Una singular controversia se plantea con la llegada a Buenos Aires, este lunes, del buque Cutter James de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Con pompa, la embajada norteamericana en la Argentina informó que la tripulación del navío realizará ejercicios conjuntos con sus pares de la Prefectura, pero todo ello carece de la autorización del Congreso, requerida por la ley 25.880 sobre el ingreso de personal militar extranjero. En realidad, el trámite para el permiso se inició, pero nunca se completó.
Desde el Gobierno transmitieron que “como se trata de un buque que no es militar, si no de guardia costera, no se requiere la autorización”. Pero la ley es específica y marca claramente que la norma abarca también “a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misiones fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado nacional”. La pifiada es de la ministra Patricia Bullrich que el 9 de abril notificó al Congreso, pero no pidió autorización alguna. Como es obvio, el Cutter James no viene a hacer caridad: el objetivo es marcarle la cancha a la presencia China en el Atlántico Sur. Y, ya se sabe, contra los chinos, no hay ley que valga en la doctrina Milei.
A primera vista, la impresión es que se trata de otro papelón de la administración libertaria. Arrancaron presentando el pedido a la Comisión de Seguridad Interior, pero allí se alegó que no era su competencia. Entonces el trámite pasó a la Comisión de Defensa, porque se pedía el visto bueno para el ingreso de tropas extranjeras. Lo cierto es que el Congreso no produjo ninguna autorización.
En las redes sociales, la embajada de Estados Unidos les dio la bienvenida a los 150 tripulantes del Cutter James y especificó que “realizarán ejercicios conjuntos con sus contrapartes argentinas”. El comunicado señala que es uno de los barcos más grandes y tecnológicamente más avanzados de la Guardia Costera de Estados Unidos y que en el país del norte está dedicado a la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal. En este último tema, Washington plantea que los pesqueros chinos se mueven dentro de las 200 millas argentinas, algo que está controvertido: los barcos factoría -de distintos orígenes- argumentan que sólo trabajan de la milla 201 hacia afuera y lo cierto es que, ni en el gobierno anterior ni en el actual, hubo detenciones por violación de la jurisdicción. «Se los mantuvo a raya», dicen los ex funcionarios. Partiendo de esa premisa, todo el objetivo parece geopolítico: impedir la presencia de China en el mar o en la tierra del sur argentino.
En su atropellada alianza con Washington, se ve que Bullrich esquiva los mandatos legales. La ley votada el 23 de abril de 2004 es muy precisa. El título es “ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional”. En el artículo 2º especifica lo que abarca la norma: “entiéndese por fuerzas nacionales a los efectos de la presente ley, a la Armada Argentina, el Ejército, la Fuera Aérea, la Gendarmería y la Prefectura Naval”. Y en el artículo 3º, aclara que se trata de “fuerzas extranjeras” a las “instituciones de países extranjeros cuyas misiones sean similares a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional”. Eso abarca a la Guardia Costera que es una fuerza extranjera dado que su misión es la misma que la Prefectura Naval.
La jugarreta de la ministra consistió en firmar una resolución diciendo que los norteamericanos vienen por cuestiones protocolares y por adiestramiento. En realidad, lo protocolar consiste únicamente en saludos de rigor. Y el adiestramiento se entiende que es para cadetes, no para fuerzas en operaciones. La embajada de Estados Unidos, en cambio, lo dice de forma explícita: el Cutter James viene a realizar ejercicios conjuntos.
La base geopolítica de la presencia de EE.UU. es que en Washington sostienen que los pesqueros no son pesqueros sino una fuerza naval china -sin ofrecer ninguna evidencia- y que la Argentina no puede controlar el Atlántico Sur, que necesita la ayuda de Estados Unidos. Es la lucha contra el mal, que viene a ser China. “Los zurdos, el comunismo”, como diría el presidente Javier Milei.
Con esa óptica, Bullrich decidió pasar por arriba de la ley y no pedir ninguna autorización. Seguramente, la denunciarán diputados y senadores opositores.
