Las causas contra represores cuentan con escasa representación en la agenda judicial del año próximo, a pesar de que hay más de 500 en trámite. La falta de tribunales federales, las demoras en definir su integración y el problema de los jueces y juezas subrogantes.
Según el avance del informe anual que emite la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, a cargo de la fiscal Ángeles Ramos, son tan solo ocho los expedientes que serán debatidos oral y públicamente entre febrero y marzo de 2020. La cifra es un 30 por ciento más baja que lo sucedido este año, cuando comenzaron 12 juicios.
La cantidad de expedientes cuya instrucción, fiscal y juez a cargo dieron por terminada y, por lo tanto, elevaron a instancia de juicio oral y público, también se redujo: mientras que el año pasado eran 89 las causas en esta situación, la Procuraduría contó 70 en ese estado al 1 de diciembre de 2019, un 12 por ciento del total de expedientes que representan el proceso de judicialización de los crímenes del terrorismo de Estado.
Los juicios de 2020
En 2020 habrá nuevos juicios por secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, violaciones y abusos de todo tipo cometidos por fuerzas de seguridad y agentes de civil durante la época del terrorismo de Estado en Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Córdoba. En ellos serán juzgados 55 represores.
El primero que comenzará tras la feria judicial de verano revisará, en Bahía Blanca, los delitos cometidos por integrantes de la Triple A en la Universidad Nacional del Sur. La causa, cuyo juicio se supone empezará el 12 de febrero, tuvo su audiencia preliminar en septiembre pasado. A principios de este mes falleció uno de los imputados, Héctor Chisú, quien previo a la dictadura era custodio del interventor de la UNS entonces, Remus Tetu. Así, son cuatro los imputados que responderán por los delitos de asociación ilícita y el asesinato del estudiante David Hover Cilleruelo, ocurrido dentro de la universidad.
A fines de ese mes, el 21, en Mar del Plata, cuatro militares retirados y un abogado y ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) serán juzgados por secuestros, torturas y asesinatos cometidos entre 1976 y 1978 en La Cueva, el centro clandestino que funcionó en la Base Aérea marplatense. Se trata de la tercera parte de una causa que continúa en instrucción.
En Córdoba se juzgará a 19 represores –en su mayoría ya condenados por delitos de lesa humanidad– por decenas de operativos que tuvieron una cuarentena de víctimas, en su mayoría militantes del Partido Revolucionario del Pueblo. El juicio, que unifica dos expedientes –”Diedrichs” y “Herrera”– estaba programado para comenzar el 10 de este mes, pero fue pospuesto para fines de febrero. El viernes finalmente se anunció la fecha establecida: se anuncia su inicio para el 15 de abril próximo.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, están previstos dos nuevos debates para marzo. Luego de haber sido pospuesto en varias oportunidades –la última a principios de este año–, se prevé que el 17 de ese mes comience, finalmente, el juicio contra dos civiles por el secuestro de 28 empresarios industriales vinculados al Banco de Hurlingham e Industria Siderúrgica Grassi.
Los dos imputados son el ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne. El mismo día está programado el comienzo del juicio que repasará responsabilidades de genocidas que actuaron en la Esma en delitos sexuales.
En La Plata, por último, a partir de abril, 18 imputados –en su mayoría ex policías de la Bonaerense– responderán por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en la dependencia policial ubicada en 1 y 60, mientras que en septiembre será el turno de revisar los hechos y responsables –en este caso, solo cinco– de los crímenes de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
