El juez Sebastián Ramos no quiere que la AFIP sea querellante en la causa del viaje a Lago Escondido, pero el organismo volvió a insistir porque detectó que las facturas utilizadas habrían sido truchadas para aparentar que los integrantes del contingente que tienen cargos judiciales o políticos –y que por la Ley de Ética no pueden aceptar regalos– se pagaron ellos mismos el viaje, la estadía y los divertimentos. Esto, señaló en la apelación ante la Cámara Federal, revela «indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco». «Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos», dice la presentación.
Al comienzo, cuando la causa tramitaba en Bariloche, la exjueza Silvina Domínguez (ahora jubilada) le pidió a la AFIP información sobre la facturación, además de datos bancarios de todos los implicados. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), que trasladó al grupo en un vuelo privado el 13 de octubre del año pasado, con regreso tres días después, confeccionó facturas que llevan la fecha del vuelo de salida pero que fueron emitidas el 17 de octubre al mediodía. Fue el mismo día que se conoció la información que generó un enorme revuelo ya que no parecía un simple viaje de amigos sino un encuentro de jueces influyentes con inclinación macrista, que manejan grandes causas, con referentes de la oposición y el poder mediático.
El hecho es que los comprobantes del avión estaban antedatados y, además, emitidos a nombre de los viajeros y no de la empresa que los habría invitado. Detallaban que el pago había sido al contado, por 120 mil pesos cada uno, lo que hacía todo más dudoso. Habían sido generados, en su mayoría, con un minuto de diferencia, según informaron allegados a la pesquisa: a las 12.48, 12.49, 12.50, 12.50, 12.52. 12.53, y luego 13.01 y 13.02. Parte de esto ya había sido advertido por la fiscala de Bariloche Cándida Etchepare, cuando imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público a los miembros del comité judicial-político-mediático. Las facturas de la firma Hidden Lake S.A (la estancia del magnate Joe Lewis), también personalizadas, tenían fecha del 28 de octubre –dos semanas después de la travesía– y figuraba el valor de 605 dólares por cada pasajero.
Por esta y otras cuestiones fueron imputados en diciembre del año pasado, entre otros, los jueces Julián Ercolini (juez de primera instancia en Comdoro Py), Pablo Yadarola (juez en lo Penal Económico), Pablo Cayssials (juez en lo Contencioso Administrativo), Marcelo D’Alessandro (exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.
El poder de Comodoro Py
Después de planteos empujados por Yadarola, uno de los jueces involucrados, la causa fue absorbida por los tribunales federales de Comodoro Py, donde incluso otros implicados tienen su despacho. El edificio de Retiro ha sido el lugar donde exfuncionarios de Juntos por el Cambio se sienten protegidos, y parece que los judiciales también. La causa se la quedó el juez Ramos pese a que el propio fiscal Federico Delgado le pidió que se apartara por decoro, ya que, por la famosa filtración de mensajes de Telegram del celular de D’Alessandro, se supo de su relación de confianza y cercanía con el exministro porteño.
Hubo varias tandas de filtraciones del teléfono del exfuncionario. La primera es de los días posteriores al viaje a Lago Escondido. El grupo se autodenominaba «Los Huemules» e incluía a todos los imputados por la expedición. En las conversaciones se planificaba alterar facturas para disimular que habían sido invitados y convencer a los medios aliados de que había sido un viaje de viejos amigos. Con el tiempo aparecieron también diálogos de D’Alessandro con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre casos de alto impacto que tramitan en el tribunal, como la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (donde él era funcionario y participaba del caso) y las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Las denuncias por presuntos delitos surgidos en esos intercambios quedaron en manos del mismo juez Ramos, que archivó el caso en plena feria judicial en 24 horas y dijo que los chats no sólo no tenían valor de prueba sino que eran ilegales, fruto de espionaje (la teoría agitada por D’Alessandro). Es una definición que a todos los salpicados, el magistrado incluido, les viene bárbaro.
En el caso «Lago Escondido», Ramos no admite querellas. La AFIP había hecho una presentación categórica que decía: «Al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake S.A y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior. A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros, que resulten conexos».
Uno de los argumentos de Ramos es que «si los comprobantes tienen por finalidad la comisión de otros delitos» la acusación tiene que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal. La AFIP le respondió: «La emisión de comprobantes apócrifos no puede resultarle ajena al organismo, debiendo destacar que no solo podemos vislumbrar una posible evasión fiscal, sino también una adulteración dolosa de registros y/o una asociación ilícita fiscal. No se desconoce la función constitucional del MPF de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, pero ello en nada obsta a la constitución de otros órganos del Estado como parte querellante».
Ramos ya había rechazado un pedido del ministro de Justicia, Martín Soria, para ser querellante. Soria, además, planteaba ampliar nuevas líneas de investigación para reconstruir las resoluciones judiciales de participantes del grupo en las que pudiera tener interés Clarín. Por ejemplo, tras el viaje, Cayssials firmó dos resoluciones en beneficio del grupo y habría movido otros 24 expedientes. Antes, en Bariloche, había sido rechazado el abogado que presentó la primera denuncia, Marcelo Hertzriken Velasco.
«Caribe» y pruebas en el freezer
Como queda en evidencia, la investigación sobre el viaje de los Huemules a Lago Escondido no se apoyó en ningún momento en los chats. Al contrario, casi que podría convertirse en una acumulación de pruebas que corrobora su verosimilitud. Las irregularidades de las facturas surgen del cotejo y análisis de la AFIP. Pero cuando la exjueza Domínguez allanó la mansión de Lewis encontró más documentos relevantes y servicios llamativos. Además de toparse con una escenografía impactante: detrás de un cortinado aterciopelado había un enorme sector llamado «Caribe» con cascadas, una barra de pole-dance y un restaurante. Todos los ambientes son ostentosos, hay sala de póker, peluquería, golf, otras áreas deportivas y hay distintos sectores de alojamiento en la casa principal y afuera.
* Entre los papeles hallados se describía el evento al que asistían los magistrados, funcionarios, empresarios y demás participantes con el llamativo nombre «Referente de medios».
* Había comprobantes de cuatro sesiones de masajes facturados a Hidden Lake y constancias de un viaje en helicóptero al centro de esquí en el cerro Perito Moreno que estaba cerrado pero la empresa a cargo (Laderas del Paralelo 42 S.A) le dio autorización para aterrizar. Como el restaurante tampoco funcionaba llevaron una vianda de la estancia. El hombre que manejaba la aeronave confirmó el traslado que, en rigor, dijo, tuvo que hacer en dos tandas porque todos no entraban. Esto lo maneja otra empresa ligada a Lewis.
* Entre todos los documentos que envió el nuevo juez federal que subroga en Bariloche, Gustavo Villanueva, hay un sobre marrón de las oficinas de Flyzar en el Aeropuerto de San Fernando con dos papeles amarillos y una nota del 12 de octubre de 2022, el día previo a la salida del vuelo privado, que firma un directivo del grupo mediático, que no tomó el vuelo pero podría haber tenido alguna intervención en la gestión para el traslado del resto. El inventario de material entregado es largo, e incluye los pedidos de verificación de movimientos de las cuentas bancarias y el levantamiento del secreto fiscal de los invitados: ¿Retiraron 120 mil pesos en efectivo o más para pagarse el vuelo y la expedición? ¿Qué movimientos de dinero se hicieron? Lo mismo se pidió respecto de las empresas y hasta la masajista. Sólo resta saber cuál será el próximo escollo que se invente en Comodoro Py para seguir tapando este escándalo que retrata de manera perfecta cómo se mueve el poder.
