El Presidente lo tiró la noche anterior, como todo un logro de gestión: «echamos a 50.000 empleados públicos, no solo eso, ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000”, alardeó. Fue en su estilo de cifras grandilocuentemente falsas -también para esto-, que luego fueron corregidas por el vocero: Adorni aclaró que “del universo de contratos analizados», que estiman en 70 mil, los despidos serían por ahora 15 mil, «y el resto se renueva por seis meses». «El trabajo es muy quirúrgico, entonces los tiempos son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado», abundó en crueldad, por si hacía falta. Lo cierto es que el cierre de mes llega con miles de despidos en distintas dependencias públicas del país, en una cifra que continúa abierta porque al cierre de esta edición los trabajadores seguían recibiendo notificaciones de bajas, y se sabía que continuarían de aquí al 31, más allá del feriado largo. Esto, sin contar los despidos en organismos descentralizados y empresas públicas, o los casos de «suspensión ad eternum» y levantamientos de áreas y programas completos, como en los medios públicos.

Además de las familias que quedan en la calle, este desguace significa en los hechos que hay áreas enteras que dejan de funcionar (las oficinas de Anses o de Desarrollo Social en puntos territoriales clave, absolutamente todas las delegaciones provinciales del Enacom, entre otras). Que hay otras que quedan con serias dificultades para cumplir la tarea que les da sentido (las bajas de los famosos «artículo 9» -de la ley de empleo público 25.164-, o «resolución 48», contratos «a plazo fijo» que se siguen renovando anualmente gestión tras gestión, y que nunca fueron transformados en empleos formales, abarcan a muchas personas con décadas de experiencia en lugares clave). Y que hay tareas vitales que ya mismo están quedando suspendidas: como informó Raúl Kollmann, por ejemplo, los primeros jubilados en cobrar en abril, del miércoles 3 al viernes 5, no sumarán el aumento ni con el bono anunciados, porque ya no hay tiempo ni gente suficiente para procesar esas liquidaciones.

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Poco tuvo de «quirúrgica», siquiera de justificada, la motosierra que arrasó con cada área del Estado. Hubo casos de sinceridad brutal, de blanqueo explícito ante los gremios. El reemplazante de Osvaldo Giordano en la Anses, Mariano de los Heros, por ejemplo, manifestó abiertamente que su tarea en el organismo era la de «reducir entre un 30 y 40 por ciento la planta». Allí, de la primera tanda de 851 personas a las que les llegó el telegrama de despido entre el viernes y lunes pasado, unas 60 eran del sistema de cargas a nivel central, de allí la imposibilidad de liquidar correctamente las jubilaciones. Pero ya se anunció que vendrán más. Paralelamente, se echó a andar el rumor de renuncia de De los Heros, durante toda la jornada. Por lo pronto, los vasos comunicantes que existían con los gremios (siquiera para decir que no hay negociación posible alguna) se cerraron.

Para todos y todas

Anses. Pami. La Agencia Nacional de Discapacidad. Los Centros de Referencia (CDR) y otras áreas del ex ministerio de Desarrollo Social (actual secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de Capital Humano). El Servicio Meteorológico Nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Inta. El Senasa. El Conicet. La Biblioteca Nacional. El Enacom. El Instituto Geográfico Nacional. Acumar. Parques Nacionales. El Instituto Nacional de Administración Pública. La Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Administración General de Puertos. Todas las dependencias de todos los ministerios y secretarías del organigrama del Estado. En todos, absolutamente todos los lugares del Estado, llegaron los despidos a mansalva.

Las formas en que se enteraron los trabajadores despedidos son diversas. Todas crueles. Algunos, por WhatsApp. Otros por Twitter. Otros, por mail. Los 121 avisos de la Biblioteca Nacional llegaron por esa vía, anoche a las 21.30. Otros se supieron despedidos directamente al intentar ingresar a sus lugares de trabajo, y no poder hacerlo. Los menos, por el sistema de comunicación oficial de la administración pública, el GEDE, la vía legal cuyo funcionamiento la nueva administración parece desconocer. Incluso se evidencia imposibilidad para chequear los expedientes electrónicos: en Capital Humano, por ejemplo, llegaban notificaciones de fin de contrato en los términos del artículo 48 (los que vencen a fin de mes) a personas con cargos concursados, de planta permanente.

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«Estimado/a: Se notifica que conforme a la normativa vigente, su contratación que vence el día 31/03/24 no será renovada. Los elementos de propiedad de la Secretaría que se encuentren a su cargo (computadora personal, celular, tablet, token, etc) deberán ser devueltos a las áreas correspondientes durante la primera semana de abril», llegó en la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo efecturar la devolución si ya no podrían ingresar?, se preguntaban las y los trabajadores.

Hasta ese tema, el de qué hacer con los elementos de trabajo, cómo cuidarlos, cómo conservar de alguna manera el trabajo realizado, apareció como una incógnita en medio de la angustia y el desconcierto masivos. Porque en muchos lugares, además, nunca fueron nombrados los referentes o funcionarios intermedios de la nueva gestión. Con lo cual las y los trabajadores no sabían cómo proceder: ¿qué pasaría, por ejemplo, si las computadoras eran robadas o había daños en los mobiliarios tras los cierres de las oficinas? El colmo del desprecio y la improvisación se vivió en los centros regionales de Desarrollo Social: allí algunos se enteraron de los cierres porque los propietarios de los locales (todos alquilados en lugares donde se necesitaba hacer accesible la gestión para la población más vulnerable) aparecían para mostrar las instalaciones a nuevos locatarios. Y esa era la primera pista que tenían sobre el futuro de sus trabajos.

«Esta es la primera vez en 18 años que pongo la huella y no puedo entrar. Siento que me tiemblan las piernas”, lamentaba ayer por la mañana Patricia Agüero en las puertas del Ministerio de Economía. «Trabajo 8 horas todos los días desde hace 18 años. No soy una ñoqui y no vi a ninguno en este lugar. Hoy, como un día más, pongo mi huella y me da acceso denegado», denunciaba. Su contrato es uno de los que fue cambiado por la gestión Milei: en lugar de extenderse a diciembre, como todos los años, termina el 31 de marzo.

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Despidos sobre despidos

«El ministerio de Capital Humano informa que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que actualmente funcionan como cajas de la política y aguantaderos militantes. La medida constituye un ahorro anual de $5.000.000.000″, se había apurado a anunciar, con feliz desprecio ideológico, Sandra Pettovello a principios de mes. Así llegaron cientos de despidos en dependencias de todo el país.

La guadaña de esa primera etapa fue por demás improlija. Abarcaba a embarazadas, delegados, personas discapacitadas y por lo tanto protegidas por ley. UPCN además negoció la reincorporación de muchos de sus afiliados, lo mismo en Andis, la Agencia de Discapacidad. Hubo un barajar y dar de nuevo, se lograron muchas reincorporaciones. Ayer varios de aquellos reincorporados volvieron a aparecer en las listas de despedidos.

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