España se dispone a entrar en un periodo de inestabilidad política y bloqueo institucional, cuya duración nadie se atreve pronosticar. Todas las encuestas daban como ganador al conservador Alberto Núñez Feijóo con la única duda de si podría gobernar solo, o tendría que acudir a los apoyos de la extrema derecha. Ahora, todos los análisis de la composición del nuevo Congreso que elegirá al presidente llevan a un callejón sin salida que, de momento, nadie se atreve a reconocer.
Ni el Partido Popular, que reclama al PSOE que se aparte para permitir a Núñez Feijóo formar gobierno, como Pedro Sánchez, que asegura que intentará conformar una alianza aún más amplia y compleja que la que le permitió dirigir los destinos del país durante los últimos cinco años, se atreven a reconocer todavía que la hipótesis más probable es la de una repetición electoral. Después de participar en dos elecciones consecutivas en el plazo de dos meses –la segunda en pleno verano–, lo último que parecen querer escuchar los españoles sería que la falta de acuerdo político los volverá a llevar a las urnas antes de fin de año.
El desgaste de volver a votar
Quien aparezca ante la opinión pública como el principal responsable de una repetición perderá gran parte de la batalla por la popularidad y por eso, desde los dos grandes partidos, lo que llegan son mensajes que ignoran la situación y anuncian intenciones de formar gobierno.
Es muy difícil que alguno de los dos partidos lo consiga y en el caso de que alguno tenga éxito, quedaría al frente de un gobierno extremadamente débil, obligado a negociar hasta la extenuación para sacar adelante una agenda legislativa o los presupuestos. Además estarán en un contexto en el que superado el periodo post pandemia, la Unión Europea comenzará a exigir rigor presupuestario y control del déficit y la deuda.
Con este panorama, y pese a ser el candidato más votado, Núñez Feijóo es quien la tiene más difícil. Su principal potencial aliado, la extrema derecha, repele al resto de los posibles socios –formaciones de centroderecha regionalista-– quienes ya han adelantado que no participarán de una suma que contenga a Vox. Una de las principales características de la extrema derecha española es su voluntad recentralizadora, una posición incompatible con los partidos que representan a territorios que demandan más autonomía política.
El PP insatisfecho consigo mismo
El candidato del Partido Popular reunió este lunes a la junta directiva nacional de su formación, ante la que reconoció que los resultados alcanzados no cubrieron las expectativas, aunque reivindicó su condición de candidato ganador de las elecciones y la voluntad de ejercer como tal la responsabilidad de liderar las conversaciones para intentar formar gobierno. Así, informó que ha abierto contactos con Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los dos últimos ya han adelantado que no irán con la extrema derecha a ninguna parte.
En opinión de Núñez Feijóo, España «necesita no depender de minorías radicales, ni de independentistas; los españoles no pueden quedar atrapados, ni en bloques, ni en bloqueos, ni permitir que nuestro país se balcanice”. El mensaje era un tiro por elevación dirigido a Pedro Sánchez, cuyos potenciales aliados son fuerzas también territoriales pero situadas a la izquierda y algunas de ellas con proyectos políticos secesionistas.
Pedro Sánchez, todavía presidente del Gobierno y secretario general socialista, también reunió este lunes a la dirección federal de su partido, ante la que aseguró que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones. En el PSOE ponen en duda que el líder del PP pueda presentarse a la investidura porque hay votos en contra que ya están definidos y le invalidan.
Sánchez dice que puede
En una reunión a puertas cerradas, Sánchez se mostró convencido de que se encontrará una fórmula de gobernabilidad y aseguró que no se producirá una repetición electoral. Para evitarla, necesitará además del apoyo de sus aliados parlamentarios de la legislatura que ahora termina y al menos una abstención de Junts Per Catalunya cuyo líder, Carles Puigdemont, está prófugo de la justicia española.
Para complicar aún más la situación, el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió este lunes que si hay repetición de elecciones, su formación no hará los renunciamientos que llevaron a esa formación a jugar un papel secundario en la alianza Sumar. La posición de Podemos amenaza con erosionar el débil equilibrio interno de la coalición de izquierdas liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El escenario no puede ser más complejo. El PSOE logró 122 diputados, que sumados a los 31 de Sumar, 7 de Esquerra Republicana de Cataluña, 6 de Bildu, 5 del PNV y uno del Bloque Nacionalista Gallego suman 172 diputados, a cuatro de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Del otro lado, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 171 escaños. Quien tiene la capacidad de inclinar la balanza, al menos con una abstención, es Puigdemont desde su refugio belga.
El reloj aun no ha comenzado a correr
El próximo 17 de agosto es la fecha fijada en el calendario para que los diputados tomen posesión de sus escaños y se constituya el Congreso. En esa sesión se deberá elegir al presidente de la Cámara. Si en primera votación ningún candidato obtiene mayoría absoluta, habrá una segunda entre los dos aspirantes más votados. Ahí se podrán comenzar a detectar cuáles son las posibles alianzas y los acuerdos que se hayan alcanzado.
Posteriormente, quien presida el Congreso notificará al rey de la constitución de los grupos parlamentarios y el monarca convocará a estos para que le informen de los apoyos que cuentan para conseguir la investidura presidencial. Con esa información, Felipe VI designará al candidato que podrá pedir la confianza de la Cámara.
Este candidato negociará con la Presidencia del Congreso los plazos para la celebración de la sesión de investidura, en la que deberá obtener mayoría absoluta en una primera votación, o mayoría simple en la segunda 48 horas más tarde.
Si no se consigue nombrar a un presidente, habrá dos meses para buscar alternativas. Transcurrido este plazo, se disolvería el Congreso y se convocarían nuevas elecciones generales en 47 días.
Esta situación ya se produjo en dos ocasiones anteriores. En 2015, cuando el popular Mariano Rajoy no consiguió el respaldo y hubo que repetir elecciones, y en 2019, cuando el candidato rechazado fue Pedro Sánchez, que sólo pudo ser investido tras unos segundos comicios.
