«Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar el bono y, encima, una multa«, aseguró la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, al referirse a la actitud que podría asumir parte del empresariado negándose a abonar el bono por suma fija de 60.000 pesos (en dos cuotas mensuales de 30.000), dispuesto por el gobierno esta semana.
«Es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a esas empresas», agregó la funcionaria en declaraciones radiales. Se refirió además a las críticas formuladas por entidades empresarias, CAME y la Cámara Argentina de Comercio en particular, que se manifestaron «profundamente preocupados» porque el gobierno «interceda en las negociaciones paritarias» para determinar un pago extra. «Son críticas políticas, las lanzaron antes de conocer las medidas, está claro que no coinciden con la mirada que tenemos desde el gobierno sobre la necesidad de restablecer cierto equilibrio en los ingresos en favor de los que más lo necesitan», les respondió.
En cuanto a la aplicación del incremento en los ingresos de los empleados registrados sobre los sueldos de agosto y septiembre, explicó que le corresponderá a «todos los asalariados de hasta 400 mil pesos de sueldo neto», pero a los que estén por arriba de los 370 mil, sólo recibirán la diferencia hasta llegar a los 400 mil pesos netos, contando en ese monto el bono no remunerativo.
En igual sentido, Fernanda Raverta, directora de ANSES, aclaró que el bono extra que cobrarán los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, de 37 mil pesos por mes a partir de septiembre, también lo recibirán quienes cobren más de la m{ínima y hasta 124.460 pesos, pero sólo por la diferencia hasta alcanzar esta últimancifra de ingresos totales.
Financiamiento a empresas
La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo anunció este martes una ampliación de $250.000 millones en nuevas líneas de financiamiento y subsidios de tasa para grandes empresas, pymes y monotributistas, con el objetivo de incentivar el nivel de actividad económica, en el marco del nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo pasado.
El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, detalló las medidas en conferencia de prensa. «La decisión política es asistir con financiamiento a los sectores productivos. Tenemos la convicción de estar al lado de la producción y queremos simplificar y agilizar para llegar a todas las empresas», señaló el funcionario.
Las medidas comprenden cuatro ítems principales:
* El primero tiene que ver con el incremento en 11 puntos porcentuales de la bonificación de tasa de los créditos CreAr para inversión productiva. Con esta medida, la tasa de interés para las empresas quedará en niveles 50% inferiores al de las tasas de mercado.
* La segunda iniciativa está destinada a monotributistas a partir de una línea de crédito garantizada 100% por el Estado nacional (a instancias del Fogar), con una tasa de interés equivalente al 50% de la que ofrecen los bancos. Por la misma, podrán «financiar la compra de herramientas e insumos vinculados a sus microempresas productivas para seguir expandiendo sus actividades», destacó Industria. La línea tendrá una tasa nominal anual del 61% y un plazo de 24 meses, con un tope de $4.000.000 por monotributista (según categoría).
También se brindarán garantías para pymes del 100% de los créditos solicitados en bancos (hasta $100 millones), para promover y acelerar el acceso a los mismos. Se estima alcanzar a alrededor de 2 millones de monotributistas.
* Por último, se comunicó la firma entre la Secretaría de Industria y 25 bancos y 25 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para que las entidades accedan a la información en el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE). De esta manera, se simplificará el acceso al crédito para las pymes, agilizando trámites y desembolsos en todas las entidades financieras del país.
También se refirió al paquete de medidas para recomposición de ingresos el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, quien informó que la inversión total por los beneficios a trabajaddores y jubilados asciende a 729 mil millones de pesos, una cifra que equivale a 0,5 puntos del PBI.
Castagneto, afirmó además que los controles de precios serán «estrictos», básicamente a través de un sistema de trazabilidad que permitirá detectar eventuales distorsiones en la cadena de distribución de los productos, que en el caso de las más de 400 firmas que adhirieron al acuerdo de precios justos, tendrán un aumento de hasta 5% mensual.
Las medidas para el agro
El secretario de Agricultura. Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y el subsecretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, dieron detalles de la eliminación de las retenciones para arroz, maní, tabaco, foresto industria, mosto, aceites esenciales y cáscara de cítricos.
«La eliminación de retenciones para las economías regionales es la continuidad de medidas que tomamos en ese sentido durante el 2020 y el 2021. En este caso, se eliminan por completo algunas alícuotas, con la excepción de los productos primarizados» y detalló que, «en algunas cadenas, la posición arancelaria baja a cero y, en otras, bajan de 2 a 3 puntos. Es decir, a mayor valor agregado, menor alícuota».
Por su parte, Neme señaló que el gobierno «financiará con dos programas del Banco Mundial (BM) el acceso a 5.000 kilos de fertilizantes para 70.000 productores en emergencia de hasta 50 hectáreas». «Ese fertilizante estará disponible en depósitos cercanos a los campos de los productores», agregó.
Por último, Bahillo explicó que los exportadores de soja tendrán un «25 por ciento de disponibilidad de divisas para la importación» de esta oleaginosa. La disponibilidad de divisas será por 30 días con el objetivo de garantizar la compra del poroto de soja, y así mantener la actividad, el empleo y las exportaciones.
