Ante la ausencia del estado la situación sanitaria es cada vez más drámática
Las autoridades peruanas no presentan un conteo de contagiados y fallecidos entre los pueblos originarios. Sin datos oficiales, las víctimas indígenas se pierden en las cifras nacionales, según las cuales oficialmente hay 379.884 contagiados y 18.030 fallecidos.
En el caso de los pueblos nativos amazónicos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) indica que hay detectados más de 10 mil contagiados con la covid 19 y hay más de 400 fallecidos. Entre quienes han muerto hay reconocidos líderes indígenas.
“La cifra de 10 mil contagiados entre los pueblos amazónicos es la que las organizaciones manejamos con la información que tenemos, pero la cifra real debe ser bastante mayor. No se hacen pruebas en todas las comunidades y en las que se hacen se realizan pocas. En una comunidad se hicieron 24 pruebas y 19 estaban infectados. En otra comunidad, de 30 pruebas 15 fueron positivas. Las comunidades se están infectando en forma acelerada y no tenemos apoyo de las autoridades. No tenemos asistencia médica ni medicinas, nos estamos curando con plantas, eso nos está ayudando muchísimo, sino tendríamos muchos más muertos”, le señaló a este diario Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).
«El estado es punible»
El antropólogo Alberto Chirif, con 50 años dedicados a los temas amazónicos y más de 35 años viviendo en la Amazonia, precisa que la relación entre el Estado y los pueblos originarios se ha caracterizado por ser “muy mala”, “tensa”, con una mirada “vertical” desde el Estado, y con “varios intentos por destruir el marco de legalidad de los pueblos indígenas amazónicos”.
“En esta pandemia el Estado ha demorado en tomar acciones para los pueblos indígenas, y cuando ha dado normas han sido insuficientes, insignificantes, no atacan el problema. Ahora están tratando de llegar a algunas zonas, pero son los esfuerzos del bombero que llega tarde y trata de apagar el fuego. El Estado no ha tenido el más mínimo conocimiento de la realidad de la Amazonia. Eso es punible. Desde un inicio el gobierno debió actuar y coordinar con las poblaciones indígenas, con sus organizaciones, que han hecho propuestas importantes para ver cómo enfrentar el problema de la pandemia, y definir políticas conjuntamente con ellas, pero no ha hecho eso, y no lo hace porque hay un desprecio hacia los indígenas. Desde las comunidades recibo noticias muy alarmantes, parece que la situación de contagios se ha desbordado”, dice Chirif.
Sobre lo que ocurre en las comunidades andinas, Melania Canales, comunera quechua y directora de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), le aseguró a este diario que “en el mundo andino también hay muchos contagios, pero no se hacen las pruebas, y sin datos diferenciados para pueblos indígenas no tenemos información sobre el nivel de contagios”. “Recibimos llamadas de hermanos y hermanas que nos dicen ‘mi mamá se está muriendo’, ‘a mi hermano ya le falta aire’. No reciben atención. El Estados no ha respondido, estamos abandonados. No tenemos derecho a la vida”.
Onamiap ha presentado una demanda judicial exigiendo que el gobierno implemente medidas de atención ante esta emergencia sanitaria, que desarrolle políticas de salud y de educación “con un enfoque étnico cultural” y que se ponga en marcha “una institucionalidad indígena”, lo que implica, señalan, que se adopten políticas públicas para los pueblos indígenas con su participación en la elaboración e implementación de las mismas.
“Esperamos un fallo que vaya más allá de esta coyuntura de la pandemia y se pronuncie sobre el abandono estructural que sufren los pueblos indígenas. Esta demanda también tiene un enfoque de género”, indica la abogada Juliana Bravo, directora del Programa para la Amazonia de EarthRights, que asesora a Onamiap en esta demanda.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, ha presentado una acción de amparo para detener concesiones forestales en territorios indígenas, promovidas desde el gobierno como parte del plan de reactivación económica post cuarentena. Se señala que estas concesiones implican “una invasión de dichos territorios” y “una amenaza de contagio por la covid 19 por ser pueblos altamente vulnerables”.
Las actividades extractivas -minería, hidrocarburos, madera- asentadas en territorios indígenas están cargadas de una larga conflictividad, con decenas de muertos, entre el Estado y las empresas de un lado, y las poblaciones indígenas del otro, por sus efectos socioambientales adversos en las comunidades de las zonas donde operan. Conflictividad que crece con la pandemia y los riesgos de contagio. El nuevo primer ministro, el derechista Pedro Cateriano, ha dicho que impulsará estos proyectos.
“Las medidas de reactivación económica se están dando para satisfacer a los empresarios, que están recibiendo facilidades y tajadas enormes, pero no porque el problema de la pandemia haya mejorado. Estas medidas ponen a los pueblos indígenas en una situación más vulnerable, porque aumentan los riesgos de contagio. Es inevitable el contacto de pobladores indígenas con trabajadores de estos proyectos extractivos que están en sus territorios, proyectos que desde hace décadas afectan a estas comunidades”, advierte Alberto Chirif.
“Nuestros territorios colectivos están amenazados con esta reactivación, quieren avanzar sobre ellos”, denuncia la lideresa indígena Melania Canales.
La pandemia ha desnudado serios problemas e inequidades que el país oficial quiere esconder: las debilidades y exclusiones del modelo económico neoliberal saltaron primero; ahora la marginación, olvido y maltrato que sufren los pueblos indígenas.
