Se pudo precisar que además se fijan ajustes semestrales del orden del 18 por ciento. A modo de ejemplo, una familia que renovó por $10.000 en diciembre de 2017, terminó pagando $ 21.000.
Las renovaciones de contratos de alquiler comenzaron a firmarse este año con incrementos del orden del 30 por ciento inicial y ajustes semestrales del 18 por ciento, de acuerdo a lo que indicó la Defensoría del Pueblo porteña.
Aseguró que en los últimos 24 meses, «los contratos de vivienda se renovaron con un 40 por ciento por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15 por ciento».
El organismo porteño señaló, de ese modo, que «una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 abonando cerca de 21.000 pesos».
«Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30 por ciento inicial y ajustes semestrales del 18 por ciento«, alertó. En ese sentido, subrayó que «el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50 por ciento anual«.
«La continuidad en el alquiler es fundamental para cualquier grupo familiar o inquilina con hijos a cargo, que necesitan arraigo barrial, escolar y sanitario», evaluó el informe.
Condiciones libres
Puntualizó que «el alquiler de vivienda familiar en la Argentina es de dos años y el locador o la inmobiliaria que lo representa fija libremente las condiciones de cada nuevo contrato que se firma entre amba partes».
«Durante el mes de enero, entre consultas y entrevistas presenciales, la Defensoría del Pueblo ya recibió cerca de 300 casos en los que se denuncian diferentes situaciones», sostuvo el informe del organismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Precisó que, de ese total, «un 41 por ciento es de inquilinos que finalizan contrato y no tienen a dónde ir, no pueden renovar porque le piden un 50% de aumento, están adeudando más de tres meses de alquiler o expensas o quieren rescindir por incapacidad de poder seguir pagando el ajuste impuesto al contrato».
En tanto, «otro 26 por ciento se acercó porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato, no se liquidan expensas extraordinarias, no le entregan factura para deducir ganancias, le cobraron ilegalmente comisión inmobiliaria o le realizaron contratos inferiores al plazo mínimo que establece la ley».
«Un 14 por ciento tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario», enfatizó el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Se pudo precisar, asimismo, que algunos contratos se renovaron por valores superiores a los antes apuntados.
