La novela del cierre de las negociaciones de Argentina con el FMI todavía no ha presentado sus capítulos más interesantes.
Hasta ahora, aseguran analistas, sólo se llegó a un “entendimiento sobre temas generales”, en un marco donde el dato más relevante fue que el Gobierno dispuso pagar en tiempo y forma la cuota de 707 millones de dólares que vencía el viernes.
Todo lo demás está por verse. Tanto cómo se cierra la negociación y, lo más importante, cómo se cumple esa hoja de ruta de cara a suscribir alguna ve el clásico plan de facilidades extendidas.
Por los enunciados conocidos hasta ahora, ese camino será arduo y difícil, a menos que no se termine cumpliendo nada y todo esto sólo sirva para ganar tiempo y acomodar las cargas puertas adentro del oficialismo. El presidente Alberto_Fernández prometió que le escapará a un ajuste del gasto clásico.
¿Se cumplirá?
La Voz preguntó, precisamente, sobre el acuerdo y las posibilidades de que se cumpla a medio centenar de empresarios y ejecutivos cordobeses. Mayoritariamente califican de positivo al paso dado, pero francamente dudan de que se puedan alcanzar las metas.
Desde Washington, Sergi Lanau, exanalista del FMI y economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), ayer expresó lo mismo en un tuit inquietante. Con lo anunciado, “la financiación monetaria cae de más del 4% del PIB (Producto Interno Bruto) al 1% este año y al 0,6% en 2023. Parece una de las áreas donde la implementación será una verdadera lucha”, expuso.
Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral-Fundación Mediterránea, avanza en esa línea. “Los temas críticos para llegar a 2,5% de déficit primario no son inalcanzables, pero tienen elementos políticamente incorrectos. La forma de licuar algo los pasivos remunerados es la devaluación”, con un tipo de cambio que está atrasado 15 puntos. Pero Guzmán dijo que no lo hará así.
“Despaciiiiitooooooo”, ironizó la cordobesa Diana Mondino, al combinar el hit de musical con el acuerdo. “Continúan acuerdos de precios, sin cambios en políticas de tipo de cambio o estructurales, ¿quién paga el déficit hasta 2024?”, preguntó.
Lo mismo interroga otra economista, Nancy Villarruel. Nadie explica cómo se financiará el Tesoro con menos emisión. “Lo más sensato es el cierre de la declaración donde se percibe que, hasta ahora, sólo se ha llegado a un entendimiento sobre temas generales con autoridades del país deudor, pero en las próximas semanas se intentará llegar a un acuerdo técnico, y allí es donde se podrá avizorar nuestro derrotero fiscal y monetario”, agrega.
El plan no aparece
“Nada nuevo salvo la superación de la coyuntura límite en la que se estaba: reservas que languidecían, agitación cambiaria, inflación alta y persistente, inversión productiva nula y volatilidad extrema frente a la gran incertidumbre. Argentina ha logrado obtener una nueva chance cuyo mayor valor agregado es el tiempo”, interpreta Héctor Paglia, exministro de Finanzas de Córdoba.
Ese tiempo, señala, “debería aprovecharse para diseñar e implementar un programa integral y consistente.
Obsesionado desde hace años por la falta de un plan integral, Paglia recalca: “De nada vale la proyección de indicadores de déficit fiscal, emisión monetaria, reducción de subsidios económicos, tasa de interés y de más, si no se utiliza el tiempo conseguido con este entendimiento para dar el salto de calidad institucional y política que se necesita”, dice.
Cuatro “variables de ajuste” pasan por acelerar la devaluación y bajar los subsidios a las tarifas, recortar presupuestos para atender Covid y la obra pública, y tocar algo los giros a las provincias. En este plano, fue por otro tema, pero esta semana el Anses ya congeló a valores de 2019 los envios a las cajas de jubilaciones no transferidas, como la de Córdoba, para afrontar sus déficits.
“El tema son los subsidios a los servicios públicos, ahí hay plata en serio que se puede corregir rápido”, plantearon desde el Ministerio de Finanzas de Córdoba, ante una consulta. Ello explica en parte la postura del gobernador Juan Schiaretti: palabras más, palabras menos “ya veremos en el Congreso”, mandó a decir.
Si el Fondo lo dice…
Sobre la actualización tarifarias, hay poco margen para que no ocurra. “Si el acreedor declara, ‘acordamos que una estrategia para reducir los servicios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público’, habrá que ver cómo piensa el deudor cubrir ese bache”, refiere Villarruel.
“Seguramente, en el acuerdo definitivo, se establecerá un sendero de aumento, sobre todo en la generación de electricidad”, añade José María Rodríguez, economista especializado en temas energéticos. “Dado el nivel de subsidios, no hay otra manera de corregirlos que con un aumento de tarifas, sobre todo las de electricidad y seguramente también las de gas”, puntualiza.
Si bien en la Secretaría de Energía hay un esquema para bajar subsidios por rangos socioeconómicos, el tema divide aguas en el Gobierno entre “albertistas” y “cristinistas”. “La cuenta de los subsidios está en tres puntos del PIB”, recuerda Vasconcelos.
En el mercado hay consenso de que las actuales tarifas eléctricas solo remuneran entre el 30 y el 40% de lo que cuesta generar la electricidad. Pero las tarifas reales llevaron a Mauricio Macri a la derrota electoral, repiten los referentes del kirchnerismo.
Aún si ocurriera ese descongelamiento, no alcanzaría para aplicar políticas de cambio estructurales en materia energética, complementa Rodríguez. Poco y nada de nuevas centrales eléctricas o de más redes de gas natural.
Pagar y vivir
¿Podrá en ese contexto el Gobierno elaborar un plan económico plurianual consistente? “Conceptualmente un plan así debe responder a un proyecto que garantice la factibilidad de pagar la deuda. Las dudas surgen porque todo lo que se dice y habla refiera a un esquema que se basa fundamentalmente en el ajuste (del gasto) público”, advierte José Pihen, secretario general del SEP.
“En un contexto de altísima desocupación y pobreza, achicar el gasto es muy difícil”, indicó el sindicalista quien recuerda que ya el año pasado los empleados públicos en general quedaron con ajustes salariales “seis o siete puntos por debajo de la inflación que ahora hay que recuperar, dijo.
Desde otro lugar, la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que salió a avalar las expresiones del ministro de Producción, Matías Kulfas, cuando pedía un acuerdo con el Fondo, Marcelo Uribarren recalcó que “responsabilidad fiscal no es necesariamente ajuste: hay que coordinar ingresos y egresos”.
Y en eso le tiró la pelota también a la política. “Un plan económico sostenible debe tener metas para bajar la inflación, es difícil conseguir resultados si las peleas son tan radicales entre el oficialismo y la oposición”, alertó. Eso sin contar las que hay adentro del propio Gobierno.
