La sede de Baradero de la Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado tiene un largo historial de muertes por negligencia. La primera protesta vecinal fue en 2006.

«Los tutores del miedo», fue el título de una nota publicada por Página/12 el 13 de septiembre de 2006, sobre la muerte por negligencia grave de un joven autista  en un centro de atención de Baradero. Casi trece años después, por segunda vez en pocos días, los habitantes de esa localidad bonaerense se movilizaron para pedir justicia por la muerte casi simultánea de dos pacientes que estaban internadas en el mismo centro asistencial, que depende de la Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado (APAND), que ya acumula decenas de denuncias por hechos similares, pero de todos modos sigue a cargo de más de diez sedes, en las que están alojadas más de 200 personas de todas las edades. La dueña del lugar, desde siempre, es Teresita Zuloaga. La mujer tiene una estrecha relación de amistad y profesional con la actual intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, de Cambiemos, quien hasta que asumió el cargo, en diciembre de 2015, fue abogada personal de Zuloaga y representante legal de la ANPAD.

La nueva marcha de protesta de los familiares y vecinos de Baradero comenzó con una concentración en la Plaza Mitre, para luego dirigirse hasta las puertas de la institución a la que se hace responsable de las muertes de Leonela, una joven de 30 años, que falleció semanas atrás en el Hospital Municipal de Baradero, al que ingresó trasladada desde el APAND, con un cuadro respiratorio agudo y signos de falta de atención. La situación se repitió con el traslado, desde el mismo hogar al mismo hospital, de Elizabeth Zurita, de 33 años, otra paciente que además de un cuadro de neumonía, presentaba golpes en el rostro y en distintos lugares del cuerpo. La mujer falleció el martes pasado.

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En el caso de Elizabeth, los médicos señalaron que los golpes «eran compatibles con los de una golpiza», aunque aclararon que no fue el motivo central del fallecimiento, que se produjo por el alto grado de deterioro general de la paciente. Los familiares y amigos de Elizabeth, que encabezaron la nueva manifestación, denunciaron que Zuloaga, cuando habló con ellos y fue interrogada sobre los golpes, les respondió que la joven «se había caído de una silla». La consigna central de la movilización realizada ayer fue «Basta de impunidad, juicio y castigo a los responsables» de estas muertes y de la seguidilla de hechos graves por maltrato y muertes  denunciados a lo largo de más de diez años.

En la investigación de la muerte de Elizabeth interviene el fiscal Vicente Gómez, que luego del deceso de la paciente, realizó un allanamiento al hogar del APAND, donde se secuestró documentación relacionada con los hecho. El fiscal aclaró que él sólo está investigando el caso de Elizabeth, pero admitió en declaraciones a medios locales, que han surgido «datos para ampliar la investigación», pero eludió precisar si también se está analizando lo sucedido con la primera paciente, Leonela.

Ayer, en C5N, en un informe donde se citó la nota publicada en 2006 en la tapa de este diario, se enumeró una parte de la larga lista de denuncias, que comenzaron en aquel año, con la noticia sobre la muerte, por quemaduras, de un joven autista de 19 años que, por descuido, fue dejado solo en una bañera. Al abrir el paciente la canilla del agua caliente, sufrió lesiones que determinaron su urgente internación en el Instituto del Quemado, en la Ciudad de Buenos Aires, donde murió.

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En años posteriores, se denunciaron los siguientes casos: cuatro chicos fueron encontrados en penoso estado de salud en una iglesia de Baradero, luego de haber escapado de la APAND por el maltrato que recibían; en un paseo por la costa al que habían llevado a los pacientes, uno de ellos desapareció y a los tres días apreció ahogado en el río;  en una sede de la entidad que está situada cerca de las vías del tren, escaparon dos chicos que fueron arrollados por un tren.

El periodista Pablo González, del portal Baradero Hoy, informó en la entrevista con C5N que «fueron muchas las denuncias contra APAND desde la nota que se publicó en Página/12, realizada por Mariana Carbajal». González, que viene siguiendo el caso, sostuvo que el problema se debe a «la ausencia de personal idóneo para atender a los pacientes». Otro de los problemas es que, en algunas de las sedes de la entidad privada, hay niños de 8 a 15 años, junto con adultos de 30 o 40 años, algo inadmisible en lugares donde están alojadas personas con discapacidad o con problemas psiquiátricos.

La dueña histórica es Teresita Zuloaga y su hijo, Gustavo Hermo, uno de los directores médicos. Los hogares funcionan desde hace más de 30 años y uno de los datos más contradictorios, dada la acumulación de denuncias, es que surgió en la zona como «un lugar destinado a ayudar a la niñez desamparada, aunque hay internados hombres y mujeres de todas las edades», según confirmó González. En estos momentos, son más de 200 las personas internadas en diferentes hogares.

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El caso que reflotó el tema y que conmocionó a la ciudad fue el de Elizabeth, porque ingresó al Hospital Municipal «desfigurada, masacrada a golpes», de acuerdo con lo que se denunció ayer, una vez más, en la marcha que organizaron familiares y vecinos.  Las causas contra APAND no han avanzado. González sostuvo que esto se debe «a que la hoy intendenta de Baradero fue abogada personal de Teresita Zuloaga». Además, la dueña de APAND, cuando Antonijevic era concejal, entre 2013 y 2015, fue su asesora en temas relacionados con la discapacidad. Gonzalez sostuvo que un fiscal que investigó uno de los casos más graves, según denunció la madre de un paciente fallecido, le dijo que él «nunca iba a actuar en contra de la intendenta», porque cenaba con ella todos los lunes.

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