La reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha la gestión de Mauricio Macri –y que permitía su incorporación a tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras, control de narcotráfico y terrorismo–, fue derogada por el Gobierno a través de un decreto que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Defensa Agustín Rossi. De esta forma se volvió a las reglamentaciones que regían durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que limitan la actuación del Ejército ante las agresiones extranjeras. El regreso al DNU 727/06 establece que las «agresiones de origen externo» están enmarcadas en «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».