“Los trabajadores no somos casta”, afirman las víctimas de un ajuste sin precedentes de La Libertad Avanza (LLA). “No sobran trabajadores; faltan políticas públicas”, aclaran las empleadas y empleados despedidos. Se estima que hasta el momento no les renovaron el contrato a 15 mil trabajadores de ministerios, secretarías y distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. Y que ese número provisorio aumentará más allá del fin de semana extralargo. Los trabajadores despedidos, la mayoría en situación de precariedad laboral desde el Estado, con contratos renovados año tras año, confirman que no hubo ninguna auditoría del gobierno y que se ha echado a personal con más de treinta años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegadas sindicales y empleados con licencia médica.
Patricia Agüero no pudo entrar a trabajar como lo hacía hace 18 años en el ministerio de Economía. El acceso a través de su huella fue denegado y así se enteró de que su contrato finalizaba el 31 de marzo. En Vialidad Nacional se quedaron sin trabajo ingenieros, topógrafos y abogados. Virginia Gallardo, delegada de ATE de Parques Nacionales que vive en San Martín de los Andes, recibió su telegrama tras 20 años de trabajo. Lucas Berengua fue despedido «de una forma cruel” después de 21 años en el Servicio Meteorológico Nacional y cree que tuvo que ver con la licencia que se tomó en 2023 para poder hacer un tratamiento médico. En Pami y varias áreas del ex ministerio de Desarrollo Social, en Enacom, el Conicet, la Biblioteca Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, Acumar, la Administración de Bienes del Estado; en todas las dependencias y los ministerios y secretarías del Estado hubo despidos a mansalva.
Hay un vaciamiento de áreas enteras. En la Anses, de la primera tanda de 851 personas a las que le llegó el telegrama de despido, unas 60 eran del sistema de cargas a nivel central, encargadas de liquidar las jubilaciones; esa área quedó en dificultades concretas para seguir funcionando. Las delegaciones del Enacom, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR) y los Espacios para la Primera Infancia del ex ministerio de Desarrollo Social, serán levantadas por completo en distintos puntos del país. En los CDR los trabajadores despedidos son 600. Allí la población más vulnerable podía acceder a gestiones como las pensiones no contributivas, asistencia por emergencias climáticas, programa alimentario, medicamentos y prótesis, asistencia directa y seguimiento de familias en situación de vulnerabilidad social o por violencia de género.
En la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que depende de la Jefatura de Gabinete, suman 331 despidos. La consecuencia inmediata de estos despidos es el cierre de todos los centros de atención del país que impide que las personas con discapacidad puedan iniciar los trámites para acceder a las distintas prestaciones; la demora en la tramitación de las pensiones no contributivas, la afiliación al programa federal Incluir Salud, la tramitación de medicación oncológica, la entrega de prótesis, rehabilitación, educación especial y sillas de ruedas, entre otros. A eso se suma el despido de las intérpretes de lengua de seña, que se traduce en la reducción del derecho a la accesibilidad en la comunicación.
“Yo elegí estar en el Estado”
Cuando María Eugenia Inglesini se recibió de Licenciada en Trabajo Social en 2004, tuvo muy claro cuál era su lugar en el mundo. “Yo elegí estar en el Estado”, dice y su voz se ahoga en unos segundos de silencio, en esa pausa previa a la irrupción del llanto. Podría haberse insertado en el sector privado, pero no fue esa su elección. Y no se arrepiente. “Yo voy a volver, no sé cómo, pero voy a volver a estar ahí porque siento que mi aporte a la sociedad es en el sector público. Por supuesto tengo que comer, soy sostén de familia y tengo un hijo con discapacidad”. El 1° de mayo de 2005 entró al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo una modalidad aún más precaria de la que tenía al momento en que la despidieron el miércoles pasado: le facturaba al Estado a través de un contrato con las universidades. Empezó en el programa Arraigo y fue pasando por distintas dependencias. En 2010 llegó a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En el 2017 se fue a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuando se fusionaron diferentes programas del Estado Nacional destinados a las personas con discapacidad. Intenta resumir su itinerario laboral en pocas palabras. “Trabajé seis meses con la comunidad wichi en el Impenetrable, en el Chaco; he llegado a lugares muy inhóspitos donde nadie llegaba y logré que el Estado estuviera presente”, pondera con orgullo.
De las ocho personas empleadas en la Andis echaron a seis. “Me dedico a la evaluación de las solicitudes de pensión. Hago el análisis de las solicitudes y en virtud de la legislación vigente determino si corresponde o no. Lo que hacía era atender a las personas que venían a tramitar las pensiones y articular con los gobiernos provinciales, municipales y otros organismos del Estado. También la articulación con los hospitales para la gestión de los certificados de discapacidad. Lo que hacía era muchísimo más de lo que está enunciado en un contrato laboral”, expresa la trabajadora social.
El hijo de María Eugenia tiene Trisomía 8, una extraña enfermedad genética. “Yo me quedo sin trabajo, pero también se queda sin trabajo la acompañante terapéutica que va todos los días a la escuela, la psicopedagoga, la psicóloga y el terapista ocupacional”, enumera el panorama al quedarse sin la obra social para cubrir los tratamientos de su hijo. Esta trabajadora social de 43 años, que va a solicitar la reincorporación por vía administrativa, el próximo miércoles se presentará en las oficinas donde trabaja junto al resto de sus compañeras y compañeros despedidos. “Lo que ellos están haciendo es sacarnos a nosotros, que somos los que estamos presentes en el territorio, para luego directamente suprimir las prestaciones o dejarlas en su mínima expresión”, analiza María Eugenia.
Aunque pertenece a la precarizada categoría de “los contratados” por el Estado, María Eugenia concursó para formar parte de la planta permanente, rindió los exámenes el año pasado, pero nunca se efectivizó su nombramiento en el Boletín Oficial. “Si el Estado precariza a los trabajadores, ¿qué queda para el pueblo? “, se pregunta y confiesa que no puede leer las redes sociales por los insultos y “barbaridades” que se escriben. “Hay gente que se puso contenta con los despidos porque siguen reproduciendo el estereotipo de la empleada pública de (Antonio) Gasalla. A aquellos que se quejan porque los trámites demoran hay que decirles que van a demorar mucho más si no estamos nosotros”, argumenta con paciencia y cuenta que también hubo gestos de solidaridad. “Si no están más, el miércoles vengo y rompo todo, le dijo un señor. ‘No, no rompa todo porque después es muy difícil recuperarlo. Sí acompáñenos en la lucha para que nos reincorporen y para que haya un Estado realmente presente”, le pidió.
Deshumanizados
Matías David Rodríguez Figueroa tiene 38 años, se define como una persona no binaria y está en unión convivencial con una chica trans, que también trabaja en el Estado y teme perder su trabajo. En el CDR de La Plata tramitaba el Potenciar Trabajo para mujeres víctimas de violencia de género y para personas travestis trans, y pensiones por discapacidad. Cuando hay inundaciones, por ejemplo, el trabajo se intensifica, la entrega de colchones y otros elementos para los damnificados se tramitaba allí. “Estuvimos funcionando los últimos meses sin una autoridad, veníamos con el temor de despidos desde enero, con esa angustia por un tuit de la ministra (Sandra Pettovello) en el que nos decía que éramos ñoquis, que éramos un aguantadero de militantes kirchneristas, cuando ni siquiera fueron a ver lo que hacíamos ni quiénes éramos”, repasa Matías.
La notificación de su despido le llegó a la tarde del jueves santo. “Esto muestra la deshumanización y el sadismo de este gobierno”, manifiesta este comunicador social nacido en Río Gallegos. Debe operarse un tumor en la espalda, y ahora teme no llegar a esa cirugía porque se quedará sin la cobertura médica. “Tengo el corazón en la boca, me acongoja más no poder operarme que ser despedido”, lamenta. “Este gobierno me despide, no me da ni siquiera la oportunidad de recuperarme y me deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Mi situación personal es horrible, pero hay personas que la están pasando peor. Y me llama la atención la poca empatía de un sector de la sociedad que celebra los despidos porque cree en consignas que ya vivimos con el macrismo, como la denostación del trabajador para justificar su despido. Como si nosotros fuésemos los culpables de que la economía esté quebrada y con nuestros despidos se vaya a recuperar el país”, plantea Matías.
Vaciados
Viviana Fernández Lecce trabajaba como empleada administrativa en la mesa de entrada de la misma dependencia. Esta mujer de 55 años, hincha del Lobo y con dos hijas,comenzó a trabajar en el Estado hace 15 años, primero en la Junta Electoral y luego en el Ministerio de Desarrollo Social. Viviana denunció en 2012 a su expareja, el fiscal Hernán Bustos Rivas, por incumplimiento de la cuota alimentaria. “Yo le voy a iniciar juicio al Estado, ya hablé con el doctor (Fernando) Burlando. El miércoles el gremio de UPCN va a pedir la reincorporación, como corresponde. Si me contestan que no, yo voy a juicio. No me voy a quedar con los brazos cruzados porque ya viví un montón de situaciones límites. Esto no me amedrenta para nada. Al contrario, me va a fortalecer, como me ha pasado siempre”, avisa Viviana. “Todos nos catalogan de ñoquis, pero acá no vino nadie a ver cómo estaba la oficina desde el 10 de diciembre que se fue nuestro jefe anterior. La realidad es que acá no hay ningún ñoqui. No sobran trabajadores; están confundidos”, destaca Viviana.
Verónica Müller es licencia en Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires y trabajaba desde marzo de 2021 en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Primera Infancia, perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), secretaría que despidió a 300 trabajadores. “Yo estaba a cargo de la generación de contenidos sobre temáticas relacionadas con la primera infancia; principalmente acompañábamos con capacitación, diplomaturas o distintas instancias de formación a educadoras y educadores de Espacios de Primera Infancia (EPI), a equipos técnicos provinciales y municipales. Eramos un equipo interdisciplinario de cinco profesionales y el área fue vaciada totalmente, no quedó ninguna de mis compañeras”, informa Verónica con el cansancio reposando en su voz y la preocupación por el vaciamiento de las políticas públicas. Los Espacios de Primera Infancia son jardines comunitarios que alojan a bebés y niñas y niños de entre 45 días y cuatro años. “Las personas que participan son docentes, pero muchas veces son madres cuidadoras o personas que están bajo el programa Potenciar Infancias y que recibían capacitación de manera gratuita, sostenida y certificada y que ahora se quedan sin capacitación. Con los despidos de los trabajadores del Senaf, los derechos de los niños y las niñas de todo el país quedan sin resguardo”, lamenta Verónica.
Acéfalos
La musicoterapeuta alerta sobre el maltrato y la violencia que están sufriendo los trabajadores estatales. “Desde que asumieron nos tuvieron sin autoridades designadas, las áreas están acéfalas porque ni siquiera salió la estructura formal del organismo. Presentamos líneas de acción para poder continuar con nuestros trabajos y estuvimos estos tres meses cumpliendo horario completo sin ningún tipo de tareas, a pesar de los distintos reclamos que hicimos. Estuvimos en nuestros trabajos en condiciones deshumanizantes, sin agua, sin aire acondicionado con la ola de calor, sin papel higiénico en los baños”, detalla Verónica. El equipo interdisciplinario que integraba percibió que había una alta demanda en torno de las salas de bebés. “El año pasado se incorporaron educadoras con el criterio de altas por bajas, es decir cuando había una baja por jubilación o renuncias se le dieron de alta a educadoras para que trabajen en esas salas que abrieron en distintos Espacios de Primera Infancia. Pero con el recorte que hicieron en diciembre de todos los contratos del 2023, estas educadoras quedaron sin trabajo, por ende las salas quedaron sin personas que puedan llevarlas adelante y tuvieron que volver a cerrarse”.
Cuando le consultaron a Sabrina Maino -que se presentó ante los trabajadores de la Senaf como la nueva directora a cargo del Plan Nacional de Primera Infancia- sobre las respuestas que deberían darles a las familias por las salas que se estaban cerrando, ella les dijo “que en su fundación Más Humanidad se trabaja con voluntarios; que se iban a tener que redistribuir las tareas y si era necesario van a tener que trabajar con más de 40 nenes y nenas dentro de la misma sala”, recuerda Verónica la desconcertante contestación de la funcionaria que todavía no ha sido designada en el Boletín Oficial, y menciona que también han ido a la Senaf las hermanas Bernardita y Cecilia Bordón, ambas exfuncionarias de la municipalidad de San Miguel, del equipo de Pablo de la Torre, el actual secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, reconocido antiderechos y defensor del inexistente «síndrome post aborto«.
“Esta gestión viene a profundizar la idea de meritocracia que comenzó a resonar en la época del macrismo; son momentos en que la individualidad está primando sobre lo colectivo y esto es un fenómeno que está dándose a nivel global -analiza Verónica-. Es importante y urgente una reflexión profunda: en qué colaboramos cada una de nosotras y nosotros para llegar a esta situación y cómo podemos cambiar para que esto no vuelva a repetirse”.
