La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó este viernes su profunda preocupación por la media sanción de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Salta, en el que se establecen penas de arresto y/o multas para «quien difundiere noticias falsas» dentro del espectro digital.
A través de esta iniciativa, se podría sancionar a los ciudadanos de Salta, incluyendo a los medios de comunicación, quedando librado a criterio del gobierno de turno determinar cuándo una noticia es falsa o no.
«Se ha dicho, y repetido, que no hay impunidad para el ejercicio de la libertad de prensa. Quien pueda sentirse damnificado por una publicación, ya cuenta con la legislación vigente para recurrir a la Justicia», se indicó en un comunicado.
La entidad señaló que «el más grave de los artículos incluidos en la ley es el 50», que impone sanciones de arresto de hasta veinticinco días o multas «al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos».
Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» (fake news) son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y no deberían ser incluidas en legislación alguna.
Junto a los problemas de definición, se encuentra la dificultad de utilizar normas de naturaleza penal o contravencional para reprimir la difusión de informaciones o ideas.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, se encargó de destacar que la utilización de las sanciones penales en estos casos debe ser totalmente excepcional. En ese fallo de 2008, la Corte IDH condenó a la Argentina por su regulación del delito de calumnias e injurias y exigió que la sanción represiva de las expresiones sea absolutamente extraordinaria. Un año después, se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias», aseguró ADEPA en un comunicado.
Y agregó: «Toda regulación provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Argentino, y son, por ende, inconstitucionales».
La Rioja: Adepa alertó sobre «el riesgo de limitar las libertades de expresión y de prensa»
Por su parte, hace un par de días Adepa alertó sobre el «riesgo» de que el proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en La Rioja termine «estableciendo algún tipo de restricción a las libertades de expresión y de prensa».
«La preocupación se ve agravada por los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien al abrir esta semana las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia -que tiene como mandato aprobar una reforma a la carta magna riojana- se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de los aspectos claves de la misma», subrayó Adepa en un comunicado.
Al inaugurar la convención constituyente, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean «conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas».
«Por eso, otro de los aspectos a debatir es sobre libertad de expresión y gobernanza. Muy lejos estamos de censurar, pero debemos defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza», sostuvo el gobernador de La Rioja.
