El conflicto en torno a las 160 viviendas Procrear que Patricia Bullrich redireccionó para entregar a las fuerzas de Seguridad promete seguir una curva ascendente. El lunes, los damnificados se reunieron frente al predio para planificar su estrategia. El martes la ministra se Seguridad tuiteó, bajo el título «Casas para quienes nos cuidan», un video en el que se la ve entregando llaves en el predio.
Los damnificados comenzaron a reunirse delante del edificio donde deberían estar viviendo desde hace más de un año con el doble objetivo de visibilizar su reclamo y trabajar en su estrategia de defensa y recuperación de lo que tenían preadjudicado por el Estado nacional.
La reunión tuvo lugar por la tarde noche del lunes, al final de la jornada laboral. A pesar de haber sido el día más frío en lo que va del año, participaron cerca de ochenta representantes de familias que se encuentran en la misma situación, atravesadas por la indignación y la incertidumbre.
Cuentan para ello con la asistencia jurídica del Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, que los acompañará en el reclamo. Por ahora, el objetivo inicial es el de censarlos a todos y obtener la mayor documentación posible de cada uno de los casos. Concluida esa instancia, evaluarán conjuntamente los pasos a seguir. En declaraciones anteriores a Buenos Aires/12, el propio García sostuvo que «acá hubo una estafa y, me animo a decirlo, hasta una asociación ilícita».
En primera persona
«Nos inscribimos en 2023. Hubo un largo proceso de selección, tuvimos que pasar varios filtros. Hasta que, recuerdo que fue en noviembre, nos informaron que cumplíamos los requisitos para participar del sorteo Procrear, que se realizaba ante escribano público. Unos días después nos comunicaron que habíamos salido sorteados y fue motivo de festejo familiar».
La que relata su experiencia es Paola, que trabaja como empleada administrativa de la Policía Federal y es madre de una niña de siete años con diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista (TEA). Paola y su familia alquilaron vivienda durante muchos años, por eso cuenta que la posibilidad de acceder a la casa propia, para ellos, «significaba mucho».
Cuando supieron que pronto se mudarían al Sagol, se fueron transitoriamente a la casa de sus suegros, en Sarandí. Nunca pensó que, un año y medio después, seguirían allí. La desilusión es proporcional a la alegría de aquel momento.
El caso de Julieta es similar. Ella es licenciada en Enfermería y trabaja en uno de los hospitales públicos de Avellaneda, el Presidente Perón. Es madre de cuatro hijos y alquiló mientras pudo. Hasta que, cuando falleció su madre, con el consentimiento de sus hermanos, se mudó a la vivienda que quedó libre, pensando que era provisorio, porque acababa de salir sorteada para el Procrear.
«Durante meses, el discurso fue que no podían avanzar con mi trámite hasta que no se completaran todas las carpetas de todos los beneficiarios. Después dijeron que esperaban directivas de las autoridades. Y finalmente dejaron de responder», cuenta Julieta, que guarda prolijamente una copia de cada intercambio.
El rol del banco
«Después del sorteo, nos indicaron cómo acceder a la web del Banco Hipotecario, que era el que administraba los préstamos. Un par de veces logré acceder, pero cuando quería entrar al detalle de mi préstamo, la página aparecía como caída. Al principio supuse que seríamos muchos intentando lo mismo a la vez. Esto habrá sido en enero del año pasado. Hasta que un día lo intenté y directamente me salía la leyenda usuario inválido. Hubo familias a las que llegaron a abrirles una caja de ahorro y les entregaron sus tarjetas de débito», recuerda Paola.
El dato no es menor, porque viene a confirmar que la entrega de viviendas seguía su curso normal, hasta que alguien dio una orden en contrario. Las familias que menciona Paola conservan tanto las tarjetas como los correos electrónicos que les informaban el grado de avance del proceso, elementos que ahora cobran valor probatorio, de cara al futuro proceso judicial.
La pregunta clave ahora es quién le dio qué orden al banco para detener el proceso de entrega primero y luego desconocer lo actuado hasta ese momento y si esa orden configura un acto ilícito. Pasados diez días del comienzo del conflicto, el banco permanece en silencio.
El accionista mayoritario del Hipotecario es el grupo IRSA, cuyo titular es Eduardo Elsztein. Se trata del empresario que alojó a Javier Milei en su Hotel Sheraton Libertador de la avenida Córdoba entre las elecciones y la asunción presidencial, período del que no existe registro de audiencias.
Cambio de planes
Para febrero o marzo, los adjudicados empezaron a comprender que la demora era excesiva y que algo más estaba ocurriendo con su casa y comenzaron a reunirse en grupos de Whatsapp y páginas de Facebook.
Tras un año de incertidumbre y angustia, hace alrededor de diez días se enteraron que Bullrich haría un acto de entrega de sus viviendas a las fuerzas federales, par que dispongan de ellas según su criterio. Corrieron a reclamar, pero un fuerte cordón de seguridad les impidió acercarse.
Sin embargo, uno de ellos logró acceder por una puerta lateral y mimetizarse entre el público, mayormente compuesto por gendarmes y policías. En el marco de una conversación casual, preguntó cómo era la modalidad de pago. «A nosotros nos las regalan», fue la sorprendente respuesta que recibió.
Esa expectativa choca con las palabras de Bullrich en el video mencionado: «Felicitaciones a los primeros inquilinos». La conclusión preliminar es que nadie sabe con certeza cuál es el criterio de adjudicación de las viviendas. Por ahora, lo que prevalece es la arbitrariedad.
El fin del Procrear
Semanas atrás se publicó la resolución 764/25 del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo según la cual la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de su cartera debe instruir al “Banco Hipotecario S.A. a los fines de que proceda a transferir a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN” las sumas líquidas resultantes de la gestión de cobranzas a cargo de dicho banco”.
Es decir, el ministerio absorbe los recursos que provienen del pago de las cuotas, pero se desconoce su destino: a esta altura, un clásico de la administración libertaria que, por ejemplo, recauda el impuesto a los combustibles pero no mantiene las rutas a las que están asignados esos fondos.
