garantice la designación de funcionarios comprometidos con la justicia y la equidad», «íntegros y honestos». «La confianza en el sistema judicial –agrega– es fundamental para crear un clima de negocios favorable». Hay quienes ven en estos comunicados la mano de Julio Saguier, director de IDEA, y Director Ejecutivo de La Nación, que critica fuertemente a Lijo.
Pese a todo este combo, el Ejecutivo oficializó la semana pasada a los candidatos: Lijo, para la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, y García-Mansilla, postulado por anticipado para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, invitado a jubilarse el 29 de diciembre cuando cumple 75 años. Para esto fue modificado el decreto 222 con el argumento de que Maqueda debía avisar un año antes (y no lo hizo) si quería renovar su mandato por cinco años, algo que a la vez debía refrendar el Ejecutivo. Entonces, dice la nueva versión, si se sabe con certeza que se producirá una vacante, se puede proponer un nombre por anticipado.
En las semana que empieza el 8 de abril probablemente se dé el primer paso en el camino hacia el Senado: se publicará en al menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y antecedentes de cada candidato, que deberá presentar ante el Ministerio de Justicia una declaración jurada de bienes, además de asociaciones y sociedades comerciales que integren. Se le pedirá información a la AFIP. En los 15 días posteriores los ciudadanos en general, las ONG; los colegios, asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar sus avales o objeciones respecto de los postulados. En los 15 días siguientes se eleva la propuesta al Senado. Allí pasarán por la Comisión de Acuerdos, donde habrá una entrevista pública y opiniones de la ciudadanía. Ahí se decide si se mandan los pliegos al recinto para decidir si finalmente se da acuerdo.
