El falso abogado D’Alessio y los ex comisarios Bogoliuk y Degastaldi se negaron a declarar ante dos jueces distintos en causas parecidas, donde los denunciantes relataron maniobras de extorsión. Una de las denuncias es de 2016.
Silencio. Tres imputados en el expediente de las operaciones de inteligencia para extorsionar, apretar y manipular causas –con el fiscal Carlos Stornelli como investigado– se negaron ayer a declarar ante dos jueces distintos. Aunque judicialmente no puede ser usado en su contra, es evidente que no pueden hablar porque las pruebas los incriminan en forma categórica. La metodología es la misma: le hicieron creer a la víctima que estaba en peligro de ir a la cárcel y en dos casos intentaron sacarle dinero –con Stornelli en el medio en una ocasión– y en otro lo obligaron a ir a declarar, como una especie de arrepentido, en la fiscalía de Stornelli. Con un aditamento importantísimo: distintos medios fueron publicando las historias, confirmando que había investigaciones contra las víctimas y que en cualquier momento llegaba la fuerza pública para hacer las detenciones. El falso abogado Marcelo D’Alessio fue llevado ayer a Comodoro Py para declarar como imputado por extorsionar a un comerciante llamado Gabriel Traficante, a quien intentó sacarle 90.000 dólares para, supuestamente, aliviar su situación en un expediente en el fuero penal económico. A la misma hora, dos ex comisarios de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, que están detenidos desde el lunes, llegaron ante el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores, y debían responder por varias extorsiones, entre ellas la del empresario Pedro Etchebest y el ex empleado de Pdvsa, Gonzalo Brusa Dovat.
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Algunos esperaban ayer que los dos ex comisarios hablaran ante el juez explicando que no tenían nada que ver con las extorsiones ni las manipulaciones en las causas judiciales ni en declaraciones armadas ante el fiscal Stornelli. Incluso estaba la posibilidad de que dijeran que no tenían nada que ver con organismos de inteligencia ni con la asociación ilícita dedicada a la extorsión y la coacción.
Nada de eso ocurrió. Se negaron a declarar y se supone que seguirán detenidos. Bogoliuk y Degastaldi fueron incriminados directamente por D’Alessio con el burdo argumento de que ambos ex comisarios le pidieron al falso abogado que investigue al empresario Etchebest, le pida 300.000 dólares y que por esa vía determine de dónde salía el dinero. El pedido de plata se hizo después de una reunión de cuatro horas entre D’Alessio y el fiscal Stornelli, en Pinamar, un encuentro clave para demostrar que el falso abogado operaba en nombre del fiscal. Todo el argumento con el que le pidieron los 300.000 dólares consistió en decirle a Etchebest que estaba en una situación complicada en la causa de las fotocopias de los cuadernos y que el dinero solucionaría el tema.
D’Alessio declaró ante un juez de habeas corpus que Bogoliuk es un alto cargo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y lo que se verificaría en la investigación de Ramos Padilla es que hay numerosos cruces de mensajes y llamados telefónicos entre Bogoliuk y D’Alessio. Ayer llegaron al juzgado 26 discos con la copia de los audios, chats, fotos, videos y textos sacados de los celulares y las computadoras de D’Alessio. El juez trabajará en los próximos días sobre ese material.
La AFI se desvinculó de D’Alessio diciendo que el falso abogado no tiene relación con la agencia de inteligencia y extraoficialmente parece que informó que tampoco tiene vínculo con Bogoliuk y Degastaldi. Lo cierto es que los ex comisarios ni siquiera se prestaron a declarar que no son de la ex SIDE o que no operaron a favor de Stornelli. Nada de nada.
Puerto Madero
Degastaldi, además, debía responder este miércoles por su presencia en una reunión en la que coaccionaron al ex directivo de Pdvsa, Brusa Dovat. Lo citaron en Puerto Madero, y junto con D’Alessio le dijeron que había una causa en su contra en penal económico y que debía prestarse a declarar como arrepentido ante Stornelli. En el medio, por supuesto, hubo nota periodística, y Brusa Dovat fue llevado a declarar con bombos y platillos a Comodoro Py, con gran cantidad de medios esperándolo en las escalinatas del edificio de Retiro. Todo se redondeó con la presencia de D’Alessio durante la declaración en la fiscalía de Stornelli, algo más que irregular porque no puede estar ningún abogado, pero aún más irregular porque D’Alessio ni siquiera es abogado ni tiene matrícula.
Evidentemente, Degastaldi no puede justificar su participación en la extorsión a Brusa Dovat porque ayer mantuvo el silencio y no respondió tampoco a esa acusación.
Country
D’Alessio fue llevado ayer ante el juez Luis Rodríguez, en Comodoro Py, porque súbitamente el magistrado revivió una causa de diciembre de 2016. El denunciante se llama Gabriel Traficante y contó que por esa época el falso abogado lo citó en su casa y le dijo que tenía una causa grave, también en el fuero penal económico. Le adelantó que había escuchas muy comprometedoras, pero que él podría solucionar las cosas, algo que le costaría 90.000 dólares. Como siempre, en el medio hubo un artículo en un diario y un informe televisivo, con lo que D’Alessio le demostraba su poder y la posibilidad de una detención inminente.
Lo concreto es que Traficante hizo la denuncia cerca de fin de 2016 y se ve que al asediado juez Rodríguez el caso le despertó un súbito interés con dos años y un par de meses de atraso. Los mal pensados, que en Comodoro Py suelen acertar en sus pronósticos, especulan que Rodríguez querrá atraer a su juzgado todas la causas vinculadas al escándalo que rodea a Stornelli y que podría involucrar a otros en el edificio de Retiro. Dirá que tiene el expediente más antiguo y sería una forma de tener apuntados a buena parte de los que habitan Comodoro Py. Todo exhibe las artimañas de la coalición mediática-política-judicial, alineada con Cambiemos.
Por ahora rige la ley del silencio. El caso es de gravedad institucional porque se trata de operaciones de inteligencia, con agentes orgánicos e inorgánicos, nacionales y extranjeros, dedicados a manipular causas y extorsionar ciudadanos. El juez Ramos Padilla lo evalúa como un ataque a la democracia, por lo cual entregará un informe al Congreso Nacional antes del fin de semana.
