La energética italiana Enel anunció la venta sus activos en Argentina, que incluyen a la distribuidora eléctrica Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, y la planta hidroeléctrica El Chocón ubicada en la Patagonia. Con la venta de las tenencias también en Perú y Rumania obtendrá hasta 21.000 millones de euros con los que busca reducir una deuda de casi 70.000 millones. La operación se concretaría antes de que termine el año que viene.
Edesur es una compañía que nació al calor de las privatizaciones en los años noventa, cuando entre grupos locales y extranjeros se repartieron la estatal Segba en 1992. Junto con Edenor y Edelap se distribueron el mercado del AMBA. Edesur opera en 12 localidades bonaerenses del conurbano (Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, etc.) y en la zona sur de la capital, su clientela es distinta que la de Edenor y el servicio peor. Fue favorecida con una concesión a 99 años, con posibilidad de prórroga por otros diez, y un mercado cautivo de casi 2,5 millones de usuarios.
Edesur, que primero fue chilena, luego española y ahora italiana, mantuvo siempre una relación tensa con los diferentes gobiernos. Es que la empresa realizó las inversiones mínimas para mantener el servicio, las temperaturas son cada vez mayores y los cortes de luz más frecuentes en zona sur. El verano pasado la tensión escaló al punto que un grupo de intendentes del conurbano llegó a pedir que se retire la concesión a Edesur. Casi un millón de usuarios fueron afectados por los cortes entre el 27 de diciembre y el 4 de enero pasados. La empresa pagó algunas multas y debió bonificar a una parte de los usuarios.
El sistema energético local es complejo y el mayor costo recae sobre el consumidor. Expertos del sector dicen que se requiere de un reordenamiento para favorecer inversiones. “Cuando se trata de empresas privadas, mayor rentabilidad no garantiza inversiones pero precios bajos sí garantizan no invertir”, sostiene Mariano Barrera, investigador especializado de Flacso y Conicet.
El sistema se organiza de la siguiente manera: empresas generadoras de energía, usualmente sobre la base de gas o bien fuentes hidroeléctricas, que muchas veces deben importar el gas y a quienes durante el macrismo se les dolarizaron las tarifas. Pero esta es una proporción menor del costo que pagan los usuarios porque la estatal Cammesa subsidia el costo de la energía. En segundo lugar está el costo de las transportadoras que cargan esa energía en cables de media y alta tensión: Transener y Trasba son las más conocidas. Por último, las distribuidoras llevan la luz desde la red troncal hasta las viviendas.
El costo de ese servicio se llama valor agregado de distribución (VAD) y también lo paga el usuario, representa entre el 30 y 35 por ciento de la factura. No sólo se dolarizó a las generadoras sino que el VAD tuvo un crecimiento exponencial durante el macrismo, y las tarifas se multiplicaron por cinco o por seis. Después las tarifas se congelaron, en el segundo semestre de 2019 cuando el oficialismo perdió las PASO y con la llegada de la pandemia en 2020. Las distribuidoras no invierten y tampoco pagan por la energía que reciben, porque acumulan más de ocho años de deuda con Cammesa.
Con la aprobación del Presupuesto 2023 se estableció un régimen para que las distintas distribuidoras que existen a nivel nacional regularicen su deuda con Cammesa. El plan de pagos es a un plazo de ocho años y una tasa de interés equivalente hasta el 50 por ciento de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista. A septiembre, el ranking de empresas que más adeudan a Cammesa lo encabezan Edenor, con un saldo acumulado a cobrar de 17.500 millones de pesos, y Edesur, con 15.700 millones.
En tanto, el último balance presentado por Edesur arroja una ganancia neta de unos 5000 millones de pesos, con pérdidas operativas por 20.100 millones aproximadamente y ganancias por “cambios en el poder adquisitivo de las monedas” de 67.600 millones de pesos. Enel es una empresa integrada verticalmente en el sector dentro de los límites que establece la legislación, que impide que una misma compañía del grupo detente más del 20 por ciento del capital accionario de otra dentro de la cadena de valor.
Algunos sectores de la sociedad también ven en la salida de Enel una oportunidad para mejorar el servicio. Pero “hay que invertir mucha plata y tiene que ser empresarios que quiera al país y no que sólo le importe llevarse la plata afuera”, indica Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee). Ceder la concesión a otro grupo local o extranjero sin garantías de mejorar el servicio a los usuarios apenas sería, como dice el refrán, cambiarle el collar al perro, según Minucci. Propone un camino posible para Edesur: ser adquirida por una empresa de capital mixto como YPF Luz. Para Mariano Barrera, de Flacso, esto igualmente requeriría de un reordenamiento del sector energético nacional, y a su vez advierte que “en dólares, luego del macrismo, las empresas nacionales están muy baratas”, lo cual puede facilitar la negociación.
Edesur no realizó las inversiones necesarias para que el cableado no se recaliente en épocas de calor. Este diario se comunicó con Mariano Lovelli, director del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), quien agregó que “en algunos lugares del territorio, Edesur todavía utiliza los cables subterráneos de la antigua Segba”.
