“Nuestro reclamo es legítimo, queremos terminar con la violencia contra la comunidades”, sintetizó uno de los comuneros que, en representación de los pueblos originarios que hoy sufren el atropello del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, fueron recibidos en Olivos por el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, en las rutas jujeñas se mantenían cortes contra la reforma constitucional y en La Quiaca se representaban “las crucifixiones” con las que las mujeres del altiplano reclaman justicia. La misma por la cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo una presentación exigiendo “una investigación penal urgente” por las acciones violentas de las fuerzas de seguridad provinciales.
Hubo disparos de balas de goma al rostro, detenciones arbitrarias “incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones», consigna el informe de la Secretaría encabezada por Horacio Pietragalla. Se utilizaron durante la represión, vehículos sin identificación y hubo “ingresos a viviendas particulares sin orden de allanamiento y policías infiltrados entre los manifestantes». Esto demuestra “una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del gobierno provincial”, remarca la presentación realizada ante la Justicia Federal. La denuncia se suma al hábeas corpus requerido para que se garantice el derecho a la protesta. Y motivó que el juez Jorge Zurueta solicitara que la policía provincial «se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes» y llamó a Morales «a una instancia de mediación”, hasta el momento incumplida.
El botín de los recursos naturales
Morales pretende desalojar de sus tierras a las familias indígenas para entregar los recursos naturales a los privados. Ese es su plan, explicaron los comuneros. Contra eso reaccionan las comunidades y eso los acercó al reclamo docente por mejores salarios. Esto sumó a los trabajadores de los ingenios azucareros, a los empleados municipales, a los médicos del sector privado, entre los muchos espacios que salieron a reclamar por los abusos de autoridad del gobierno jujeño.
De eso hablaron en la Quinta de Olivos, con la wiphala sobre la mesa de la sala de reuniones, los comuneros y Alberto Fernández. Los representantes de pueblos originarios le entregaron un petitorio al Presidente, con las necesidades que sostienen las protestas: entre ellas, declarar la inconstitucionalidad de la reforma.
También denunciaron el hostigamiento que sufren las comunidades desde que comenzaron las protestas. Una de las mujeres presentes en la sala pidió que dejen de perseguirlos “física y psicológicamente”. Entre los presentes en Olivos había personas que fueron detenidas; una que recibió tres impactos de balas de goma en la frente. Ante el Presidente, expresaron la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran.
Antonia, Rosa, Dora, Eva, María fueron algunas de las mujeres que detallaron «las persecuciones” y la represión violenta en las rutas. También cuestionaron que la reformada Constitución de Morales permite los desalojos de los predios que no demuestren titularidad dominial, aun cuando están prohibidos por la Ley de Relevamiento Territorial Indígena (la 26.160) prorrogada por decreto presidencial en 2022.
En el encuentro en la quinta de Olivos estuvieron también el presidente y el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni y Luis Pilquimán; el secretario general de la UTEP, Esteban «Gringo» Castro; y Ernesto Paillalef, del Movimiento Evita.
Racismo estructural
El hostigamiento bajo el que hoy viven las comunidades originarias evidencia el racismo estructural en Jujuy, que subyace «desde hace mucho tiempo», advirtieron los comuneros. «Tenemos causas abiertas por nada, de hace un año, dos años», explicaron. Por eso prefirieron no dar sus nombres ante la prensa, ni precisar las ubicaciones de sus comunidades. Pero representan “a casi toda la provincia”, aseguraron.
En Jujuy hay unas 400 comunidades indígenas. “Y aquí venimos representando a la Puna, la Quebrada y los Valles, y fuimos elegidos en la asamblea”, detalló María. Se refería a “la asamblea de Purmamarca”, el sitio donde se apoya el eje de sus reclamos: “Por el agua, por la tierra, y por la vida”, enfatizaron. “Que se vaya Morales”, reclamaron y pidieron que se reconozca que “la violencia con los pueblos originarios es histórica”, en palabras de Antonio, quien habló ante el Presidente sobre la historia de esta lucha. “Somos los representantes del Tercer Malón de la Paz, somos los nietos de los que caminaron el primer Malón, en 1946, y estamos pidiendo lo mismo que ellos: tierras y justicia”, afirmó al salir de la audiencia.
«Somos gente de trabajo, somos trabajadores rurales, no somos delincuentes, ni somos ignorantes. Ni pertenecemos a ningún partido”, se defendió María. Ya camino al centro porteño, luego de la audiencia, recibió un mensaje: “Ya llegaron los maestros a Purmamarca, caminando llegaron –le explicó a esta cronista-, avisan eso”. Los demás comuneros respondieron: “¡Jallalla!”. Y hubo sonrisas en los rostros donde el cansancio era evidente. Las mismas sonrisas que volvieron a verse cuando visitaron a los referentes de las distintas CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Luego se dirigieron a la vigilia que se mantiene en señal de protesta en las puertas de la Casa de la Provincia de Jujuy, en CABA.
