Entre otras cuestiones, la legisladora entrerriana enumeró la auditoría posterior en la que surgen las irregularidades “ratificadas” por los testigos y las recomendaciones “para mejorar el sistema informático, el contable, los manuales de procedimientos y que la obra social contara con un presupuesto”.
Gaillard también recordó que durante esos 13 años “se detectaron un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sea adulterada la información cargada en el sistema; estados contables sin certificar por el Consejo de Ciencias Económicas y la vacancia en la conformación de la estructura en cuanto a las subsecretarías de administración y de atención médica, dos áreas que después de la dirección general eran las centrales para garantizar un buen funcionamiento”.
En resumen, enfatizó la diputada, una “omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía doctor Maqueda como supervisor de la obra social”. Al magistrado ya le corre un plazo de 10 días hábiles para responder -o no- por escrito y, por las dudas, el Frente de Todos agendó una reunión para el 6-7, que es la que confirmó en las últimas horas como siguiente paso del juicio político. En los próximos días se analizará la convocatoria -o no-, para la misma jornada, de los invitados pendientes previstos para los ahora cancelados encuentros de hoy y pasado mañana.
