A 50 días de la cadena nacional en donde anunció la ley de «Defensa de la Soberanía Nacional», para disuadir a compañías para que se inhiban a realizar actividades hidrocarburíferas en aguas argentinas, el proyecto ingresó en un limbo de indefinición. La reciente -y paradigmática- intervención de Estados Unidos en el debate, la inclusión de 93 (de 133) artículos referidos a seguridad interior y las negociaciones cruzadas abren interrogantes sobre el futuro que tiene en Diputados esta herramienta legislativa, presentada como un aporte para el reclamo por las islas Malvinas.
Las últimas definiciones sobre el proyecto las dio el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que hubo una reunión entre la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, con diputados de distintos bloques, donde recibió aportes del PRO, el MID y el PJ. La principal novedad sería el acompañamiento de un sector del peronismo y, dado que el oficialismo hasta ahora desechó la solicitud de Unión por la Patria de fragmentar la ley para que sólo permanezcan los artículos vinculados a las islas (40), la referencia alcanzaría a justicialismos provinciales que aún no intervinieron en comisiones.
“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible”, fue otra de las manifestaciones de Ravier. La fecha del nuevo plenario es el 27 de octubre a las 16 horas, tras una reunión suspendida y otra improcedente, con la presencia de un sólo invitado. El motivo de la parálisis del tratamiento durante dos semanas apunta a los resquemores que provocó la redacción en el gobierno estadounidense, por potenciales sanciones a sus compañías, lo que generó una visita del subsecretario de Estado Christopher Landa, que se reunió dos veces con el canciller Quirno y una con el presidente Milei. ¿Se verá la mano de Landau en la redacción de la ley por la “Defensa de la Soberanía Nacional»?
Por lo pronto, los cambios adelantados serían la delimitación de las referencias a la “manipulación de la opinión pública” que penaliza la ley y la búsqueda de mayor incidencia parlamentaria. En este último caso, se habló de una Comisión Bicameral, la opinión del Congreso posterior a una acción bélica o la participación de los presidentes de ambas Cámaras en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que no modificaría su conformación oficialista. En simultáneo, diputados de Unión por la Patria presentaron dos iniciativas para responder a la decisión de Chile de transportar insumos en noviembre desde Punta Arenas hasta Malvinas: instaron a remover los tratados de reciprocidad y a convocar al embajador chileno en el país. Ninguna de las propuestas fue considerada aún para su debate.
